Editorial
Editorial: Estado de delito
Editorial

Editorial: Estado de delito
Después de darle mucha vuelta a través de siglos, la sociedad  moderna logró definir  y establecer qué era delito y qué no en términos de las instituciones democráticas. El desarrollo del Estado de Derecho llevó a la simplificación de las relaciones del hombre con las leyes,  cantidades de supuestas faltas dejaron de serlo y pasaron a la condición de derechos en el contexto del espacio privado de las personas. La homosexualidad, penada por siglos en occidente y hoy todavía en los países islámicos, se libró del stigma y cada vez más naciones aceptan el derecho de las parejas gay.

Miles de años de evolución llevaron a esto: delito es el acto de una persona que afecta negativamente el derecho a la vida, la seguridad y a la propiedad de otra. Pero mientras las sociedades democráticas redujeron los delitos a su esencia y sacaron del concepto aberraciones autoritarias establecidas por el esclavismo y la feudalidad, las revoluciones del siglo XX emprendieron el fin contrario. Convertir en crimen aspectos normales de la vida. Hay que tener en cuenta que un partido revolucionario es por esencia un grupo delictivo, ya que se crea expresamente para actuar contra la vida, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos.
El programa de todo partido revolucionario persigue y contiene eliminar o enajenar el derecho a la propiedad, y disponer de la vida y la libertad de los opositores. El gobierno revolucionario es un Estado sin Derecho, en el que la cúpula del poder hace lo que le da la gama. A través de las expropiaciones o confiscaciones  arbitrarias en “beneficio de las mayorías”, suprimen  la propiedad y por medio de las sentencias de ajusticiamiento de tribunales revolucionarios, se acaba el derecho a la vida.
Para la terminar con la libertad y seguridad de la gente, cuentan con el recurso de crear delitos: la libertad de expresión pasa a ser ahora un crimen, igual que la práctica religiosa y la militancia en un partido que no sea de gobierno. Volar un dron, colgar un tuit, cacerolear “agresivamente” pasan faltas en esta trágica y ridícula revolución. El jefe de los encapuchados de los años 80 en la UCV, que todas las semanas quemaba un vehículo o dos en las puertas, hoy dictamina que es criminal el caceroleo. Se vieron por las redes dos energúmenos humillar y aterrorizar a un panadero por “acaparar” harina- “delito” típico en la boca revolucionaria.
Poseer o hacer transacciones en dólares es prohibido si quien lo hace no goza de protección oficial. A un periodista lo enjuician por “lavado de dinero” porque tenía cien mil bolívares en su camioneta (cantidad que no llega ni a la cuarta parte  de la cesta básica) La definición más precisa de un Estado revolucionario es la debilidad de los ciudadanos frente al poder, sin protección jurídica. Ese es el legado y esa realidad que nos toca enfrentar y superar. La ley revolucionaria es la voluntad del que gobierna y el delito es todo aquello que se le ocurra para destruir y humillar a la sociedad decente que se le enfrenta.