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Libia se ha convertido en un país más opresivo que en tiempos de Gadafi
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Libia se ha convertido en un país más opresivo que en tiempos del dictador Muamar el Gadafi, donde las dos facciones que se disputan el poder no toleran la más mínima crítica en las áreas que controlan, según ha comprobado la ONU.

Esa rivalidad, conjugada con el desgobierno y la fragmentación del país, ha permitido que los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) extiendan su poder y perpetren ataques sin necesidad de alianzas con ninguna de las partes del conflicto.

“Libia hoy es más opresivo desde la revolución. Cada campo, compuesto por numerosas milicias, no tolera ni disensión ni críticas en las áreas bajo su control”, sostuvo hoy el jefe de la división de derechos humanos de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, Claudio Cordone.

“En el terreno hay varias guerras. Hay combates en Bengasi, en Trípoli y alrededores. Está el Estado Islámico que controla la ciudad de Syrte y que con unos 1.500 (combatientes), nadie sabe exactamente cuántos son, está claro que puede perpetrar ataques”, dijo.

El Estado Islámico -subrayó Cordone- parece actuar de manera autónoma y con poca lealtad (hacía otros grupos insurgentes), ya que para cumplir sus fines tiene a sus propios milicianos.

Sin embargo, el representante de la ONU consideró poco probable que ese grupo terrorista pueda controlar grandes extensiones de territorio, como lo hace en Irak y Siria, ya que en Libia no tiene a su favor la división sectaria (entre musulmanes chíies y suníes) que facilitó su expansión en esos dos países.

En total, la ONU estima que entre 200.000 y 300.000 combatientes disponen de armas en Libia y luchan por alguno de los dos bandos: por un lado el Gobierno internacionalmente reconocido y que se ha instalado en Tobruk, y otro de facto y rebelde desde la capital, Trípoli.

La cifra de los que participan en las hostilidades es diez veces mayor ahora, con respecto a los 20.000 a 30.000 revolucionarios que provocaron la caída del régimen de Gadafi en 2011.

La gran mayoría de actuales combatientes carecen de formación y experiencia en la lucha, a pesar de lo cual han recibido armas y reciben un salario.

Libia tiene una población aproximada de seis millones de personas, de las que se estima que unos 400.000 son desplazados internos de la última etapa del conflicto, que se ha recrudecido desde mayo de 2014.

La situación de desgobierno e inestabilidad provocó además el fuerte incremento del número de inmigrantes irregulares que zarpan desde Libia -procedentes de África subsahariana y cada vez más de Siria- hacia las costas de Europa por el Mediterráneo.

Si el año pasado fueron unos 130.000, la tendencia indica “que este año será peor”, adelantó Cordone.

Sobre la solución del conflicto, sostuvo que ésta sólo puede ser política y que en ella deben involucrarse, indefectiblemente, los países que tienen influencia en una u otra parte.

Mencionó a Egipto y Emiratos Árabes Unidos como los dos países que pueden ser escuchados por el Gobierno libio de Tobruk, mientras Qatar y “hasta cierto punto” Turquía lo son por los rebeldes de la coalición Amanecer Libio (compuesta originalmente por milicias islamistas de Misrata).

Se teme que los intereses regionales sean contraproducentes para una solución política al caos en Libia.

“Una solución militar no es posible y, a menos que se llegue a un acuerdo, el conflicto será de largo plazo y empeorará porque ninguna parte está en posición de vencer a la otra”, aseguró Cordone.

Un informe de la división de derechos humanos de la ONU en Libia, presentado hoy, denuncia la violenta persecución que sufren los defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas, que incluso habiendo abandonado el país siguen recibiendo amenazas o siendo víctimas de agresiones en el país al que han huido, principalmente Túnez.

Muchos activistas han desaparecido y otros han optado por esconderse.

Los distintos grupos armados que operan en Libia son responsables de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas, mientras “los defensores de los derechos humanos que intentan documentar y denunciar estas violaciones sufren a su turno represalias”, señala el informe.

EFE