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AN condenó “grave retardo procesal” del TSJ que afectó derechos electorales
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En el debate, el oficialismo acusó a la MUD de pretender repetir el 1 de septiembre una “marcha insurreccional” como la de abril de 2002, y la oposición denunció que si hay violencia será responsabilidad del Gobierno, el TSJ y el CNE. Omar Barboza llamó a salir con el tricolor nacional y con el Gloria al Bravo Pueblo a las calles de Caracas.
Caracas. Con la mayoría calificada de la bancada de la MUD, la Asamblea Nacional completó a los integrantes de la Comisión Preliminar que llevará adelante el proceso para renovar el cargo de dos rectores del CNE a finales de año, así como rechazó la sentencia número 116 del TSJ que suspendió la proclamación de los diputados por Amazonas y del Circuito Electoral del Sur indígena. La MUD reivindicó actuar en la restitución de la Constitución.

La Presidencia de la AN decidió designar, en lugar de los tres puestos que le tocaban al oficialismo y que éste se negó a cubrir como parte de la Comisión Preliminar citada, a los diputados, José Luis Pirela (UNT-Zulia), Amelia Belisario (PJ-Aragua) y Luis Florido (VP-Lara). La semana pasada ya habían sido designados los diputados Juan Miguel Matheus (PJ-Carabobo), Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia), Américo De Grazia (LCR-Bolívar), Stalin González (UNT-Distrito Capital), Luis Aquiles Moreno (AD-Miranda).

La AN realizó este miércoles una sesión extraordinaria, de poco más de una hora, en medio del receso parlamentario previsto en la Carta Magna, que terminará el venidero 15 de septiembre.

Las dos decisiones tomadas hoy contaron con la protesta de la bancada oficialista del Bloque de la Patria que, una vez más, argumentó que la AN se pone al margen de la legalidad al desconocer las sentencias número 116 de la Sala Electoral del TSJ y que todos sus actos son “nulos”.

El diputado Jesús Montilla (PSUV-Falcón), advirtió que la designación de los dos nuevos rectores del CNE que la mayoría de la MUD haga “no se concretará”.

“No vamos a integrar este comité de postulación, este acto carece de toda legalidad. Esta AN está al margen de la Constitución, todos sus actos son nulos de toda nulidad”, insistió. “Mientras ustedes no entren por el carril institucional eso no va a tener forma de concretarse”, dijo Montilla.

“Deplorable objetivo político”

El presidente del Parlamento, diputado Henry Ramos Allup (AD-Distrito Capital), leyó, en el segundo punto de la orden del día, un acuerdo en defensa de derechos políticos de electores de Amazonas y Sur indígena y en rechazo a actuaciones del TSJ.

El texto destaca que la Sala Electoral del TSJ incurrió “en grave retardo procesal al demorar más de cinco meses en resolver las oposiciones al amparo cautelar interpuesto el 13 de enero de 2016 y que teniendo en cuentas las notificaciones debían decidirse a más tardar el 22 de febrero de 2016”, y que al impedir la incorporación de los diputados electos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romer Guzamana, se afectaron los derechos de los electores.

Ramos Allup calificó como “deplorable que el objetivo político de despojar a la MUD de dos tercios haya conducido a decisiones como las emitidas por la Sala Electoral” y denunció que los magistrados “subordinaron los derechos del pueblo indígena a intereses partidistas subalternos”.

Como conclusión del debate suscitado por el acuerdo leído por Ramos, la bancada de la MUD acordó “expresar su mas enérgico rechazo ante la violación de derechos políticos de los electores de Amazonas, Apure y el Sur indígena, así como el orden constitucional y democrático ocasionadas por las sentencias 260 y 126 del TSJ”.

El acuerdo solicita al Ministerio Público inicie las averiguaciones sobre los delitos cometidos por los magistrados responsables de las sentencias en cuestión por la violación del ordenamiento interno y los tratados internacionales.

Asimismo, el acuerdo rechaza que el TSJ haya desconocido el derecho de la Presidencia de la Asamblea Nacional a designar apoderados judiciales, lo que lesionó la potestad de todo el Parlamento. Ramos Allup denunció eso como una  “pretensión absurda”.

Ramos citó precedentes en los que la AN designó sus representantes legales ante el TSJ de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución. Dijo que ese fue el caso de Cilia Flores en febrero de 2007, de Fernando Soto Rojas en febrero de 2011 y de Diosdado Cabello en enero de 2012. Añadió que en una acción judicial que intentó el diputado Stalin González, la Sala Constitucional “por sentencia expresa les dijo que ellos no tenían la representación sino el Presidente de la AN”.

La Cámara también aprobó solicitar al Consejo Moral Republicano “calificar la falta grave” de los magistrados del TSJ “con miras a su remoción” y enviar copia de lo decidido a la Comisión Interamericana de DDHH, a la OEA, la ONU, la Relatoría Especial Sobre Pueblos Indígenas y la secretaría General de la Unión Interparlamentaria Mundial.

