Internacional
Claves para entender la crisis de Brasil
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Por TATIANA BENAVIDES SANTOS

Brasil: La Manipulación de la Rendición de Cuentas Horizontal y la Capitalización de la Fragmentación Política

(Infolatam).- El proceso de impeachment iniciado contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se ha convertido en una fuente generadora de importantes debates académico-políticos sobre las reglas del juego democrático y la corrupción en las democracias latinoamericanas emergidas particularmente en la tercera ola de democratización a mediados de los años 70 y el transcurso de los 80.

A pesar del desarrollo de debates relevantes respecto de la idoneidad o no de los sistemas parlamentarios para amortiguar las crisis y conflictos políticos entre los poderes del Estado -y los consiguientes riesgos en contra de la estabilidad de los gobiernos y los regímenes democráticos- o de las discusiones sobre si el proceso de impeachment en curso en Brasil representa un golpe de de Estado blando o no, desde mi perspectiva todo debate de fondo sobre la crisis política brasileña debe al menos incorporar tres temas inmediatos y prioritarios:la rendición de cuentas horizontal, la naturaleza de los partidos políticos y el sistemas de partidos, y los riesgos de los escándalos de corrupción. Estos aspectos, relacionados con la calidad de las instituciones y de la clase política, deben ser abordados de manera urgente o ellos continuarán comprometiendo los avances democráticos alcanzados hasta el momento y la estabilidad y paz social.

El primero de ellos es el problema de la manipulación de los mecanismos de ‘horizontal accountability’, el término acuñado por Guillermo O´Donnell para referirse al acto de hacer que las autoridades electas respondan por sus acciones a una red de poderes relativamente autónomos que tienen la capacidad de cuestionar e incluso castigar la ejecución inapropiada de sus responsabilidades (1999). Éste es, en efecto, un componente fundamental del estado de derecho y guarda relación con el necesario y oportuno balance de poderes de todo sistema democrático.

Sin embargo, pareciera que actualmente en Brasil el mecanismo de rendición de cuentas entre las instituciones estatales, particularmente del parlamento sobre el poder ejecutivo, ha sido forzado de forma tal que justifique la remoción de la presidenta Rousseff  -quien si bien se alega incurrió en el error de esconder el déficit del presupuesto del año 2014 para evitar afectar sus intenciones de reelección en los procesos electorales de ese año-  su falta ha sido interpretada de manera desproporciada como el peor delito político (delito de responsabilidad) que justifica el impeachment.  Y es que el encubrimiento presupuestario, aunque ilegal y sancionable, resulta una falta menos grave que los delitos de corrupción por los que se investiga a alrededor  del 60% de los parlamentarios que integran actualmente el poder legislativo que cuestiona a Rousseff (NYTimes).

El proceso para el impeachment

Brasília - DF, 13/04/2016. Presidenta Dilma Rousseff durante entrevista à imprensa. Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Brasília – DF, 13/04/2016. Presidenta Dilma Rousseff durante entrevista à imprensa. Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

Así, haciendo uso de procedimientos constitucionales existentes, el congreso ha iniciado el proceso de impeachment contra la presidenta, el cual ha sido ya aprobado en la Cámara Baja y estará sujeto a la última palabra del Senado en el mes de mayo. Dicho proceso dio inicio bajo el liderazgo del presidente de la Cámara Baja,Eduardo Cunha (PMDB ), como respuesta a su descontento con el ex aliado PT y el gobierno de Rousseffpor permitir la investigación en su contra por lavado de dinero y otras faltas relacionadas con el escándalo de Petrobras;  y ha sido promovido particularmente por los diputados del mismo partido en su mayoría involucrados también en los escándalos de corrupción.

Con el oportunismo de las acusaciones y la naturaleza de la votación en la Cámara el domingo anterior, donde el tema menos abordado fue la falta por la que realmente se acusa a la presidenta, el eventual impeachment representa más bien una maniobra política que desvirtúa los mecanismos de rendición de cuentas entre instituciones del Estado -y en especial del impeachment- para desviar la atención de los casos de corrupción política más alarmantes en Brasil que comprometen directamente a figuras protagónicas en el proceso. La votación por el sí del impeachment, cual concurso de popularidad en el congreso, también busca contrarrestar los efectos de la crisis fiscal y económica que afecta al país, lo que al fin y al cabo será difícil por estar íntimamente ligada al fin del boom de loscomodities.

En síntesis, si bien los mecanismos utilizados para remover a Rousseff son democráticos y constitucionales, el espíritu con que se ha interpretado no lo es. Precisamente, Aníbal Pérez Liñán en su obra Presidential Impeachment. The New Political Instability in Latin America (2007), considera que existe un problema cuando la rendición de cuentas horizontal es “politizada y espasmódica”, es decir, cuando consideraciones electoralistas, partidarias o personales son las que guían el impeachment; o bien cuando los mecanismos de impeachment son aplicados intermitentemente o en situaciones extremas y no como un ejercicio sostenido de vigilancia legislativa contra por ejemplo los abusos de poder.

Los partidos políticos fragmentados

Otro aspecto fundamental a considerar frente a la crisis política que vive Brasil es el de la fragmentación de su sistema partidario y la naturaleza de sus partidos políticos. El sistema de partidos políticos brasileño es considerado el sistema más fragmentado del mundo. Actualmente,  el parlamento está conformado por 28 partidos políticos (Santos y Canello, 2015) lo cual convierte la formación de coaliciones en una tarea clave para la gobernabilidad en dicho país. Como lo menciona Uri Friedman en su artículo en The Atlantic, partidos tales como el PMDB (parte de la coalición de partidos que apoyó a Rousseff) y otros partidos ‘atrapa todo’, han surgido en Brasil ante la necesidad de contar con ‘brokers’ políticos para la construcción de alianzas y coaliciones ante el fraccionamiento. Por lo general, estos brokers son partidos que no tienen programas ideológicos claramente establecidos, porque ellos se ajustan a conveniencia e imponen sus condiciones al mejor postor sobre la base de prebendas y clientelismo, en especial del acceso a puestos gubernamentales y a los contratos públicos.

Todo partido en el poder necesita de estas alianzas estratégicas para ser capaz de implementar sus políticas, de lo contrario, el bloqueo y la paralización del congreso harán imposible su gestión. A pesar de los intentos por adoptar reformas electorales que limiten la proliferación partidaria (por ejemplo alcanzar al menos el 5% del voto popular para obtener escaños en el congreso), con frecuencia emerge el rechazo a las propuestas por parte de aquellos que más se benefician de la diversidad, amplitud y falta de disciplina partidaria y sacan provecho del comercio político. Mientras la fragmentación política no se limite, seguirá favoreciendo los actos de corrupción endémica en Brasil.

La corrupción

Y esto conduce al tercer y último aspecto que Brasil debería abordar: el de los escándalos de corrupción como factores de inestabilidad política. El caso de Lava Jato, es uno de los casos más graves de corrupción en Brasil, el cual  inició con una investigación por lavado de dinero pero ha revelado progresivamente grados exponenciales de irregularidades financieras que involucran a un sinnúmero de líderes políticos y económicos (incluyendo a más de 200 legisladores en especial del PMDB), que se han beneficiado de los sobornos solicitados por la compañía estatal de petróleo Petrobras en el proceso de contrataciones. Aunque no se ha comprobado la participación de Rousseff en el caso, para algunos, aparentemente, ella conocía e incluso aceptaba lo que estaba sucediendo. Desafortunadamente, la manipulación mediática –que se ha convertido en un importante instrumento político- y la percepción de corrupción son elementos capaces de debilitar a los gobiernos e incluso desestabilizarlos al  generar la ira y la desilusión de la ciudadanía.

En América Latina, tal y como lo comprueba Pérez Liñán, aunque los escándalos no desencadenan necesariamente la caída de un gobierno, ellos son necesarios para que el impeachment se lleve a cabo. Igualmente, si los escándalos no se dan o son menos visibles, es difícil para los legisladores encontrar una razón constitucional para cuestionar el derecho de un presidente a gobernar. Lo anterior muestra la importancia para la clase política de no sólo evitar incurrir en faltas que puedan ser objeto de divulgación, manipulación o sobredimensión en los medios, sino también de generar confianza a través de lo que se proyecta.

No todos los escándalos son escándalos de corrupción, pero en la región y gracias al fortalecimiento de los instrumentos democráticos, al empoderamiento de la sociedad civil y a una mayor conciencia sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, la tolerancia hacia la falta de ética de las autoridades es menor que antes y las percepciones y apariencias pueden influir también en el cuestionamiento de los gobiernos. En el caso de Brasil, esto es además particularmente riesgoso por el interés de muchos en encontrar chivos expiatorios capaces de virar la atención de los verdaderos focos de descomposición que permiten disfrutar de los dividendos propios de los sistemas de prebendas y patrimonialismo, y que se ven agravados por el descontento de la ciudadanía con la recesión económica y la crisis fiscal y por una figura presidencial con débiles niveles de popularidad y habilidad política.