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El Gobierno de Cataluña se instala en la desobediencia
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El Ejecutivo catalán da inicio a la campaña del referéndum pese a que la votación está suspendida por el Constitucional

La Generalitat ha optado definitivamente por el camino de la desobediencia para intentar celebrar el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre, pese a las advertencias y prohibiciones de la justicia ordinaria, el Tribunal Constitucional y el Gobierno. El Govern de Carles Puigdemont y los partidos que lo sustentan dieron anoche en Tarragona el pistoletazo de salida a la campaña de la consulta pese a que la votación está suspendida por el Constitucional y la oleada de querellas contra los dirigentes independentistas. El acto de ayer intentó trasladar la imagen de que el referéndum se mantiene intacto y llegó horas después de que la Generalitat avisase por carta al Gobierno de que ya no volverá a rendir cuentas ante Hacienda sobre el dinero que gasta.

El president ya advirtió de su estrategia de desobediencia durante la entrevista que la noche del miércoles concedió a la televisión pública catalana TV3. “¿No han dicho que no podíamos hacer una web? ¿No han dicho que no podíamos aprobar una ley? ¿No dijeron que no podíamos firmar un decreto de convocatoria y celebrar un referéndum? Pues pese a todo lo estamos haciendo”, afirmó. Ayer incidió en el mismo mensaje y se burló incluso de las actuaciones judiciales: “De querella en querella hasta el referéndum”.

Esta declaración de intenciones se ha trasladado ya no solo a la acción del Gobierno autónomo, sino a la de los partidos que lo integran (PDeCAT y ERC), así como a las entidades privadas que impulsan el referéndum.

El máximo exponente de ello fue el acto “unitario” de inicio de la campaña del referéndum, celebrado anoche en Tarragona. A él asistieron el president, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y los principales dirigentes de sus partidos y de las asociaciones de municipios independentistas. Ante unas 4.000 personas, todos aparecieron conjurados para que el referéndum ilegal se celebre pase lo que pase. “¿A menos de 20 días del referéndum alguien cree sinceramente que no votaremos?” se preguntó Puigdemont entre vítores.

El acto llegó precedido de una seria advertencia del Gobierno, que envió una nueva carta a los secretarios e interventores municipales recordándoles que ningún Ayuntamiento podrá ceder locales para las votaciones, permitir la difusión de propaganda o autorizar “cualquier colaboración que ayude al desarrollo del referéndum”. La misiva, remitida por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales fue acompañada de otra advertencia explícita de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Su titular, Enric Millo, transmitió a los responsables de los teatros y locales donde está previsto realizar los actos electorales el auto del Constitucional que suspendió la ley del referéndum aprobada la semana pasada por el Parlament, para que sean conscientes de que esos actos no están amparados por la ley.

El acto de anoche transcurrió con total normalidad. Fuentes de la Delegación del Gobierno insisten en que ello no significa que no se tomen medidas para sancionar a los responsables de ceder el local, que es titularidad de la Diputación de Tarragona. El arranque de campaña va acompañado de todo tipo de iniciativas de la Generalitat y las fuerzas soberanistas para dar una patente de legalidad a la consulta. Sus impulsores se preparaban anoche para empapelar Cataluña con propaganda fomentando la votación, tras hacerlo los últimos días en el Metro y los autobuses de Barcelona. Y ello pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio ayer órdenes explícitas a los alcaldes para que lo impidan.

Preparativos en marcha
Algo parecido sigue ocurriendo con las páginas web oficiales que informan sobre el referéndum y que siguen reclutando voluntarios para la votación. Anoche seguían activas, pese a las órdenes de cierre decretadas tanto por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum, como por el Tribunal Superior. El president y altos cargos de su Gobierno no han dudado en promocionar desde sus cuentas de Twitter los enlaces a las nuevas páginas web, alojadas en servidores extranjeros, puestas en marcha tras el cierre de las originales.

Los preparativos del referéndum siguen en marcha también en lo que se refiere a la Sindicatura Electoral, la autoridad que en teoría debe velar por el buen funcionamiento de la votación. El Constitucional ordenó la disolución de este organismo en el plazo de 48 horas, instrucción a la que tampoco se ha dado cumplimiento por ahora. La Sindicatura seguía ayer con las tareas de sorteo y notificación de la composición de las mesas electorales.

Queda por ver si los alcaldes independentistas optarán también por la vía de la desobediencia de forma generalizada. De momento, la mayoría de ellos acudirán a declarar a petición de la fiscalía. Los que no lo hagan por voluntad propia pueden ser detenidos, aunque el consejero de Interior, Joaquim Forn, dio ayer por hecho que los Mossos buscarán vías “tranquilas” para hacerlo.

Los alcaldes independentistas, casi todos de poblaciones pequeñas y medianas, sí buscarán mañana un golpe de efecto con un acto conjunto de protesta, que contará con la presencia de Puigdemont. Todo ello pese a la querella presentada por la fiscalía contra sus líderes: la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia, Neus Lloveras, y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch.

En medio de este clima de abierta desobediencia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebrará hoy un mitin en Barcelona, y el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presidirá el pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior catalán.

El País