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Alemania distribuirá a los refugiados para evitar la formación de guetos
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Alemania es consciente de que asimilar al millón de solicitantes de asilo llegados al país el año pasado requerirá esfuerzos de todos. El Gobierno de Angela Merkel, después de meses de tiranteces entre los tres partidos que lo forman, presentó este jueves el paquete legal con el que pretende hacer frente a este reto. La nueva ley incluye tanto palo como zanahoria: más medios para las políticas de inserción y al mismo tiempo sanciones para los que no tengan interés en integrarse en la sociedad a la que han llegado.

Los criterios que servirán para medir la voluntad de integrarse de los refugiados serán su disponibilidad para aprender el idioma y para entrar en el mercado laboral. Merkel resumió la idea que subyace tras el paquete legal: “Oportunidades para todos, pero también obligaciones para todos”.

Recorte de las prestaciones

Los refugiados que se nieguen a participar en cursos o los interrumpan sin un motivo fundamentado se enfrentarán a recortes en las prestaciones. Lo mismo ocurrirá si incurren en conductas indebidas, que les podrían llevar a perder el derecho de asilo. “Quien suspenda sus cursos de formación, pierde el derecho de estancia”, dijo Merkel.

El texto también incluye la obligación de repartir a los refugiados de forma proporcional por todo el país, lo que en la práctica supone obligar a algunos a residir en ciertos lugares. Se pretende evitar con esta norma que todos se concentren en determinadas zonas —grandes ciudades, principalmente— y la consiguiente formación de guetos. Las medidas acordadas facilitarán también la integración en el mercado laboral de los inmigrantes, ya que se relajarán algunas normas burocráticas que impiden su entrada.

El texto acordado por los tres partidos gobernantes —democristianos, socialdemócratas y socialcristianos bávaros— supone un paso más para crear la primera ley de integración que tendrá Alemania. El Gobierno tiene previsto aprobar el 24 de mayo el texto, que después tendría que ir al Parlamento.

El Gobierno da así un paso más en su plan de integrar a los solicitantes de asilo con perspectivas de quedarse —ciudadanos sirios, sobre todo— y agilizar las expulsiones de los que no tengan derecho a asilo por considerarlos inmigrantes económicos y no refugiados políticos.

 

El País