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Nicaragua y Venezuela: un ataque a la oposición
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CARLOS MALAMUD

(Infolatam).- En las últimas jornadas se han conocido en Nicaragua y Venezuela sendos ataques contra la oposición política con el único objetivo de garantizar la continuidad de los gobernantes. Todo esto se ha producido aún a costa de tensar hasta lo inimaginable la estabilidad institucional y el futuro democrático de los dos países.

En Nicaragua, la justicia electoral ha decidido despojar a los parlamentarios de la oposición de los escaños que estaban en su poder. En Venezuela, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) ha pedido ilegalizar a la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) por un supuesto fraude cometido en el proceso de recogida de firmas para la convocatoria del referéndum revocatorio.

Pese a las grandes diferencias existentes entre estos dos procesos políticos hay algunos puntos en común entre los presidentes Daniel Ortega y Nicolás Maduro, comenzando por su frontal desprecio a los derechos de las minorías (o incluso de las mayorías cuando no son las que los sostienen) y su predisposición a vulnerar la legalidad, aunque sea la propia.

En ambos casos, el Poder Judicial en sus distintas instancias y manifestaciones está claramente subordinado al Ejecutivo. No se trata de que uno, dos o más jueces sean afines al gobierno y redacten sentencias en su defensa. Nos enfrentamos a la entera corporación judicial sometida a la voluntad presidencial y actuando sistemáticamente en esa dirección. Con este respaldo, ¿cómo no se van a vulnerar las leyes de forma sistemática y con total impunidad?

En Nicaragua, los diputados opositores fueron electos en 2011, pero el Consejo Supremo Electoral (CSE) recién ahora decide separarlos de sus cargos. Se supone que la justicia electoral debe velar por el buen desarrollo de las elecciones, evitando el fraude, el ventajismo del gobierno, la mala financiación de las campañas y otras cuestiones semejantes. Ahora bien, el funcionamiento interno de los partidos políticos, la adhesión o no de sus militantes, cargos electos o parlamentarios a las autoridades partidarias no debería formar parte de su labor.

Esto es al menos lo que se puede leer en la web del CSE, en el apartado en que se detalla minuciosamente su “misión”: “Organizar, dirigir y supervisar las elecciones, plebiscitos y referendos de acuerdo a la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley Electoral y Resoluciones dictadas por el Pleno del Consejo Supremo Electoral, garantizando transparente y eficientemente el ejercicio del derecho al voto de manera justa y competitiva”.

En Venezuela, Jorge Rodríguez, destacado militante del PSUV y hermano de la ministra de Exteriores, impulsó la solicitud de “la cancelación de la inscripción del partido político MUD por estar incurso en el más gigantesco fraude electoral que haya conocido la historia”. Basó su pedido en ciertas irregularidades cometidas durante el proceso de recolección de firmas, como la inclusión de fallecidos, inhabilitados políticos y menores de edad.

Se da la circunstancia de que la oposición logró validar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) casi 410.000 firmas de las 1.300.000 recolectadas a finales de abril. Esta cantidad supone el doble de lo exigido para comenzar el proceso que ponga en marcha el revocatorio, pese a las innumerables trabas impuestas por un CNE subordinado al gobierno. Así, por ejemplo, se le dio un plazo de sólo cinco días, con ocho horas diarias de atención, para validar el 1% de las firmas de cada uno de los 24 estados, y con escasos medios técnicos a su disposición. Por supuesto con un acceso mucho más difícil en los territorios con dominio opositor.

Lo absurdo del caso es que si la oposición fue capaz de recolectar más de 1,3 millones de firmas y validar más de 400.000 en un tiempo récord tenga que recurrir al fraude para alcanzar sus metas. El objetivo de la jugada es claro, ilegalizar a la MUD y, de paso, impedir la celebración del revocatorio. Y todo esto mientras hay una negociación en curso entre el gobierno y la oposición, teóricamente avalada por Maduro, para reconducir la terrible crisis política y económica que sacude al país.

En 1979 la Revolución Sandinista permitió la destitución de Anastacio Somoza. De este modo concluía un régimen cleptocrático y nepotista, estructurado en torno a los negocios familiares del clan Somoza. Hoy la abismal distancia que entonces separaba a Daniel Ortega y Anastacio Somoza parece haber desaparecido. Ortega se asemeja cada vez más a una mala caricatura de Somoza. La corrupción ha vuelto a Nicaragua y los negocios de la familia presidencial son cada vez más evidentes. La primera dama Rosario Murillo es a su vez portavoz del gobierno, con el título de Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que le permite una alta exposición pública, política y mediática.

A la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), de 2015 en Costa Rica, Ortega asistió junto a Rosario Murillo (canciller en funciones), Luciana y Camila Ortega Murillo (asesoras presidenciales), y  el primogénito Rafael Ortega Murillo (asesor con rango de ministro). Otro hermano,Laureano Ortega Murillo es asesor presidencial para inversiones y controla la mayor parte de los negocios con Rusia y China, incluyendo los tratos con Wang Jing para la construcción de un canal bioceánico.

La deriva autoritaria de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela es creciente y preocupante. En Venezuela el desprestigio del gobierno es casi total, algo que todavía no ocurre en Nicaragua. Ni Ortega ni Maduro tienen el menor empacho en vulnerar la legalidad y la Constitución para mantener sus privilegios y perpetuarse en el poder. Pese a ello, o quizá por ello, el futuro político y penal de ambos es sumamente complicado.