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AN aprobó acuerdos para la remoción y designación de los magistrados
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La Asamblea Nacional (AN), aprobó durante la sesión ordinaria de este martes, los acuerdos para el procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales y el proyecto de acuerdo en condena a la represión, persecución, tontura y otras violaciones de derechos humanos de la población.

El diputado Rafael Guzmán fue el encargado de iniciar el debate y deploró que, para conservar su puesto, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, no convocara al Poder Moral para completar el proceso de remoción de los siete magistrados, responsables de la ruptura del orden democrático en Venezuela.

“Los magistrados dieron un golpe de Estado al pretender abrogarse competencias de la AN y anular la separación de los poderes públicos (…) El pueblo sabe que ellos cometieron un delito y mañana 19 de abril saldrán a las calles a exigir su destitución”, afirmó.

Mientras que la segunda vicepresidenta del Legislativo, la parlamentaria Dennis Fernández, rechazó la actitud del Defensor del Pueblo y según lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica del TSJ, postuló a los 12 legisladores que conformarán la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales.

En el segundo punto del día, el proyecto de acuerdo en rechazo a la Ejecución continuada del golpe de Estado y en condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los DDHH de la población, el diputado Tomás Guanipa hizo referencia a las diversas torturas que han tenido que soportar los dirigentes del partido Primero Justicia, los hermanos Alejandro y José Sánchez, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“Ninguna confesión que ha sido obtenida bajo tortura, según la ley, será considerada como prueba, es fraude”, apuntó Guanipa.

En este sentido, José Sánchez, padre de los dos jóvenes denunció que sus hijos fueron obligados, bajo torturas y amenazas de muerte, a realizar falsos testimonios al ser arrestados durante una “guarimba” que jamás hubo.

Asimismo, le exigió a Nicolás Maduro no fabricar falsas declaraciones a sus hijos porque le están destrozando sus vidas. “¿Cómo se permite tal atropello contra los venezolanos? Pido a Maduro que me deje defender a mis hijos en cadena nacional”, sentenció.

Indicó que, la Fiscalía dispuso que los videos utilizados como pruebas eran inaceptables y que se debe iniciar una investigación a los funcionarios del Sebin.

Añadió que sus hijos enviaron el siguiente mensaje: “Nos doblaron, pero no nos quebraron, las lágrimas de hoy serán la sonrisa de mañana”.

Por su parte, el expresidente del unicameral Henry Ramos Allup, aseguró que como el gobierno no puede detener a los diputados, se enfocan en sus equipos y compañeros de partidos para imputarlos ilícitamente.

Afirmó que la Fuerza Armada Nacional (FAN) tiene total conocimiento que cuando este régimen se termine, deberá aceptar toda su culpabilidad por la fuerte represión a la que han sido sometidos los venezolanos que han manifestado desde el pasado 4 de abril. Rechazó además que este lunes, Nicolás Maduro destinara recursos para que cada miliciano tenga un fusil.

“La Carta Magna establece los cuatro componentes de la FAN, cualquier otro es inconstitucional. 500 mil fusiles para que la milicia reprima más”, dijo.

Como tercer punto de la sesión, también aprobaron un acuerdo de calificación de nulidad de los mecanismos de endeudamiento y de constitución de empresas mixtas suscritos sin aprobación del Poder Legislativo y en perjuicio del patrimonio de la Nación.

“El artículo 150 de la Constitución establece que ningún contrato entre empresas mixtas tiene validez sin la aprobación de esta AN”, explicó el legislador Carlos Prosperi.

Aseveró que ninguna deuda pública que no esté aprobada por el parlamento llegará a ser reconocida cuando este gobierno “forajido” acabe.

Por último, el diputado Jorge Millán, manifestó que el único fin que ha tenido el Estado para evitar que el Poder Legislativo no supervise todos los “acuerdos, concesiones y ventas de acciones” es para continuar manteniendo la corrupción.

“Le advertimos a las empresas: son cómplices de los delitos del gobierno por acuerdos inconstitucionales y sin control”, concluyó Millán.

NP Unidad Venezuela