Economía
Aseguran que el Gobierno “no ataca el problema de fondo” del abastecimiento
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El representante de la Alianza de Usuarios y Consumidores (Anauco) rechazó que “aislarse del mundo” sea la solución al contrabando, para luego apuntar que el problema de fondo es el desabastecimiento en el país.

“La prevención del delito y el manejo de la economía es función del Estado. Es una función que ha tenido siempre. Si en la frontera se llegó a eso (crímenes como contrabando) es que ha habido falta de Gobierno en esa zona. Si se dan ilícitos en las zonas, el Estado debe ser eficiente para resolverlos”, dijo Roberto León Parilli, en representación de Anauco.

A su vez, el economista José Guerra, coincidió con el representante de Anauco en que existe un problema de fondo en la economía nacional, que beneficia las distorsiones, el contrabando y el arbitraje, mejor conocido como bachaqueo.

“El problema con el abastecimiento está fundamentado en el control de precios y el control cambiario (…) Es un problema de la estructura de la economía porque hay un exceso permanente de demanda por los productos y bienes”, dijo el economista.

Sin embargo, Roberto León Parilli sí reconoce que existe una relación entre lo que sucede en la frontera y algunas distorsiones del país.

“Yo creo que sí hay un problema serio, y se puede notar. Que coincidencia que el dólar paralelo se ha mantenido estacionado (desde que se empezó con el cierre de fronteras)”, dijo.

Siguen las colas

Por otra parte, tanto León Parilli como Guerra, coincidieron en que las colas y el desabastecimiento se mantienen en el país porque el Gobierno ha demorado en tomar medidas económicas integrales.

El representante de Anauco indicó que la solución “no es controlar” con captahuellas los comercios, sino destinar a la producción nacional mayor inversión y apoyo en lugar de continuar con las importaciones. A este criterio también se sumó Guerra, que aseguró que “rinde más” 1 millón de dólares invertidos en materia prima para la producción nacional que para la importación, y que en ese planteamiento se basa “el gran dilema” del Gobierno.

A su vez, Guerra indicó que el problema de abastecimiento se cubre transitoriamente cuando se realizan importaciones, pero con la fuerte caída de los precios de crudo internacional, Venezuela no tiene la capacidad de adquisición de bienes que tenía hace varios años para sortear la demanda nacional que le falta a la producción interna.

“Paradójicamente en la región no hay colas y no se usan restricciones”, dijo Roberto León Parilli, al referirse a los controles aplicados por el Gobierno venezolano para la venta de productos básicos de primera necesidad.

Con relación al bachaqueo o arbitraje de productos, ambos indicaron que son consecuencia de las distorsiones de la economía nacional.

León Parilli apuntó que “muchos de los que están en la cola pueden ser bachaqueros, pero otros hacen compras nerviosas. No es una situación normal y hay un riesgo implícito y el ser humano busca cubrirse del riesgo. Cuando el abastecimiento se mantiene no hay reventa. Se debe privilegiar la producción nacional”, a lo que Guerra agregó que se debe dar mayor protagonismo a la industria nacional.

De las garantías y el qué hacer

Para León Parilli, el cierre de la frontera implica la violación de varios derechos fundamentales – como el libre tránsito – y la suspensión de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

Señaló que el libre paso otorgado a indígenas Wayúu también implica una discriminación ante la población y ante la ley, que tipifica en el Artículo 21 de la Constitución que “todos somos iguales ante la Ley”.

“Lo que hagas va en contra de los derechos de los ciudadanos. No hay forma de controlar cuando restringen la ley de oferta y demanda, que es la que genera estabilidad de precios. El artículo 305 de la Constitución habla de la seguridad alimentaria, debe entenderse como el acceso oportuno y permanente a los alimentos. Hacen faltas medidas de fondo”, señaló.

Además, apuntó que también se ve comprometido el artículo 117, que habla sobre la elección de bienes y servicios de calidad al restringir la venta de productos.

FUENTE: EL UNIVERSAL