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Expresidentes de Iberoamérica denuncian “crímenes de Estado” en la dictadura de Venezuela
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Más de veinte expresidentes de Iberoamérica condenaron las ejecuciones extrajudiciales que el régimen de Nicolás Maduro emprendió en contra del piloto Óscar Pérez y su grupo.

A través de un contundente comunicado los exgobernantes participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) instaron a “organismos internacionales responsables de la garantía de la democracia y los derechos humanos” para que actúen ante los evidentes crímenes de Estado.

Los expresidentes expresaron en una declaración pública su “consternación” y “la más severa condena a la dictadura de Nicolás Maduro Moros en Venezuela” por la “masacre” del 15 de enero.

Los exgobernantes afirman que estos “crímenes de Estado” son “atentatorios contra los más elementales principios de humanidad” y se dan “dentro de un contexto de profundización del totalitarismo dictatorial”.

Además recordaron la muerte de otros 134 venezolanos que también murieron por la brutal represión del régimen durante las protestas y manifestaciones de 2017.

Agregan que la ley internacional establece que “son inadmisibles” todas las acciones que “pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables” de tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y desapariciones forzadas.

“Hacemos una apelación directa a los organismos internacionales responsables de la garantía de la democracia y los derechos humanos, para que hagan valer su voz y actuación en esta hora que llena de horror y tristeza, como de miedo e impotencia al pueblo venezolano sujeto a secuestro”.
Y es que ante la “masacre del Junquito” las voces internacionales no se han hecho esperar, la ONG Amnistía Internacional (AI) también emitió un comunicado ante la violación a derechos humanos.

AI Indicó que el operativo de las fuerzas de Seguridad del Estado en contra del exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez “parece ser ilegal y levanta múltiples alarmas de violaciones graves a los Derechos Humanos, e incluso de crímenes que están en contra del derecho internacional”.

“En el operativo, los funcionarios utilizaron un arma militar que no solo está diseñada para matar, sino que es un arma que brinda pocas probabilidades de supervivencia”, reseña una nota de prensa de la organización, en relación con el lanzacohetes que usaron los funcionarios.

AI aseguró que han recibido denuncias por parte de los familiares de los insurrectos abatidos, ya que argumentan que sus cuerpos “serán cremados sin autorización y sin las diligencias de la investigación” pertinentes al caso.

“El Estado venezolano debe apegarse a sus obligaciones internacionales incluyendo que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad se enmarque en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, aseveró.

Óscar Pérez, quien se rebeló contra la dictadura en Venezuela, fue abatido con armas de alto calibre y de guerra a pesar de que manifestara su intención de entregarse pacíficamente; sin embargo, las fuerzas policiales abrieron fuego sin mediar palabra.

En el procedimiento de captura contra Óscar Pérez no solo hubo opacidad sino que además se descubrió la violación de procedimientos militares; presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad que podrían llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de Justicia.

Y es que la dictadura hizo uso desproporcionado de la fuerza, no preservó el derecho a la vida, utilizó armas de guerra y antitanques, y permitió la infiltración de grupos civiles paramilitares en plena operación de captura.

Sabrina Martín/Panampost