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La tensión sube en Brasil a la espera de nueva lista de políticos sospechosos
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La clase política brasileña espera con una creciente tensión por la inminente divulgación de una nueva lista de implicados en el escándalo de Petrobras, la cual se afirma que salpicará a varios ministros y decenas de legisladores.

Esa lista fue elaborada por la Procuraduría General con base en los testimonios de 77 exdirectivos del grupo Odebrecht sobre la participación de la empresa en esa trama, en los que han aportado detalles sobre la actuación de un número indeterminado de políticos.

El procurador general, Rodrigo Janot, ha dicho que puede presentar esa lista a la Corte Suprema en cualquier momento, aunque no ha confirmado cuándo lo hará, con lo cual la incertidumbre cundía aún en el Parlamento y casi todos los partidos políticos.

Una vez entregada esa lista, que incluirá una serie de pedidos de investigación, el magistrado Luiz Edson Fachin, instructor del caso en el Supremo, decidirá si autoriza esas nuevas indagaciones y si los nombres de los políticos citados serán publicados.

Hasta ahora, esos testimonios permanecen bajo secreto procesal, pero la prensa local ha obtenido informaciones sobre su contenido, que no han sido desmentidas por los tribunales y hablan de que han implicado a cerca de un centenar de políticos.

Entre ellos figuran al menos dos de los más cercanos ministros del presidente del país, Michel Temer, a quien el escándalo también pudiera salpicar de alguna manera.

La situación parece más comprometida para el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, una suerte de “mano derecha” de Temer, quien habría negociado con Odebrecht una financiación ilegal para campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio mandatario.

Padilha estuvo de licencia médica durante veinte días debido a una operación para la retirada de la próstata y hoy retomó a sus labores, sin hacer comentarios públicos sobre el asunto.

Entre otros posibles sospechosos estaría, según la prensa local, el nuevo canciller, Aloysio Nunes, quien asumió el cargo la semana pasada en lugar de José Serra y como él pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que también estaría en lo que se conoce como “la lista de Janot”, en alusión al procurador.

Las informaciones publicadas por la prensa sobre los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht también pueden afectar a políticos de otras formaciones y en particular del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, esta última destituida en agosto pasado.

En otro de los diversos flancos judiciales abiertos por la trama de Petrobras, el patriarca de la constructora, Emilio Odebrecht, fue interrogado por el juez Sergio Moro, responsable por el caso en la primera instancia, y aceptó que la empresa financió políticos en forma ilegal.

Según dijeron sus abogados, Odebrecht sostuvo que “eso siempre existió”, que era “un modelo reinante” y que por eso mismo el grupo financiaba en forma “oficial y no oficial” a diversos partidos para unas mismas elecciones.

En ese mismo sentido se pronunció el exministro de Justicia José Eduardo Cardoso, abogado de la expresidenta Rousseff, quien declaró ante Moro que “la contabilidad paralela” y no declarada en campañas electorales “es histórica y cultural en Brasil, pero que no siempre abriga la práctica de la corrupción”.

Según Cardoso, obtener “donaciones” y ocultarlas a la justicia electoral “es ilegal” y también “éticamente reprobable”, pero “no se equipara necesariamente con corrupción o lavado de dinero”.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que muchas de esas “donaciones” no declaradas para campañas eran producto de acuerdos con políticos, que recibían ese dinero a cambio de amañar contratos con Petrobras para Odebrecht y otras empresas.

Esa tesis fue aceptada la semana pasada por la Corte Suprema, que bajo ese argumento instauró una causa penal contra el senador Valdir Raupp, acusado de corrupción lavado de dinero por 500.000 reales (hoy 161.000 dólares) que recibió de la constructora Queiroz Galvao para su campaña electoral en 2010.

Raupp, del PMDB, alegaba que el dinero fue declarado en las cuentas que entregó a la justicia electoral, pero los magistrados afirmaron que existen indicios de que era producto de maniobras hechas por el senador para la aprobación parlamentaria de proyectos que favorecían a Queiroz Galvao.

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