PSUV denuncia repetición de “marcha insurreccional”

El debate sobre el acuerdo en rechazo a la actuación del TSJ consumió 45 minutos. Intervinieron los diputados María Gabriela Hernández (VP-Monagas), Luis Barragán (Vente-Aragua), Hugbel Roa (PSUV-Trujillo), María Beatriz Martínez (PJ-Portuguesa), Oneiber Perza (AP-Lara), Julio Chávez (PSUV-Lara), Simón Calzadilla (AP-Aragua) y Omar Barboza (UNT-Zulia).

El pesuvista Hugbel Roa dijo que la oposición “se está autodestruyendo”.

“Ustedes como oposición cada vez más se aíslan del sistema democrático. Terminen de develar su plan: ustedes no creen en el sistema democrático”. Acusó a la MUD de apostar “a la confrontación y la violencia” y de “despreciar el diálogo que ofrece Nicolás Maduro”.

Mientras, el diputado Julio Chávez dijo que si el TSJ no decidió a tiempo es porque la Unidad “no presentó los recaudos a tiempo”. Señaló que es “incongruente” que la MUD plantee “hoy un desacato abierto al TSJ” cuando en 2002 el PSUV acató una decisión del TSJ que determinó que no hubo golpe de Estado “sino vacío de poder”.

Chávez acusó a la bancada mayoritaria de manipular a sus seguidores y de pretender, con la convocatoria a la marcha del venidero 1 de septiembre en Caracas “reeditar la convocatoria de carácter insurreccional” de hace 14 años.

“Y lo demostraremos, ustedes buscarán generar muertos otra vez en las calles de Caracas”.

En respuesta a Chávez, el diputado Omar Barboza dijo que la afirmación “lo demostraremos” que dijo el diputado del PSUV por Lara evidencia que el Gobierno “está preparando lo mismo” que en 2002.

“Si aquí (1 de septiembre) hay violencia es porque está manipulada por el Gobierno que es el responsable de garantizar el orden público, el TSJ con esta sentencia y el CNE que cierra las puertas a las salidas democráticas (…) Todo el pueblo que quiere cambio va a salir cívica y democráticamente. Sabemos que hay una confabulación para hacernos ver como violentos”, dijo Barboza, quien invitó a dejar el día de esa manifestación nacional las banderas y eslóganes partidistas a un lado y salir con el tricolor nacional y el Gloria al Bravo Pueblo, lo que le ganó los aplausos de pie de sus copartidarios.
“¡El cambio ya comenzó! ¡Si no nos abren la puerta por la vía democrática el pueblo va a conquistar ese derecho! ¡Convocamos a todo el pueblo el 1 de septiembre a marchar por el cambio hasta que se produzca!”, arengó el diputado zuliano.

“Sentencia mata voto”

El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, respondió también a los argumentos presentados por el oficialista Julio Chávez, quien reiteró la línea del PSUV que presenta la pugna por los diputados de Amazonas como un asunto de “compra de votos”. Chávez recordó a Calzadilla que cuando ambos fueron militantes del PPT debieron defender la victoria de Liborio Guarulla ante Bernabé Gutiérrez (AD) en Amazonas porque se probaron delitos electorales.

“Hace años, cuando el sistema electoral era manual, el que controlaba la mesa manipulaba el acta para que cuando fuese  a totalización se anulaba por inconsistencia y eso dio origen al acta mata voto”, explicó Calzadilla y recalcó que como ahora los procesos están automatizados ” y la MUD pudo proteger el voto en cada mesa y el CNE tuvo que proclamar a los 112 diputados nuestros, ahora se da el fenómeno de que hay sentencias que matan votos ¡Y eso no lo vamos a permitir!”.

“El problema aquí es quién está en desacato con la soberanía popular, si la Cámara o el TSJ”, subrayó Calzadilla, quien hizo la diferencia entre repetir las elecciones tras un juicio a lo que ha sucedido este año, cuando el TSJ ha negado a los diputados de la MUD el derecho a la defensa. Recordó que el TSJ dictó medidas cautelares sobre la base de una grabación telefónica obtenida de manera ilegal y que involucra a personas que nada tienen que ver con el proceso electoral en cuestión.

“¡Con eso echaron por la borda todas las decisiones que el TSJ había tomado cuando le solicitaban una medida cautelar. La respuesta siempre era: No podemos desproclamar al que ganó porque viola el artículo 62 de la Constitución que garantiza a los ciudadanos su representación política. Los indígenas, según el Artículo 125 tienen su forma de participación política, por ello nunca se había otorgado una medida cautelar porque no se puede proteger el derecho de un perdedor vulnerando los de todos los electores”.

“El problema para el TSJ, ustedes y el Gobierno no es jurídico-ético sino que el 7 de diciembre teníamos las 2/3 por voluntad popular de esta AN y salieron desesperados el 29 de diciembre, ¡en período de vacaciones que no se puede abrir el TSJ! a solicitar una medida cautelar y violaron 17 artículos con esa medida. ¡Aquí el fondo es quién acata o desacata la Constitución y la voluntad popular. Esta mayoría está ejecutando lo que le manda la Constitución y con eso le cumplimos a nuestro pueblo”.

 

Elvia Gómez/El Universal