Internacional
La ruina de la dirigencia brasileña
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SÃO PAULO, Brasil — Un año después de la absurda destitución de Dilma Rousseff, Brasil vuelve a sumirse en una crisis. El débil apoyo político del presidente Michel Temer se evaporó después de que se divulgaran las grabaciones de su conversación con Joesley Batista, un magnate de la industria cárnica. En una conversación grabada en secreto en marzo, Batista le contó a Temer las distintas formas en que obstruyó la justicia. Algunos de los principales aliados de Temer en el congreso —incluyendo a Aécio Neves, el senador que perdió por un margen muy estrecho las elecciones presidenciales a favor de Rousseff— también fueron grabados solicitándole sobornos a Batista.

La reciente crisis difícilmente es una sorpresa. Las notorias prácticas de corrupción del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Temer, eran conocidas por la élite económica y los medios brasileños que respaldaron su ascenso al poder y lo percibieron como una oportunidad de oro para imponer un impopular programa de austeridad. Unos meses después de haber asumido el cargo, seis de sus ministros tuvieron que renunciar debido a su participación en distintos escándalos de corrupción. Solo era cuestión de tiempo para que se conocieran las pruebas de que el mandatario también estaba involucrado en prácticas ilegales.

En la raíz de esta corrupción endémica está la consolidación del poder entre un puñado de grupos que muestran un desprecio total por el proceso democrático y el Estado de derecho. Hoy en día grandes sectores de la sociedad están sujetos a la discriminación racial y una profunda desigualdad económica. Con frecuencia los pobres no tienen acceso a la justicia, y los funcionarios gubernamentales rara vez tienen que rendir cuentas.

A pesar de que se han elegido presidentes progresistas, estos han carecido de una mayoría funcional en el congreso. Esta es una de las más dañinas herencias del sistema político que ha estado en vigor durante las dos décadas anteriores. Los presidentes se han visto forzados a forjar coaliciones —a menudo alianzas extrañas— para garantizar la gobernabilidad. Los grupos de poder arcaicos y corruptos con una gran representación en el parlamento han desempeñado un papel clave en el gobierno. El PMDB de Temer, por ejemplo, ha formado parte de todos los gabinetes desde 1985.

El Congreso Nacional Brasileño es un claro ejemplo de un sistema de representación política distorsionado. Los hombres de negocios de raza blanca controlan casi el 70 por ciento de los escaños. Las mujeres tienen solo un diez por ciento y los brasileños afrodescendientes otro 20 por ciento, en un país donde ambos sectores conforman una mayoría. Las campañas son costosas y los partidos políticos han proliferado (ahora hay 39); con frecuencia estos últimos “venden” su apoyo y tiempo al aire a cambio de beneficios de los partidos gobernantes. Las corporaciones millonarias que se benefician de los grandes proyectos de infraestructura financian de manera rutinaria a ciertos candidatos para proteger sus intereses. Por lo general, el apoyo financiero se da entre bambalinas y no se registra. JBS, el gigantesco conglomerado dirigido por Batista, confesó haber financiado las campañas de casi un tercio de los miembros del actual congreso.

Sin la supervisión y el control adecuados, solo quienes pagan tienen voz. Por ejemplo, se acusa al presidente del parlamento, Rodrigo Maia, de vender su apoyo a las modificaciones a las normas sobre las concesiones del aeropuerto que favorecieron a una constructora, a cambio de respaldo para su campaña. Casi el 35 por ciento de las modificaciones propuestas en las recientes reformas a la ley laboral no se concibieron en el legislativo sino en las oficinas de las federaciones brasileñas de la industria, las finanzas, el comercio y el transporte. La poderosa camarilla de cabildeo agrícola de Brasil logró que se aprobara un informe impactante que recomienda el desmantelamiento de la agencia para asuntos indígenas, la FUNAI, la revisión de las normas sobre concesión de tierras y el enjuiciamiento de activistas de derechos indígenas. Ni siquiera se permitió que los grupos indígenas entraran a las sesiones en las que se discutió el informe.

¿Adónde llegará Brasil después de esta nueva ola de escándalos? Se considera que la caída de Temer es inevitable debido a la cantidad de pruebas en su contra. Sin embargo, la coalición en el poder lo está manteniendo en su cargo mientras se encuentra a un sustituto creíble para implementar las medidas de austeridad y contener las investigaciones sobre corrupción. Sin embargo, el resultado es impredecible. Las tensiones crecen conforme grupos cada vez más grandes de la sociedad civil cuestionan la legitimidad del actual gobierno. Ya hay violencia y represión en las protestas urbanas, así como en áreas rurales de Mato Grosso y Pará, donde se han asesinado a campesinos por disputas sobre la tierra.

En este contexto, la única forma de avanzar es identificar a una nueva dirigencia con la legitimidad necesaria para restaurar el respeto a la práctica de gobernar y realizar elecciones directas. Sin embargo, la Constitución de Brasil establece que el congreso debe realizar unas elecciones indirectas para remplazar al presidente en caso de que el cargo quede vacante en los últimos dos años de un periodo presidencial, como sucede ahora. Por decir lo menos, darle poder a un congreso con un tercio de sus miembros bajo investigación criminal representa una continuación desmoralizante —y peligrosa— del corrupto statu quo.

Los cuestionamientos legales y políticos de llevar a cabo unas elecciones indirectas ya se habían presentado al congreso mucho antes de esta crisis. Sin embargo, han sido bloqueados por la mayoría de los miembros que no están dispuestos a renunciar al poder, y por la élite económica, que está asustada por el posible retorno de la izquierda si hay elecciones directas.

La amarga lección aprendida es que la corrupción seguirá siendo una amenaza sistemática hasta que haya una revisión cuidadosa de la ley electoral y a menos que la rendición de cuentas sea rutina para todos. El financiamiento público de las campañas y los topes de costos podrían contener la abrumadora presión de los cabildeos económicos. La calidad de la representación podría mejorar al establecer un umbral electoral para la representación estatal y en el congreso para que refleje la actual distribución demográfica. Desafortunadamente, todas estas soluciones requieren que el parlamento actúe y los legisladores se las han arreglado una y otra vez para dejarlas atrás, y así evitar que su poder se debilite.

Cualesquiera que sean las soluciones que se encuentren a corto y largo plazo, la política brasileña seguirá sufriendo de inestabilidad hasta que se permita a los votantes desalojar a una dirigencia política en quiebra de los poderes ejecutivo y legislativo, y recuperar el control de su democracia.

Paulo Sérgio Pinheiro/El País