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UIP sugiere envío de misión a Venezuela pero espera autorización
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El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) recomendó este jueves que haga una “visita” a Venezuela para verificar la supuesta persecución a la que son sometidos los parlamentarios opositores, aunque supeditó esa misión al acuerdo previo de las autoridades.

“El Comité está convencido, y más ahora a la luz de los últimos acontecimientos, de que una visita a Venezuela ofrecería una oportunidad útil y directa de tener una mejor comprensión de hechos muy complejos”, afirma el Comité en una resolución conocida este jueves.

“Esperamos, por lo tanto, que la visita pueda tener lugar en un futuro cercano -prosigue el texto- por lo que solicitamos al secretario general que busque el acuerdo de las autoridades parlamentarias venezolanas”.

Esta recomendación del Comité de Derechos Humanos fue elevada este jueves al Consejo de Gobierno de la UIP (máximo órgano de decisión) y tras darle el visto bueno, fue adoptada.

Los diputados de la oposición venezolana esperaban que el Comité decidiera mandar una misión de investigación aún sin el acuerdo previo de las autoridades, dado que temen que los diputados oficialistas nunca la autoricen.

La UIP ha celebrado esta semana en Ginebra, donde tiene su sede, su asamblea bianual, oportunidad que aprovechó Alfonso Marquina, único representante de la oposición venezolana, para denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos de los legisladores opositores e intentar convencer al Comité de la necesidad del envío de la misión.

Objetivo contrario tenían los diputados oficialistas que participaron de la asamblea de la UIP, encabezados por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, quienes negaron los hechos denunciados por Marquina e intentaron convencer al Comité de lo inapropiado de enviar una misión de investigación.

Si bien el Comité ha decidido no enviar directamente la misión, sí ha criticado abiertamente en su resolución los procesos abiertos contra 14 diputados opositores y como han sido implementados.

El texto lamenta y muestra “preocupación” por los casos, entre otros, de los diputados Richard Mardo y Mercedes Aranguren, a quienes les fue allanada su inmunidad parlamentaria con una mayoría simple del Parlamento, y destaca los procedimientos existentes para inhabilitar a Juan Carlos Caldera, María Corina Machado y a William Dávila.

“Esta suspensión no sólo puede conllevar la pérdida de un mandato completo, lo que implicará no sólo negar sus derechos políticos, sino también los derechos del electorado de ser representado en el Parlamento”.

Los miembros del Comité han mostrado su preocupación porque estos procesos tengan “muchas connotaciones políticas”, dado que ha sido la propia Asamblea Nacional la que los ha liderado, y no una autoridad judicial.

“Estas decisiones ya han tenido gran significado político porque han modificado el equilibrio de poderes en el Parlamento y la fuerza de la oposición”, critica la resolución.

Asimismo, el texto “recuerda” que una misión del Comité estaba preparada para partir a Venezuela en junio del 2013, y fue cancelada en el último momento para que las autoridades pudieran organizar una visita que finalmente nunca tuvo lugar. EFE