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¿Cerrar el Congreso en Colombia? El populismo de la senadora Claudia López
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La opinión pública y los políticos pueden considerar algunas instituciones como cortapisas de objetivos inmediatos. Pero lo más seguro es que su eliminación, debido a esta causa, sea indeseable para el futuro. Además, en términos sociales, puede ser perjudicial por los vacíos dejados, ya que se convierte en un antecedente y en justificació para la extensión del poder y la restricciones de la libertad.

Las instituciones, como señaló tantas veces Douglass North, se definen como las reglas del juego que dirigen nuestra vida en sociedad. Es decir, estas son instrumentos que sirven como señales que designan el comportamiento esperado, como limitantes de nuestras decisiones y como incentivos de nuestras acciones. También establecen las alternativas que vemos como disponibles en contextos específicos, tal como lo demostró Elinor Ostrom.

En este sentido, así como señaló Friedrich Hayek, las instituciones no pueden ser concebidas en sus resultados puntuales ante casos específicos, sino en sus beneficios sociales. Es decir, para todos sin importar el momento específico en el que nos encontremos.

Semejante definición y utilidad son difíciles de comprender en nuestro actuar individual. En nuestra vida diaria no podemos distinguir entre los resultados sociales y los beneficios personales. Y no puede ser diferente: la mayoría de las veces no tenemos el conocimiento ni la información suficiente para comprender cómo un instrumento, que aparente ser benéfico, puede convertirse en un problema que afectará, tal vez en un lejano largo plazo, a todos.

Pero esto es diferente si de acciones o decisiones estatales se trata. No es por virtuosos, sino por la naturaleza de su función que los empleados estatales (burócratas y políticos por igual) deben ser mucho más cuidadosos en las expectativas que generan en las mayorías. El problema es que tienden a ser los más descuidados.

La semana pasada, una candidata a la presidencia de Colombia, Claudia López, expresó a través de su cuenta de Twitter que el Congreso del país debía ser cerrado.

Ante este anuncio, los aplausos de varios tuiteros no se hicieron esperar. Seguramente la candidata esperaba este resultado: ella, como cualquier político, dice las cosas para ganar adeptos, felicitaciones y, en últimas, votos. Los ciudadanos consideran que el Congreso es un espacio de corrupción, de ineptitud, de clientelismo… etcétera.

Es posible que ella no crea en lo que afirmó, ni que lo vaya a cumplir. Puede que solo haya sido un momento de rabia o de impotencia. Pero lo dijo. Y eso crea expectativas en sus seguidores. Algo muy irresponsable de su parte.

Puede ser cierto que la mayoría de políticos actuales son corruptos, y todos los demás adjetivos negativos con los que son asociados, pero esto no es razón suficiente para afirmar que el Congreso deba ser cerrado.

No comprenden los entusiastas ni la senadora que, en el largo plazo, eliminar el Congreso no puede sino tener efectos negativos para todos, comenzando porque ahí sí no existiría ningún contrapeso al poder del ejecutivo y, eventualmente, a la concentración de poder en una sola persona.

Es posible que quién concentre ese poder sea la senadora López, y asumamos que ella, en su inmensa virtuosidad, puede ser una gran líder, benevolente, solo preocupada por el bienestar de todos. Pero esa concentración puede caer, en algún punto, en manos de una persona menos virtuosa.

De igual manera, así la candidata sea la persona con las mejores calidades, no deja de ser humana. Por lo tanto, lo más seguro es que algunas veces se equivoque (algo que también es muy seguro que ella no acepte). Ante la eventualidad de una equivocación de juicio, por las mejores intenciones que tenga, una concentración de poder puede generar efectos catastróficos para todos.

Si esto sucede con una organización que a todos puede molestarnos, no hay que imaginarse mucho lo que puede pasar cuando se trata de alterar o eliminar reglas del juego porque nos parecen molestas. Dentro de estas se encuentran la propiedad privada o las limitaciones a la esfera de actuación estatal. De hecho, aunque esto tendría que demostrarlo en una futura columna, las alteraciones institucionales pueden explicar no solo el fenómeno populista de Donald Trump, sino también el peligro que este representa en la actualidad.

Ahora bien, como señalé al principio, algunas instituciones, en caso de ser eliminadas o alteradas, puede generar efectos negativos. Sin embargo, existen otras instituciones que sí pueden ser indeseables. No es muy difícil pensar que pueden existir reglas del juego que no nos facilitan la vida en sociedad, sino que la dificultan. En una sociedad puede considerarse que el comportamiento sea la trampa y no la transparencia, por ejemplo.

Pero, incluso en esos casos, lo frustrante para los defensores de la ingeniería social o institucional es que, como mostró F. A. Hayek, las instituciones no se cambian de manera deliberada por decisión de los gobernantes de turno, sino que van evolucionando por procesos eternos de prueba y error que tienen explicaciones desde el orden espontáneo. Es decir, de la interacción social. Así las cosas, así existan muchas instituciones indeseables, es difícil identificar cuáles son y, lo más grave, cómo cambiarlas.

Muchas ideas pueden ser populares, pero esto no garantiza que sean las adecuadas. Infortunadamente para la vida en sociedad, casi siempre lo más doloroso, lo menos evidente y lo aparentemente molesto es lo más importante de preservar. Pero esto no da votos.

Javier Garay/PanAmPost