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12-F: Los cabos sueltos de la impunidad
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“Maduro fue el primero que contaminó la investigación”, afirma el criminólogo Javier Gorriño al recordar que el presidente de la República se apresuró a informar que los dos primeros asesinatos ocurridos al final de la marcha opositora que se llevó a cabo el 12 de febrero de 2014 fueron cometidos con una misma arma. “Fueron asesinados con la misma pistola. Quien asesinó primero a Juancho, después disparó contra Bassil Da Costa”, aseguró el jefe del Estado en cadena nacional, al día siguiente de los hechos que, dos años después, siguen envueltos en la bruma de la incertidumbre y la impunidad.

La investigación de esos homicidios, los primeros de 42 que ocurrieron durante los meses de conflictividad y protestas que marcaron 2014, partió con la falla de origen de la declaración adelantada de Maduro. “En un país presidencialista, donde no hay división de poderes, el peso de una declaración pública de este calibre por parte del presidente de la República es determinante, concluyente. ¿Qué funcionario subalterno se va a atrever a contrariar la versión presidencial? Esa expresión le hizo mucho daño a la investigación, porque la mimetizó con una intencionalidad política, lo cual no es nuevo en este gobierno. Igual pasó con Danilo Anderson, Eliécer Otaiza, Robert Serra”, asegura el también criminalista Fermín Mármol García.

El presidente trabajó desde el primer día en configurar culpables y víctimas. No escatimó elogios para honrar la memoria de Juan Crisóstomo Montoya González, de 51 años de edad, quien fuera el máximo líder del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que agrupa a 107 colectivos de la Gran Caracas. Maduro identificó a “Juancho” como un dirigente social que se forjó desde los años setenta y que se había unido al desarme promovido por el Movimiento por la Paz y la Vida. Aseguró que Montoya se había pacificado y que, al igual que todos los colectivos que dirigía, había entregado “unas armas viejas que utilizaron en los ochenta para defenderse de la delincuencia y las bandas criminales”.

El jefe del Estado omitió otros datos importantes sobre Montoya, por ejemplo que en 2008, cuando estaba adscrito a la Policía de Caracas, fue acusado por el lanzamiento de un artefacto explosivo contra la sede de Fedecámaras, hecho en el que murió su acompañante, Héctor Amado Serrano.

Por el contrario, Maduro se refirió a Bassil Alejandro Da Costa Frías, de 24 años de edad, como un joven carpintero que inicialmente fue confundido con un estudiante de la Universidad Alejandro Humboldt. “Parece militante de estos grupos radicales”, deslizó. Otra vez la criminalística se encargaría de enmendar los errores de los juicios de valor emitidos por el presidente, pues a Da Costa le fueron practicados exámenes de análisis de trazas de disparo y se verificó que el 12-F no accionó armas de fuego.

La prueba madre, un hueso. En opinión de Gorriño y Mármol García, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas hizo en esos casos lo que indica el abecé de la investigación de cualquier homicidio perpetrado en el contexto de una manifestación de calle: 1) identificar a las personas que dispararon, 2) recabar las armas utilizadas, 3) colectar los proyectiles extraídos de los cadáveres, y 4) realizar la correspondiente comparación balística.

En el acta N° 9700-018-0650-14, realizada el mismo 12 de febrero y suscrita por los expertos en balística del Cicpc Juan Torres y Jolfred Pamplona, quedó asentado que el arma homicida de Bassil Da Costa era una pistola Beretta calibre 9 mm, modelo 92FS, seriales F06136Z, asignada al comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho.

En la jerga policial –comenta Gorriño– tales resultados constituyen un hueso, una conclusión tan contundente que permiten afirmar que el caso está “policialmente resuelto”. Lo que quedaba era un silogismo simple: si se utilizó una misma arma para cometer los dos asesinatos, como aseguró el presidente, y está comprobado que Perdomo Camacho mató a Da Costa, este funcionario del Sebin también sería el responsable de la muerte de Montoya.

El abogado Joel García, apoderado judicial de Jeneth Frías, la madre de Da Costa, precisa que la duda sobre la autoría material del homicidio la sembró la Unidad Criminalística del Ministerio Público, cuyos técnicos aseguraron que los campos y las estrías del proyectil deformado que se extrajo del cadáver del joven de 24 años de edad no eran suficientes para realizar la comparación con el arma homicida que, según determinó el mismo Cicpc, portaba el comisario del Sebin Perdomo Camacho. La Fiscalía consideró necesaria una tercera experticia y se mandó a realizar en Brasil, sin mayores explicaciones de por qué en ese país. Esa tercera experticia coincide con la primera, con la realizada por el Cicpc. Ello constituye la prueba madre para avanzar en el juicio con la certeza de que el autor material de la muerte de Bassil fue Perdomo Camacho.

García, Gorriño y Mármol García consideran técnicamente imposible que haya divergencias en los resultados de las experticias de comparación balística, a menos que se haya manipulado alguno de los proyectiles extraídos a los cadáveres de las dos víctimas. “Se trata de una prueba sencilla, similar al cotejo de las huellas digitales de una persona”, comenta Gorriño. “Pero no sería la primera vez que se alteran pruebas para favorecer a alguien”, agrega Mármol García.

Los homicidios de Montoya y Da Costa se empezaron a investigar conjuntamente. Ocurrieron en la misma avenida Sur 11 de Candelaria, entre las esquinas de Monroy y Tracabordo, con una diferencia de pocos minutos. En el escrito acusatorio interpuesto ante el Tribunal 48 de Control por los fiscales del Ministerio Público Johanna Peña, Carla Chirinos, Miguel Hernández y Alejandro Corser se identifican como víctimas al joven y al líder de los colectivos chavistas. Además de Perdomo Camacho, fueron acusados por los dos crímenes los funcionarios del Sebin José Manuel Benigno Pérez, comisario jefe; Edgardo José Lara Gómez, subcomisario; Héctor Andrés Rodríguez Pérez, inspector; los detectives Jonfer Márquez Fernández y Jimmy Alexis Sáez Osorio, el sargento segundo del Ejército Jonathan José Rodríguez Duarte y el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana Andry Yoswual Jaspe López, los dos últimas escoltas del para entonces ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.

Los funcionarios se presentaron ante los fiscales el 25 de febrero de ese año, dos semanas después de los hechos. Perdomo Camacho está preso en una sede del organismo al que pertenece, el Sebin El Helicoide, y que fue acusado por homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República y. asociación para delinquir. Los otros cuatro funcionarios del Sebin, el militar y el PNB fueron acusados por los mismos delitos, excepto el de homicidio, y obtuvieron libertad condicional.

Los colectivos desaparecen. A las 10:15 am del 15 de febrero de 2014, un hombre que no quiso identificarse por temor a represalias hizo una llamada telefónica a la División contra Homicidios del Cicpc. Aseguró que sabía quienes eran “las personas que en compañía de funcionarios del Sebin”, se precisa en el acta policial, dieron muerte a Montoya y Da Costa.

El informante anónimo abundó en detalles sobre la intervención de José Miguel Domínguez Ramírez, apodado Miguelito: “Aparece en los videos de las redes sociales portando arma de fuego y accionándola contra los manifestantes. Vestía camisa manga larga color beige, pantalón blue jean y casco grande de motorizado color negro. Este es el líder del colectivo Continente”. También mencionó a Giovanni José Valladares López.

El Cicpc confirmó la veracidad de los datos suministrados por el informante, entre ellos que Domínguez Ramírez y Valladares López eran funcionarios activos de Policaracas. Incluso, la policía científica determinó que Miguelito estaba involucrado en varios homicidios, entre ellos el del detective de la subdelegación de El Valle Edison José Flores Padrón, ocurrido en 2008.

Domínguez Ramírez se presentó voluntariamente ante el Tribunal 48 de Control el 16 de junio de 2014, un día antes de la celebración de la audiencia preliminar, asistido por el ex fiscal del Ministerio Gilberto Landaeta. A pesar de las pruebas recabadas por la Fiscalía sobre su participación en los hechos donde murieron Montoya y Da Costa, Miguelito nunca más fue mencionado en el proceso penal.

La actuación de integrantes de colectivos oficialistas junto con funcionarios del Sebin en contra de los manifestantes también fue verificada por el Cicpc a través del análisis técnico de decenas de registros fotográficos y audiovisuales de ese día. En el acta policial elaborada el 18 de febrero y suscrita por el funcionario de la División contra Homicidios Adrián Escobar, quedaron plenamente identificados Domínguez Ramírez, Valladares López, así como Kevin Jesús Asenso, también integrante del colectivo Continente, que en las imágenes aparecía a bordo de una moto Kawasaki, modelo KLR, colores negro y verde, placa 2-177, perteneciente al Sebin.

En ese mismo documento se comprueba que los colectivos y el Sebin actuaron coordinadamente para reprimir con armas de fuego a los manifestantes que salieron a las calles el 12-F. En varios de los registros analizados aparece el comisario del Sebin Melvin Eduardo Collazos Rangel disparando contra los opositores. Sin embargo, Collazos Rangel fue exonerado de toda responsabilidad.

La posible participación, arma en mano, de Montoya junto con los funcionarios de seguridad contra los manifestantes opositores el 12-F desmentiría al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la figuración de Juancho Montoya en los hechos de sangre ocurridos el 12-F no se limita a su condición de víctima. Su hermano, Jonny Montoya, reitera que el líder de los colectivos de Caracas recibió un impacto de bala en la cara después de herir con el arma de fuego que portaba ese día a un manifestante. Es decir, los integrantes de los colectivos se hicieron presentes en los alrededores de la sede del Ministerio Público para enfrentar a los opositores que tomaron las calles.

“El fiscal Miguel Hernández me mostró unos videos que registran el momento cuando matan a Juancho y que nunca se hicieron públicos. Allí aparecen por lo menos cinco personas disparando; aparecen con los rostros descubiertos y tres de ellos pertenecen a los colectivos Waraira Repano, de Pérez Bonalde, y Oswaldo Arena, de Petare. Después que uno de ellos le dio a mi hermano, los otros cuatro hicieron lo que los malandros llaman parampampán, es decir, hicieron muchos disparos al aire para crear pánico e impedir la identificación del autor material”, asegura Jonny Montoya, que después de 18 años de servicio en Policaracas fue expulsado de este cuerpo de seguridad. Asegura que cayó en desgracia con el gobierno luego de denunciar mafias en Policaracas. El deslinde definitivo tuvo que ver con su inconformidad con el giro que habían tomado las investigaciones sobre la muerte de Juancho. Hasta en la OEA, el hermano de la víctima ha denunciado sesgo político e irregularidades en la investigación del homicidio.

Los colectivos aparecen. El mayor giro de las pesquisas se hizo evidente el 30 de junio de 2014, cuando Hermenegildo Barrera Niño, también conocido como Hermes, se presentó voluntariamente ante el Tribunal 48 de Control para aportar su testimonio en las investigaciones, en las que se le acusa como presunto homicida de Montoya. Tuvo que volver al día siguiente, pues el juez no estaba para recibirlo. Junto con su declaración consignó una evidencia fundamental en el caso: la pistola Beretta que asegura que portaba el 12-F.

Barrera Niño era el heredero político de Juancho, estuvo a su lado cuando cayó abaleado cerca de la esquina Monroy, e incluso cargó el ataúd del muerto. En horas de la mañana, antes de ponerse a derecho, Hermes ofreció una conferencia de prensa en Petare, acompañado de otros dirigentes del Secretariado Revolucionario de Venezuela. “En caso de que obre cualquier tipo de investigación en nuestra contra o de los colectivos que represento, pido que se nos oiga y se nos respete la garantía de ser juzgados en libertad. Confío en el sistema de justicia y en los poderes que tenemos”, dijo. Reiteró su inocencia, pero en esa oportunidad no ratificó lo que había dicho el 15 de febrero de 2014, que a Juancho lo habían matado funcionarios del Sebin.

Jonny Montoya califica la actuación de Hermes como una entrega controlada: “Se entregó con la seguridad de que no lo iban a mandar a una cárcel de presos comunes y que saldría en libertad en poco tiempo”. Mármol García le da crédito a tal versión: “Para Hermes pudo resultar más barato estar privado de libertad que muerto. Puede ser un chivo expiatorio. En todo caso, hay una sensación generalizada de que estas investigaciones no fueron absolutamente pulcras”.

Con la entrega de Hermes, se separaron las causas y la figura de los colectivos volvieron al caso del 12-F. El homicidio de Da Costa quedó a cargo de la jueza 27 de Juicio, Marisol Figueira (quien fue destituida en septiembre de 2015, por lo cual el proceso se reinició el 30 de noviembre pasado bajo la dirección de la jueza Ixora Marquina, que sustituyó a Figueira), y el de Montoya pasó a manos de la jueza itinerante 27 de Juicio, Jennifer York.

Pese a la separación, los casos comparten pruebas, circunstancias e involucrados. Joel Gómez, abogado de Barrera Niño, confirmó que la acusación por homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego en contra del presunto homicida de Montoya se fundamenta en las mismas pruebas fiscales promovidas contra los funcionarios policiales y militares en el juicio correspondiente al homicidio de Da Costa.

“Esos casos nunca debieron ser separados. Los dos homicidios ocurrieron a una cuadra de distancia y con 15 minutos de diferencia. Y lo más importante, actuaron las mismas personas. De hecho, en la causa contra Barrera Niño también hubo contradicciones en las experticias de comparación balística y también se ordenó realizar una tercera experticia en Brasil. Lo cierto es que contra mi cliente no hay nada, pues el proyectil extraído al cadáver de Juancho solo tiene un campo y una estría, lo cual es insuficiente para hacer una comparación balística con su arma”, afirmó Gómez.

En los expedientes de la investigación policial aparecen otras armas involucradas en los hechos, donde además de los dos homicidios hubo heridos, pero todavía no se ha identificado a quién pertenecen.

Hermes permanece recluido en la relativa comodidad de la División contra Homicidios del Cicpc, en la avenida Urdaneta. Su abogado aspira a que, dentro de 3 meses, cuando podría concluir el juicio, se desvirtúe la acusación, de modo que el presunto homicida de Montoya recupere su libertad. Si eso ocurre, la primera muerte del 12-F quedaría impune y todos los integrantes de los colectivos oficialistas que figuraron en las primeras investigaciones estarían definitivamente exonerados de responsabilidad penal.

Gorriño sostiene que la aparición de Barrera Niño podría ser utilitaria, pues libra del costo que acarreaba la declaración apresurada del presidente de la República que implicaba entonces que un funcionario del Sebin haya matado a un integrante de un colectivo, y no a cualquier militante chavista, sino al líder de 107 colectivos de la capital.

Mármol García es autor de una investigación que identifica a los colectivos oficialistas como uno de 8 grandes bloques criminales en Venezuela: “Son aproximadamente 120.000 personas que se dedican a delinquir. Los colectivos están presentes en al menos 10% de las parroquias del país, en 150 de las 1.500 parroquias. Y lo más grave es que tienen patente de corso por parte del gobierno”.

El criminólogo fundamenta su afirmación en el alarde de poder político que han hecho los líderes de los colectivos: “Recordemos a Odreman, el líder del frente 5 de Marzo, que responsabilizó al ministro Miguel Rodríguez Torres por la muerte que lo alcanzaría pocos minutos después con la incursión de funcionarios del Cicpc en esa especie de guarida en que fue convertido el edificio Manfredir, en Quinta Crespo. ¿Cuál fue el desenlace de aquel hecho? Los funcionarios que actuaron tuvieron que huir del país y el ministro Rodríguez Torres fue destituido”.

Redman y la hipótesis el enfrentamiento

“Tiempo que pasa, verdad que huye”. La máxima de la criminalística parece operar fatalmente contra la posibilidad de aclarar el homicidio de Robert José Redman Orozco, el tercer fallecido el 12-F, horas después de la marcha durante una manifestación callejera en Chacao. Después de dos años, solo se dispone de la misma información extraoficial. “Eran dos personas en moto, tenían un casco integral donde no se ve la cara de las personas que dispararon. Llegaron a la zona en una moto de alta cilindrada, tenían chaqueta de cuero, pantalón verde y el parrillero sacó la pistola, disparó y le dio un tiro a mi hijo en la frente”, cuenta el padre de 78 años de edad, Dereck Redman.

El criminólogo Javier Gorriño destaca un detalle que, en su opinión, ha debido ser aprovechado por los investigadores: “La moto que se habría utilizado fue descrita como una Kawasaki de alta cilindrada. Ese tipo de vehículos es el que usualmente usan los cuerpos de seguridad del Estado, de modo que era imprescindible revisar minuciosamente los libros de novedades de todos los organismos militares y policiales que intervinieron en las labores de control del orden público, por no decir represión de las manifestaciones que ocurrieron el 12 de febrero”. Sin embargo, en la rendición de cuentas que acaba de presentar el Ministerio Público se repite textualmente lo mismo que se reportó hace un año: “Allí los manifestantes disparaban contra los funcionarios del orden público. Su muerte se produjo como efecto del fuego entrecruzado”.

Las cifras

40 funcionarios policiales y militares han sido acusados por violación de derechos humanos durante la represión de las protestas de 2014. La Guardia Nacional Bolivariana encabeza la lista con 6 casos de homicidio calificado y 6 casos de tratos crueles. Le sigue la Policía Nacional Bolivariana, con 9 casos de tratos crueles.

878 personas lesionadas reporta el Ministerio Público durante las protestas de hace dos años: 600 civiles y 278 funcionarios públicos, policías y militares. En ninguno de estos casos la Fiscalía ha determinado las responsabilidades penales correspondientes.

2 reconstrucciones de los hechos en tercera dimensión ha hecho la Fiscalía. Sin embargo, no habrían sido de mayor utilidad. En el caso de Adriana Urquiola, el homicida, Yonny Bolívar, confesó su responsabilidad. Y en el caso de Elvis Durán, que se habría degollado con una guaya, el proceso está en la incipiente fase de investigación.

 

Fuente: Edgar Lopez – El Nacional