Nacional
Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela
Nacional

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ACUERDO PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA
DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ANTE LA GRAVE RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL
Y DEMOCRÁTICO Y LA DEVASTACIÓN DE LAS BASES ECONÓMICAS
Y SOCIALES DE LA NACIÓN

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere a la
Asamblea Nacional funciones de control sobre el Gobierno y la Administración
Pública Nacional (art. 187, numeral 3), las cuales son manifestación de la
institucionalidad democrática que debe en todo momento ser preservada, de
acuerdo con los artículos 2 y 333 de la Constitución y los artículos 3 y 4 de la
Carta Democrática Interamericana, adoptada con el voto favorable del Estado
venezolano;
CONSIDERANDO
Que dicho control puede conducir, entre otras consecuencias, a la aprobación de
un voto de censura contra el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva
o contra los ministros o ministras, a la autorización, cuando corresponda, del
enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o a la declaración de
su responsabilidad política (arts. 187, numeral 10, 240, 222, 246, y 266, numeral
2, de la Constitución);
CONSIDERANDO
Que la declaración de responsabilidad política del Presidente o Presidenta de la
República puede dar lugar a que se solicite al Poder Ciudadano el ejercicio de las
acciones respectivas, sin perjuicio de que se requiera al Ministerio Público el
inicio de las investigaciones referidas a los delitos que puedan haberse cometido;
CONSIDERANDO
Que el Presidente o Presidenta de la República, a tenor de la Constitución, “Está
obligado u obligada a procurar la garantía de los derechos y libertades de los
venezolanos y venezolanas, así como la independencia, integridad, soberanía del
territorio y defensa de la República”, y que ”La declaración de los estados de
excepción no modifica el principio de su responsabilidad…” (art. 232);

CONSIDERANDO
Que el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha gobernado, desde
el 14 de enero de 2016, merced a un estado de excepción declarado y
prorrogado al margen de la Constitución, sin la aprobación de la Asamblea
Nacional, el cual ha ido cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias
inderogables y ha vulnerado derechos fundamentales;
CONSIDERANDO
Que dicho estado de excepción se ha prolongado mucho más allá de lo permitido
por la Constitución (art. 338) y no ha podido estar sometido a controles
parlamentarios efectivos, a causa de sentencias arbitrarias del Tribunal Supremo
de Justicia que han menoscabado las facultades de la Asamblea Nacional en la
materia, ni a los controles internacionales previstos en tratados de Derechos
Humanos ratificados por Venezuela, tal como lo ha denunciado el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
CONSIDERANDO
Que el Presidente de la República ha respaldado el desconocimiento por los
Ministros y otros funcionarios públicos de las solicitudes de comparecencia
emanadas de esta Asamblea Nacional o sus comisiones, y ha ignorado
abiertamente la competencia parlamentaria de remover ministros mediante la
aprobación de un voto de censura por la mayoría calificada de los Diputados y
Diputadas de la Asamblea Nacional constitucionalmente establecida;
CONSIDERANDO
Que el Presidente de la República se ha facultado a sí mismo para aprobar
contratos de interés público con Estados o entidades oficiales extranjeras o con
sociedades no domiciliadas en Venezuela, quebrantando flagrantemente el
artículo 150 de la Constitución;
CONSIDERANDO
Que el estado de excepción ilícitamente en vigor ha conducido a una exacerbada
concentración de poderes y a un gobierno por decreto que lesiona severamente
la Democracia y favorece la corrupción;
CONSIDERANDO
Que en el marco del estado de excepción de facto que nos rige, el Presidente de
la República ha omitido la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto ante
la Asamblea Nacional y ha acudido a la Sala Constitucional, que está a su
servicio, para obtener la facultad de dictar mediante decreto las normas
correspondientes en materia presupuestaria y de crédito público;
CONSIDERANDO
Que no ha cesado e incluso se ha acrecentado la persecución política, de la cual
el Presidente de la República es corresponsable;
CONSIDERANDO
Que el Presidente de la República ha consumado la supresión de la separación
de poderes, lo cual ha permitido que, mediante una confabulación EjecutivoJudicial
constitutiva de un golpe de Estado, se haya suspendido la recolección de
las manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del
referendo revocatorio presidencial;
CONSIDERANDO
Que el Presidente de la República, valiéndose de los poderes ilimitados que ha
conquistado a costa de la Constitución, ha acudido sistemáticamente a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impedir, con criterios
políticos, la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional
que hubieran contribuido a solucionar los problemas del país, gracias a la
generación de transparencia en el manejo de las finanzas públicas, la facilitación
de la cooperación internacional para la superación de la crisis humanitaria, la
ampliación de los derechos sociales de los venezolanos y venezolanas y otras
medidas benéficas para la población y la institucionalidad;
CONSIDERANDO
Que en medio de estas graves violaciones a los principios democráticos y a los
derechos humanos, propugnadas por el Presidente de la República, se ha
agudizado la crisis económica y humanitaria que aqueja al país en todos los
órdenes;
CONSIDERANDO
Que en materia cambiaria la depreciación de la moneda, desde enero 2016 al 19
de julio de 2016, es de un 212.8%, es decir, que la tasa de cambio para el mes
de enero se ubicaba en Bs. 199.5 por dólar, y para el mes de julio se ubicó en
Bs. 642.2 por dólar, según el SIMADI (DICOM), siendo mayor esta devaluación
en el dólar paralelo;
CONSIDERANDO
Que el índice de inflación durante el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro
Moros, según cifras del Banco Central de Venezuela, entre los años 2013 y el
2015, en el rubro de los alimentos, se incrementó en un 1.259 %, y en materia
de salud, en 253%, para una inflación acumulada de 585%, y que en el año
2016 se proyecta una inflación superior al 700 %;
CONSIDERANDO
Que en materia social, la canasta alimentaria familiar para el mes de enero de
este año se ubicaba en Bs. 106.752,72, y para el mes de septiembre se
encontraba en Bs. 405.452,00, observándose un incremento anualizado de al
menos 680%, lo cual se traduce en que se necesitan más de 18 salarios mínimos
para cubrir la canasta por cada familia venezolana.

ACUERDA

Primero: Iniciar el procedimiento de declaratoria de Responsabilidad Política del
Presidente de la República, y a estos efectos se resuelve citarlo para que
comparezca al Hemiciclo de Sesiones el día 1 de noviembre de 2016, a las 3:00
pm., a fin de que exponga sobre su posible responsabilidad por las graves
violaciones a la Constitución, los Derechos Humanos y la Democracia ya
señaladas, y por haber consolidado un modelo político-económico y social que
por su estatismo, rentismo, burocratismo y corrupción ha ocasionado la
devastación de la economía del país y, en particular, una enorme inflación y el
estrangulamiento de la producción nacional, así como el desabastecimiento en el
rubro de los alimentos y medicamentos e insumos médicos.
Segundo: Declararse en Sesión Permanente de consulta popular, por medio de
la plenaria de la Asamblea Nacional y de sus Comisiones Permanentes, en la
sede del Parlamento y en las comunidades, para determinar junto al pueblo, en
asambleas de ciudadanos y ciudadanas, movilizaciones y diversas formas de
deliberación y manifestación pública, las decisiones posteriores que deban
adoptarse ante la ruptura constitucional impulsada por el Presidente de la
República, de acuerdo con los artículos 187, numeral 4, de la Constitución y 127
y 128 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
Tercero: Encomendar a la Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario
designada en sesión ordinaria del 23 de octubre de 2016 evaluar la posibilidad
de que esta Asamblea Nacional declare el abandono del cargo por el Presidente
de la República, considerando la consulta popular antes mencionada;
Cuarto: Ratificar su compromiso con la restitución del orden constitucional, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 333 de la Constitución, pues la
inobservancia de esta se produce no solo por medio de un hecho de fuerza
contra la institucionalidad en sentido clásico, sino también cuando el Presidente
de la República hace uso de su autoridad civil y militar para socavar la
Constitución.
Quinto: Ratificar su decisión de acudir a las instancias internacionales
competentes para denunciar las violaciones a derechos humanos y a los
elementos esenciales de la Democracia que sufren los venezolanos y
venezolanas, en cuya comisión el Presidente de la República ha tenido papel
protagónico.
Sexto: Dar publicidad al presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 25 días del
mes de octubre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la
Federación.

HENRY RAMOS ALLUP
Presidente de la Asamblea Nacional
ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ
Primer Vicepresidente
JOSÉ SIMÓN CALZADILLA
Segundo Vicepresidente
ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS
Secretario
JOSÉ LUIS CARTAYA
Subsecretario