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Editorial: Mensaje a García, perdón a Ortega
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Suspender los diputados de Amazonas, no pagar los sueldos, que los burócratas judiciales declaren en “desacato” al órgano de la soberanía popular, no asistir a las interpelaciones, no reconocer su nueva directiva. Prácticamente todas las acciones del gobierno contra la  Asamblea Nacional, son golpes de Estado en su sentido estricto: un poder que  usurpa o desconoce atribuciones otro, valido del control sobre la fuerza represiva. Esa es una óptica constitucional legítima y podría hablarse de una cadena de golpes o de un golpe continuo  desde hace dieciocho años. Pero se trata de una revolución, cosa totalmente distinta. Desconocer la constitución es propio de cualquier  autoritarismo, porque no existen dictaduras constitucionales, y dictadura revolucionaria es precisamente antítesis del concepto moderno de constitución, norma que  existe para consagrar la inviolabilidad de la vida, la libertad y  la  propiedad.

La revolución es  por el contrario, el gobierno que se establece para desconocer esos derechos. Cuando se habla de ese aberrante concepto, revolución, cuyo origen semántico es la descripción de una elipsis que regresa a su propio origen, una vuelta de 360 grados, en otras palabras, una operación para perder el tiempo, -y la vida- conviene ver las cosas en términos políticos que ayudan a comprender las situaciones constitucionales. Desde hace dieciocho años estamos frente al despliegue de la estrategia gradual de creación de un poder político  total y, naturalmente, de destrucción de todos los poderes sociales. La revolución necesita una sociedad indefensa e inerme y por lo tanto liquidar la Asamblea está en su naturaleza.

En este momento de debilidad de la oposición por efecto de terrible año 2016, el núcleo duro revolucionario aprovechó para lanzarse sobre el cuello de la AN y liquidarla definitivamente, sin importarle el escándalo internacional. Se suponía que la maquinaria  madurista funcionara unánime y usara su poder total. Pero la Fiscal Luisa Ortega Díaz se salió del carril y denunció, con la fuerza que le da su ubicación en el centro del chavismo, que era una ruptura del orden constitucional, y se sospechaban reacciones similares desde otros miembros del Poder Moral.

Pese a que ya los de siempre han salido con sus declaraciones de costumbre, lo cierto es que se abrió una seria grieta en círculo del poder. La Fiscal detuvo la barrida contra la AN y produjo las tartajeantes decisiones posteriores que dejan todo en el lugar donde estaba antes del estallido de cólera que promovió el intento de degollar el Poder Legislativo. Debe suponerse que a partir de este momento comienza en el madurismo la cadena de operaciones que conduciría a destituir a la Fiscal, cosa que constitucionalmente no parece viable aunque al gobierno eso no le importa demasiado.

Le importa el efecto político en el chavismo. Y lejos de responder con medidas de contragolpe, la respuesta democrática debía ser tomarle la palabra al Presdidente Maduro en su alocución hoy sábado (01-014-17), traer  mediadores internacionales y negociar para obtener elecciones de gobernadores y alcaldes este año y presidenciales en 2018.