enero 14, 2013 12:40 am

Egildo Luján Nava: Producir más y mejor

Es inevitable. Tiene que ser así. Y cada vez que suceda lo mismo, el recuerdo nacional se volcará a lo vivido.

Cuando en Venezuela se producen problemas de abastecimiento de alimentos, las consideraciones sobre el hecho se centran en lo obvio. Mejor dicho, en las causas: la expropiación de casi 4.000.000 de hectáreas productivas, como de decenas de industrias procesadoras, algunas de ellas con una trayectoria productiva centenaria, y hoy venidas a menos, luego de pasar a convertirse en íconos de un cementerio industrial que exhibe triunfante en su puerta de entrada a un sepulturero de lujo: el Estado venezolano. En esa realidad, se refleja el rostro de lo que ayer se cultivó y que hoy se cosecha.

Es cierto, es pecar de ingenuos o de poco cuidadosos en el análisis de las causas, si en esa avanzada gubernamental se centra exclusivamente la apreciación del porqué de los hechos. También hay que relacionar ese zarpazo expropiador de casi 1.200 unidades privadas del sector primario y sector agroprocesador, con otros eventos; tan importantes como los anteriores; incomprensiblemente convertidos en banderas ideológicas contra la propiedad privada y el producto emprendedor.

¿Cómo no citar los controles de cambio y de precios, engendrados con fines políticos, y convertidos luego en lo peor de cualquier decisión gubernamental promovida como una manera idónea de beneficiar a los consumidores con menor capacidad de compra?.

Adicionalmente, ¿cómo no atribuirle rol protagónico a la política de estado con fines de abastecimiento, a partir de la producción en masa de acuerdos de gobierno a gobierno, dirigidos a facilitar la promoción de importaciones de lo que sea, aun cuando los puertos no fueran eficientes, tampoco el sistema de distribución gubernamental de alimentos, y la corrupción se encargara de construir triangulaciones para la fuga de bienes hacia países vecinos, y de desarrollar redes informales de ventas?.

Desde luego, nada de eso cuenta como verdad cuando, como sucedió en diciembre pasado y a comienzos del 2013, la escasez se hizo presente con toda su fuerza, los consumidores claman por respuestas concretas y ciertas a través de los medios de comunicación social, y a determinados funcionarios no les queda otra alternativa que ocuparse de prestarle atención a lo que se les exige. Y lo hacen –como era de esperar- apelando al ya tradicional argumento de atacar el acaparamiento y la especulación, como una manera de atender “las demandas del pueblo”, a la vez que -0h, sorpresa- anuncian una “dura acción” contra los buhoneros. ¿0bjetivo?: saber cómo es que las redes formales de distribución de bienes al detal no disponen de tales productos, y las aceras venezolanas los exhiben en cantidades abundantes, y sus propietarios los venden a precios tres y cuatro veces por encima de los valores iniciales fijados con el control de precios. ¿Acaso lo sabrán el SADA y el SICA?.

Desde luego, caer en este terreno de lo heterodoxo en el orden comercial –aunque inevitable cuando la rectoría de las transacciones se rigen por la inflexibilidad  de controles que anulan la ortodoxia del mercado- es igualmente válido, si la materia de fondo se relaciona con la que será la Venezuela de las próximas semanas, luego de los eventos políticos de los últimos días. Ya que lo que más inquieta  -al menos a quienes insisten en invertir en el país y trabajar todos los días, a pesar de los controles, del cerco jurídico y de la incansable satanización de la producción en manos de particulares- es qué se va a hacer para evitar que lo político siga absorbiendo -o anulando- la importancia de lo económico.

Durante el último trimestre del 2012, condicionado por las inevitables exigencias que le representa a cualquier gobierno su participación en comicios electorales de la trascendencia de los que se dieron en octubre y diciembre, lo económico pasó a estar circunscrito alrededor de los logros que se pudieran alcanzar en materia de construcción de viviendas, como en la puesta de mayor liquidez en manos del público, ante la necesidad de dejar entrever un ambiente de bienestar colectivo, a partir de la activación de la demanda. Y lo demás, es decir, decisiones y acciones se supeditaron al momento de lo post-electoral, sin que aquellos que responderían por tales ¿compromisos?  pudieran suponer lo que se presentaría con la salud del Presidente de la República.

Desde entonces, y hasta el 10 de enero, el quietismo en materia económica angustia, mortifica. Pero también obliga a llamar la atención a los responsables de la conducción del país, para que procedan a decidir lo que debió diferirse a finales del año pasado por las razones descritas. Y, desde luego, a darle forma y fortaleza a las condiciones indispensables para que los venezolanos de trabajo puedan producir todos los días, más y mejor.

Treinta millones de venezolanos esperan que sea así. Como que las necesidades del diálogo y del entendimiento se asuman como un reto para el liderazgo, y se conviertan, progresivamente, en las bases para la dinamización de la capacidad de generar fuentes de empleo y posibilidades de cancelar salarios decentes.

Excesivas y exageradas tensiones ya han hecho su trabajo de engendrar la peor de las incertidumbres con la que nación alguna, seguramente, no habría querido comenzar el 2013. Abundantes son las causas para que los venezolanos sigan huérfanos de motivos que los hagan creer en la convivencia en un ambiente de paz y de sosiego. Pero nadie puede decir que eso es suficiente para que desaparezcan las innegables oportunidades de que hace gala Venezuela, como área de atención para las inversiones en el área petrolera y el resto de los sectores que identifican la economía nacional.

Sin embargo, no cuentan tales oportunidades en las proporciones e importancia que exige la competencia y que la competitividad  global demanda, cuando las condiciones políticas, jurídicas y económicas no se ofrecen con la transparencia y firmeza que impone esa misma realidad competitiva. Hacia ese propósito es que hoy se orienta el mensaje que promueve el empresariado formal y organizado venezolano, obedeciendo a su porqué y para qué con el que ayer actuó durante todo el Siglo XX, y que hoy, en pleno Siglo XXI, una vez más, antepone como razón para hacer sentir su voz a favor del país.

Desde Fedecámaras hasta la Cámara del más lejano de los lugares del territorio nacional, es lo que se difunde, con firmeza y rectitud,  atendiendo al propósito superior de satisfacer las necesidades  de bienes y servicios de los consumidores de producir, crear empleo y generar riqueza por la vía del trabajo. Pero también de defender los fundamentos y principios que hacen posible la vigencia de la Democracia, y el cumplimiento de los postulados que están descritos en la Constitución Nacional como objetivo supremo de una nación civilizada, por sobre los intereses grupales o sectoriales

¿Lo voz esperada?. ¿La voz necesaria?. La dirigencia empresarial ha dicho que acepta la discrepancia y la diferencia de opiniones al respecto. Pero lo innegable es que es la voz del compromiso productivo. También la voz de la responsabilidad social, identificada con la autodeterminación de no ceder más espacios al ocio que hoy norma y alimenta la expansión de la violencia en el país.

Para la dirigencia gremial del país, es válido el esfuerzo concebido y encaminado a estimular y contribuir a que el trabajo haga posible el bienestar y progreso de muchos. Y lo hace obedeciendo no sólo a lo que aparece descrito como propósito doctrinario en la estructura estatutaria normativa de las instituciones gremiales del sector privado venezolano; también al hecho de que es un comportamiento en consonancia con el legítimo ejercicio de los derechos económicos ciudadanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana.