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Dignidad y alivio económico, las dos cosas que Irán exige de un pacto nuclear
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Dignidad y respeto a sus derechos “inalienables” y alivio para su maltrecha economía, esos son los puntos que tanto el Gobierno como los ciudadanos iraníes consideran irrenunciables para un pacto sobre su programa nuclear con Occidente, cuya negociación entró en sus últimas horas.

Una y otra vez las autoridades de la República Islámica, sus negociadores, sus periodistas y hasta los ciudadanos anónimos que no dudan en responder a quien les pregunte sobre el tema, han insistido durante todo el proceso negociador abierto hace 20 meses que un acuerdo “justo y equilibrado” que garantice ambas cosas es el único que podrá ser aceptado, si bien difieren en qué implica cada cosa y los motivos.

Dentro del país, los distintos sectores políticos y sociales se dividen en función de qué parte de esta dicotomía es más importante a la hora de llegar a un acuerdo, todos dentro de la premisa de que un pacto es útil y beneficioso para el país, aunque no estrictamente necesario.

Las capas medias y altas de la sociedad, los empresarios y en general los estamentos más liberales prefieren la aproximación económica y ceder en algunos aspectos de la cuestión nuclear en favor del fin de las sanciones.

En cambio, los sectores más duros del régimen y algunos estamentos del clero chií han adoptado la defensa del honor iraní como un valor en sí mismo que no merece la pena sacrificar por alguna dudosa mejora económica.

La idea subyacente en la negociación para el régimen de los ayatolás se basa en la premisa de que Irán nunca tuvo intención de desarrollar armamento atómico y que nadie ha podido demostrar lo contrario.

De este modo, Irán, como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) tiene el mismo derecho que el resto de los países del mundo a investigar y a tener una industria nuclear propia libre de injerencias.

Así, todas las “injustas e irracionales” sanciones económicas internacionales que durante la última década se han impuesto a Irán, las más duras jamás implantadas a país alguno, son arbitrarias y tienen como único fin dañar a la República Islámica, evitar su desarrollo y favorecer a sus enemigos regionales -Israel y los países árabes del Golfo Pérsico-, y por lo tanto deben ser suprimidas.

Irán no puede entre otras muchas cosas vender su petróleo libremente en el exterior -la principal fuente de ingresos del Estado -ni repatriar los miles de millones de dólares que tiene en el extranjero, ni -probablemente la sanción más dura y la que más afecta a los ciudadanos directamente- participar del sistema internacional de transferencias bancarias, lo que en la práctica ha suprimido su comercio exterior.

Estas sanciones, diseñadas para forzar a Irán a renunciar a su programa nuclear, han fracasado, ya que la República Islámica, pese a los graves problemas económicos que padece, está lejos del colapso e incluso ha mejorado levemente su situación en los últimos meses.

Sin embargo, también es general el convencimiento de que su fin permitirá una rápida recuperación que a su vez favorecerá al Gobierno del presidente Hasán Rohaní, que llegó al poder con promesas de mejora económica, apertura al mundo y mayores libertades sociales.

En cuanto a las limitaciones al programa nuclear que previsiblemente establecerá un acuerdo nuclear, el principio que rige la postura iraní es la de la dignidad nacional y el de pedir “ni más ni menos derechos” que el resto de los países del mundo.

En este sentido, Irán se ha mostrado dispuesto a aceptar inspecciones sin restricciones a sus instalaciones nucleares en el marco del Protocolo Adicional del TNPN, un documento que ya se aplica en varios países del mundo sin mayores problemas.

El conflicto llegó cuando se pidió al país aceptar también inspecciones a centros militares de forma automática, algo que se sale de las normas del Protocolo Adicional y que desde Teherán se ha rechazado con vehemencia, al ser una medida que “ningún país con dignidad” podría aceptar.

 

Fuente: EFE