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El G20 incumple sus promesas de atajar el lavado de dinero, según ONG TI
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Los países del G20, que se reúnen este domingo y lunes en Antalya (Turquía), han incumplido los compromisos de tomar medidas legales para atajar el enorme volumen de lavado de dinero procedente de la corrupción, denunció hoy en Estambul la ONG Transparencia Internacional (TI).

“Los gobiernos del G20 (las 20 mayores economías del planeta) se comprometieron en la cumbre del año pasado, celebrada en Brisbane, en Australia, a acabar con el secretismo financiero”, recordó Cobus de Swardt, director ejecutivo de TI, en una rueda de prensa en la que presentó un informe sobre el asunto.

“Hay medidas fáciles, simples y efectivas para hacerlo. Desafortunadamente han elegido no implantarlas”, denunció.

Según la organización no gubernamental (ONG), la corrupción cuesta al mundo un 5 % de su Producto Interior Bruto (PIB) anual, y si fuera una industria, sería la tercera del planeta.

Pero las grandes potencias económicas no han adoptado leyes para dificultarla, señala el informe titulado “¿Sólo de fachada?”, en referencia a las promesas adoptadas en las cumbres del G20.

El mayor problema para perseguir el “dinero sucio” es la facilidad con la que operan las empresas sin dueño real conocido, que pueden invertir enormes sumas en beneficio de personas cuya identidad no tienen que desvelar, observa el documento.

Estados Unidos y Canadá no tienen ley alguna para obligar a desvelar los propietarios efectivos (usufructuarios) de las empresas a nombre de administradores, y sólo dos países, Reino Unido e India, obligan a las empresas a informar a sus propios trabajadores quién es la persona responsable de la compañía.

En los demás países del G20 se puede trabajar para una empresa sin derecho a saber quién la dirige, observó Maggie Murphy, autora de informe.

El único país que ha hecho claros progresos en materia legislativa es el Reino Unido, pero falta aún aplicar estas nuevas leyes, además de extenderlas a los territorios británicos de ultramar, por ahora no sujetos a ellas, observó.

Transparencia ha identificado 36.000 inmuebles en Londres -juntos cubren 3,3 kilómetros cuadrados de la ciudad- cuyos propietarios son empresas sin dueño conocido.

Cobus de Swardt subrayó que si bien los “paraísos fiscales” son un problema acuciante, lo verdaderamente grave es la falta de regulación en los grandes centros financieros, como Nueva York, Sidney, Tokio o Shanghái.

“Si tienes mucho dinero, no lo querrás aparcar en una isla: querrás invertirlo en un sitio seguro donde dé grandes beneficios, como Nueva York”, abundó.

Esto es lo que se hace efectivamente, y al igual que Canadá, Australia, Japón y otros cuatro países del G20, los bancos de Estados Unidos pueden hacer legalmente transacciones financieras de clientes cuya identidad desconocen.

En el Reino Unido, EE. UU., Australia y otros cuatro países, los corredores de fincas pueden efectuar la compraventa de terrenos sin saber para quién están trabajando.

“Los intermediarios en el negocio financiero -bancos y agentes- no tienen obligación legal de verificar nada, y el Estado tampoco les ayuda: ni siquiera hay un registro central de empresas con dueños reales desconocidos”, destacó Murphy.

El informe únicamente analiza la legislación en vigor, no su aplicación ni la eficacia con la que la Judicatura persigue tales delitos.

“La corrupción no es la misma en México que en Alemania, pero el marco legal en el que se produce es similar”, matizó De Swardt.

Queda por ver qué ocurrirá cuando el Reino Unido, el único país que ha adoptado una legislación acorde con lo prometido en Brisbane, empiece a utilizarla para destapar la identidad de las empresas secretas.

“Cuando descubran que están sentados encima de miles de millones de ‘dinero sucio’, aún tendrán que decidir qué hacer con ellos”, advirtió el director de TI.

“Pero mientras los países del G20 no cumplen las promesas que ellos mismos hacen, cumbres como la de Antalya, pagadas por los contribuyentes, son poco más que una operación de imagen”, concluyó De Swardt. EFE