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Cartes enfrenta caída de popularidad en el Paraguay
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Con apenas siete meses en el poder en Paraguay, el presidente Horacio Cartes se enfrenta a los reclamos de diversos sectores de la sociedad que por primera vez en casi 20 años pusieron de lado sus diferencias para organizar una huelga general en exigencia de aumentos de sueldo, una mejora al transporte público, una reforma agraria y la derogación de una ley que forma parte del plan económico del mandatario.

Sindicatos, maestros, campesinos, estudiantes, organizaciones civiles y políticas participaron el miércoles 26 de marzo de un paro nacional que afectó parte del país, sobre todo Asunción, la capital.

Dicha actividad trajo como respuesta la instalación de mesas de diálogo propuestas por el Gobierno, pero en las que se negó a participar la Federación Nacional Campesina.

Entre los principales puntos reivindicativos que demandan está un aumento de 25% al salario mínimo, por considerar insuficiente el incremento de 10% decretado por el Gobierno en febrero y que entró en vigencia el mes en curso.

Desde marzo de 2011 no se aumentaba el sueldo mínimo, que estuvo estacionado durante tres años en 1.658.232 guaraníes mensuales (aproximadamente 368 dólares). El incremento actual a 1.824.055 guaraníes (405 dólares) es considerado escaso, comparado con el actual costo de la vida en Paraguay, además de beneficiar solo a los empleados del sector privado.

Sobre este punto “los maestros son el sector más radicalizado debido a que están en huelga desde el Gobierno de Federico Franco”, explica Nahem Reyes, historiador especialista en Paraguay y docente de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Tras la toma de posesión de Cartes este sector solicitó un aumento que les fue rechazado por falta de presupuesto. “Se dijo que no había fondos en las cuentas públicas como para dar un incremento como el que estaban pidiendo los maestros”, señaló Reyes.

El docente asegura que parte del descontento de este sector es el incumplimiento de una de las promesas electorales del mandatario. En su campaña habló de “incrementar las oportunidades y de mejorar la educación, pero él no ha terminado de despegar. Cartes incluso habló de un saneamiento de la administración y ha estado muy estancado”, dice.

El caballo de batalla

El rechazo a la Ley de la Alianza Público Privada (APP) es lo que ha motivado a los sindicatos a formar un frente contra las políticas gubernamentales, pese a sus rivalidades.

Según Cartes esta ley “iba a permitir que se hicieran los contratos con mayor rapidez y se diera mayor celeridad en las respuestas administrativas y a los problemas de la gente. Pero más bien hubo un rechazo contundente de la población, incluso de los líderes políticos del Partido Colorado”, indica el profesor universitario.

Los sindicatos reclaman que esta norma que entró en vigencia hace cinco meses busca atraer capital privado a cambio de dar prioridad a las empresas extranjeras en la concesión de contratos, excluyendo a los empresarios nacionales, lo que es catalogado por las centrales de trabajadores como una privatización encubierta.