Internacional
El abogado de Puigdemont anuncia alegaciones ante la justicia alemana para evitar la extradición
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La fiscalía del land Schleswig-Holstein pide la entrega del expresidente por rebelión y malversación

ENRIQUE MÜLLER

La Fiscalía General del land alemán de Schleswig-Holstein ha solicitado este martes que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea entregado a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos, en un comunicado en el que también ha pedido que siga en prisión por “riesgo de fuga”, mientras se tramita la extradición a España. Ahora, la decisión queda en manos de la audiencia territorial de Schleswig-Holsteinische que tiene un plazo de 60 días, prorrogables otros 30. El abogado del expresidente en España, Jaume Alonso Cuevillas, ha anunciado que presentará alegaciones, lo cual hará que el proceso se alargue.

Puigdemont, que se encuentra recluido en la cárcel de Neumünster, sufre así la primera gran derrota jurídica en territorio alemán. Según el comunicado de la fiscalía, la acusación de rebelión se sostiene en la celebración del referéndum contrario a la Constitución pese a que se podían esperar disturbios violentos. El ministerio público alemán considera que esta actuación tiene su correspondencia “en los artículos 81 y 82 del código penal alemán, en los que se recoge el delito de alta traición”. Pese a que los términos que utiliza la ley alemana y el Código Penal español sobre la alta traición y la rebelión no son exactos, la fiscalía considera que “no es exigible que los delitos sean absolutamente coincidentes”.

Con respecto a las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción, dos delitos que fueron supuestamente cometidos por el exgobierno catalán para poder llevar a cabo el referéndum sececionista del 1 de octubre de 2017, la fiscalía considera que son comparables a la figura delictiva de malversación que contempla el código penal alemán, otro argumento legal que puede facilitar la extradición.

Además, hace un relato de lo ocurrido en una reunión celebrada el 28 de septiembre con altos cargos de la policía autonómica, en la que se decidió la celebración del referéndum del 1 de octubre y señala que ya se había alertado a las fuerzas policiales, “a la vista de los desórdenes con violencia que ya habían tenido lugar el 20 de septiembre” por lo que, según la fiscalía, “se podía esperar una escalada de la violencia para el día del referéndum”. Aun así, sostiene el comunicado, “el gobierno autónomo de Cataluña, y entre ellos también el presidente, decidió dejar que se celebrara el referéndum”.

La fiscalía recoge cómo los costes se cifran en 1,6 millones de euros, según las autoridades españolas. “Este dinero se utilizó, entre otras cosas para la puesta en marcha de la campaña publicitaria así como para la impresión de papeletas”.

En su cuenta de Twitter, Cuevillas ha asegurado que la decisión de la Fiscalía alemana “era la esperada”. “Habría sido verdaderamente excepcional que la fiscalía no admitiera ni a trámite la petición”, ha añadido. El abogado ha explicado que en esta nueva etapa “ya podremos hacer alegaciones”, lo cual implica que la decisión sobre una posible extradición pueda tardar más de lo esperado.

COMUNICADO DE LA FISCALÍA DE SCHLESWIG-HOLSTEIN
Esta es la traducción del comunicado emitido hoy por la Fiscalía del Estado de Scleswig-Holstein:

“El Fiscal General presenta una solicitud para emitir una orden de extradición contra Carles Puigdemont

En el día de hoy, el Fiscal General del Estado de Schleswig-Holstein, de acuerdo al artículo 15 de la IRG (ley de asistencia judicial internacional en materia penal) ha solicitado una orden de extradición contra el expresidente regional catalán Carles Puigdemont en el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en Schleswig.

Tras una evaluación a fondo de la orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo en Madrid el 23 de marzo de 2018, el Fiscal General ha llegado a la conclusión de que se ha presentado una solicitud de extradición admisible, que se está prestando la debida consideración al procedimiento de entrega adecuado y que hay riesgo de fuga.

Con la orden de detención europea, las autoridades españolas reclaman la extradición del perseguido por dos delitos, identificados como los delitos de rebelión en virtud del artículo 472 párrafos 5 y 7 y de malversación de fondos públicos de conformidad con los artículos 432 y 252 del Código Penal español. La acusación de rebelión básicamente comprende el reproche de llevar a cabo un referéndum inconstitucional a pesar de que se esperaban violentos disturbios. Esto encuentra un equivalente comparable en el derecho penal alemán en las secciones 81 y 82 del Código Penal (alta traición). No se requiere legalmente una coincidencia literal de la formulación de las regulaciones alemana y española.

En la medida en que la malversación de fondos públicos atribuida al investigado —de acuerdo a la interpretación de las autoridades españolas— supone acusarlo de corrupción, ello implica el cargo de uso de fondos públicos para la realización de un referéndum inconstitucional, lo que conlleva una responsabilidad punible en virtud del artículo 266 del Código Penal alemán (malversación o desfalco).

De hecho, las autoridades españolas acusan al señor Puigdemont de haber decidido, el 28 de septiembre de 2017, junto a los miembros del gobierno de Cataluña, con ocasión de una reunión con los principales cuerpos de policía de Cataluña que se lleve a cabo un referéndum sobre la cuestión de la independencia de Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional español ya había establecido reiteradamente que era incompatible con la Constitución española.

Las fuerzas policiales señalaron que, en vista de los violentos enfrentamientos que ya habían tenido lugar entre los ciudadanos y la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, era de esperar que se produciría una escalada de violencia el día de la consulta (1 de octubre de 2017). Sin embargo, el gobierno autónomo de Cataluña -incluido el perseguido como su presidente- decidió permitir el referéndum, y compometrió a las fuerzas de la policía autónoma se comprometieron a garantizar que los partidarios del proceso de secesión puedan participar en la votación.

Según las autoridades españolas, los costos incurridos en la preparación y ejecución del referéndum considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional ascienden a 1.602.001,57 euros. El dinero se ha empleado para la ejecución de campañas publicitarias y la impresión de papeletas y listas electorales.

Existe riesgo de fuga.

Las medidas menos restrictivas que la ejecución de la detención para la extradición no ofrecen garantía de que su propósito pueda ser alcanzado por ellas.

La decisión sobre la cuestión de una orden de extradición y, en su caso, sobre la admisibilidad de la extradición la tomará el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein”.

El País