junio 24, 2012 7:06 am

El gobierno desoye a los empresarios y los arrincona con leyes cohercitivas

El desencuentro entre el Gobierno nacional y los empresarios está en su punto máximo. Ajeno a lo que pueda ocurrir el próximo 7 de octubre en la elección presidencial, Hugo Chávez promulgó vía Habilitante un paquete de leyes que tiene más sintonía con el programa de gobierno 2013-2019, consignado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que con la Constitución nacional.

“Se está afianzando un modelo, que además cada día se esconde menos”, resume Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, a propósito de las 14 leyes publicadas en Gaceta Oficial el pasado lunes.

“Es obvio que se está afianzando un modelo que no solo está contenido en el Primer Plan Socialista, que se vence en 2013, sino que además está claramente definido en el planteamiento que ha hecho el Presidente de la República en su visión para los próximos seis años de Gobierno”, agrega Botti.

El Plan para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 es muy claro al respecto. “No nos llamemos a engaño: la formación socieconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros”.

Otro mensaje que atraviesa el texto es la necesidad de hacer “irreversible” el tránsito hacia el socialismo y “suprimir la lógica del capital”. Precisamente, las leyes aprobadas vía Habilitante despejan el camino para afianzar el modelo socialista.

Camino despejado 

La Ley Orgánica de Bienes Públicos y la Ley que Promueve y Regula las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada son apenas dos de las 14 del paquete Habilitante.

En ambas está claro el aumento del Estado en el control de la economía, en detrimento del sector privado. Por un lado, la de bienes públicos califica como entes del sector público a las empresas mixtas y, obliga incluso, a las sociedades donde el Estado tiene menos de 50% de participación a informar a una Superintendencia de Bienes Públicos lo relativo al “inventario de sus activos”.

El otro texto legal no solo contempla algunas de las formas de propiedad, rechazadas por la población en el referéndum constitucional de 2007, sino que establece una serie de beneficios para las empresas que conformen esquemas asociativos con el Estado. Además, uno de los objetivos de esta ley es transformar el “metabolismo del capital”, alejándose de la “lógica del mercado”.

El presidente de Fedecámaras no duda al afirmar que se está “arrinconando” al sector privado y estas leyes son el “centro ideológico del socialismo”.

“El espacio para la iniciativa privada existe solo en tanto y en cuanto quede supeditado a las estrategias del socialismo del siglo XXI”, apunta Botti.

Diálogo de sordos 

Paradójicamente, en la misma semana que el Ejecutivo nacional sorprendió a los empresarios con un nuevo paquete de leyes, la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) propuso un el plan 2025 para lograr la industrialización del país.

Sin embargo, como condición fundamental para que eso ocurra los industriales aseguran que es necesario cambiar el modelo económico implementado en los últimos años. “Ese modelo, ha colocado al sector industrial en una posición de precaria supervivencia”, dijo Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, el pasado martes.

El argumento de Larrazábal está sustentado en los malos resultados de la política económica, reflejados por las propias cifras oficiales.

“Han llevado al cierre de más de 5.000 establecimientos industriales en los últimos 13 años; a más de 1.600 expropiaciones, expoliaciones, intervenciones a empresas privadas de todo tipo y tamaño; a la pérdida de terreno de la manufactura dentro de la economía, pues la contribución de la industria al Producto Interno Bruto llega apenas al 14% cuando fue 18% en el pasado”.

Según Larrazábal es necesario diseñar una política industrial “inclusiva, sustentable y consensuada” que sustituya al modelo intervencionista y “punitivo” levantado por Hugo Chávez desde hace trece años.

“Esto ha inhibido la entrada de actores en la actividad productiva, y mantiene en vilo a quienes con tenacidad siguen generando empleos y ofreciendo bienes y servicios para los consumidores en el país”, manifestó Larrazábal durante el congreso anual de Conindustria.  (RD)