Editorial
Editorial: La Carta
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Vuelve la discusión sobre la supuesta o real aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Ya el año pasado después del debate en el organismo, la Secretaría General de la OEA  anunció, contra lo ocurrido, que se iniciaba su aplicación sobre Venezuela, cosa que, como se sabe, no era cierta. No existió tal proceso y lo que hubo en esa famosa jornada del organismo fue un debate que puso en evidencia preocupación de la comunidad latinoamericana por lo que ocurría en el país, y que el proponente no juntó los apoyos necesarios. Almagro anuncia que ahora si viene.

Se necesita el voto de  dos tercios de los integrantes del Foro para aprobar las sanciones establecidas en los artículos 20 y 21 de su reglamento, que están planteadas en dos fases. Una primera equivale a un compás de avenimiento entre los factores internos del país, en el que la OEA presiona para que se produzcan conversaciones  y las negociaciones entre las partes en vías a restablecer el orden constitucional. De ser infructuosas, el artículo 21 prevé separar de la comunidad de naciones al país de gobierno  acusado, la expulsión de la OEA, dicho en términos fuertes y claros.

Para hacer más despejada la secuencia, vale la pena examinar algunos de los casos en los que se sancionaron países con lo establecido en la Carta Democrática.  A la polémica y confusa salida de Hugo Chávez de la Presidencia de la República en los sucesos de abril de 2002, la OEA pidió en uso de la Carta, restablecer el esquema constitucional de inmediato, al tiempo que el poder surgido contra Chávez se desmoronaba por conflictos internos. La experiencia duró poco más de 48 horas y la Organización, entonces con una cómoda mayoría bolivariana, apareció asociada con el regreso al poder del Presidente defenestrado, sobre los hombros del General Baduel.

Muy poco tuvo que ver la Carta con el desenlace, producto del derrumbe del bloque insurgente, y  no hubo tiempo, por lo tanto, de que se sintieran los efectos de las sanciones, pero salió en la fotografía de la Historia al lado de Chávez y su retorno.  En Honduras (2009) se presentó una situación similar, pero con un resultado totalmente distinto, a pesar de que en él las capacidades de presión que confiere la Carta de la OEA se aplicaron a fondo y por bastante tiempo.  El Tribunal Supremo de Honduras y el Congreso destituyen al Presidente Zelaya a cabalidad con el mandato constitucional, lo que la mayoría de la OEA consideró un golpe de Estado.

Pero los poderes constituidos en ese país mantuvieron su decisión sin atender al dictamen de la comunidad regional, hasta que completaron su proceso electoral y eligieron un nuevo Presidente. Tampoco tuvo efecto alguno en Paraguay (2012), donde  los organismos legales sacaron del poder al Presidente, e igualmente la OEA aplicó la Carta para forzar su restitución en el cargo. Como en Honduras, el imperativo de la OEA no tuvo ningún resultado. Como la OEA no tiene ningún organismo coactivo, como Cascos Azules u otra.

Solo puede valer sus decisiones por medio de sanciones, que en incontables casos –Cuba, Irak, Irán- demostraron su inanidad. El gobierno venezolano como suele, trata con desprecio cualquier propuesta de entendimiento con sus adversarios y parece que estuviera apostando a que las cosas lleguen a la Asamblea general, en conocimiento de las experiencias comentadas.  Deben haber estudiado las implicaciones estratégicas de la operación que emprende el secretario general Almagro y veamos las tres posibilidades para hacer nuestras propias evaluaciones

1) La Asamblea rechaza la propuesta de Almagro, lo que lo deja mal colocado para el desempeño de sus funciones y es un triunfo para Maduro 2) La Asamblea aprueba el primer paso, lo contenido en el artículo 20 y se inicia un proceso de negociaciones, cosa que de antemano factores del gobierno y de la oposición descalifican 3) Comienzan las sanciones contra  Venezuela que el país en conjunto resentirá.