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Una ley dictará el proceso para que Felipe VI jure ante las Cortes
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En casi 40 años de monarquía parlamentaria, España no ha aprobado ninguna ley que regule el procedimiento para la sucesión en la Corona. Por eso, el Gobierno ha de preparar ahora una norma, de la que ya existía algún borrador, que se tramitará por la vía de urgencia y que determinará cada uno de los pasos a seguir para que el príncipe Felipe acceda a la jefatura del Estado. El proceso puede concluir en apenas dos semanas.

 

La Constitución obliga a resolver este trámite a través de una ley orgánica: “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”, señala el artículo 57.5. Según el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, la ley será muy breve y únicamente regulará el proceso de abdicación por el que don Juan Carlos deja el trono a su hijo, el príncipe Felipe. Lo que seguro que incluirá es el escrito de abdicación que debe estar refrendado por el presidente del Gobierno.

 

La ley orgánica se tramitará y aprobará por la vía de urgencia. Ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que se producirá oficialmente la abdicación. El relevo en la Corona culminará con el juramento del Príncipe ante el Congreso y el Senado y su coronación como Felipe VI. La imprevisión obligará a que se eche mano del sentido institucional, ya que este juramento ha de celebrarse en una sesión conjunta del Congreso y Senado, pero el legislador tampoco ha redactado en 40 años el reglamento que regule este tipo de sesiones, preceptiva en el caso de sucesión en la Corona.

 

El acto supondrá la proclamación del rey por parte de las Cortes Generales ante las que jurará “desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”, como señala la Constitución.

 

La abdicación dejará al Rey en una situación jurídica que tampoco está reglada. La misma ley orgánica podría incluir una referencia a esta protección ante los tribunales, ya que don Juan Carlos dejará de ser inimputable, una condición que se limita al jefe del Estado. Tampoco incluirá, previsiblemente, alusiones a la aún Reina, doña Sofía, que, con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, iba a pasar a contar con el privilegio del aforamiento. Este estará ahora destinado a doña Letizia.

 

La falta de reglamentación no sólo deja dudas sobre la protección jurídica, sino que tampoco existe previsión sobre los derechos con los que contará don Juan Carlos cuando deje de ser Monarca.

 

No obstante, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, José Peña González, considera que se debería aprovechar la ley para incluir alguno de estos aspectos, pese a que considera que “cualquier decisión jurídica no debería ser improvisada”.

 

La sorprendente decisión del Rey sacará a la palestra de nuevo la reforma de la Constitución, sobre todo, en lo que respecta a los derechos sucesorios que actualmente discriminan a las mujeres. Sin embargo, ni Pendás ni Peña consideran que este sea el momento para abordar una reforma que, después de tanto tiempo sin emprender, merece hacerse con calma.

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunirá mañana, martes, de forma extraordinaria el Consejo de Ministros para iniciar los trámites. Una vez que el Ejecutivo apruebe el proyecto de ley en Consejo de Ministros, el texto será enviado al Congreso para su aprobación, de donde pasará al Senado y podrá entrar en vigor. En ambas Cámaras se requerirá mayoría absoluta. El proceso puede ser tan rápido como quieran los grupos parlamentarios y en un “plazo muy breve”, según fuentes del Ejecutivo, y las Cortes podrán proclamar a Felipe VI.

 

(Con información de El País)