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Aplican “cierre temporal” al Diario La Verdad de Vargas
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La Procuraduría de Vargas ordenó el cierre temporal del Diario La Verdad del estado Vargas. Esto se produjo después de una inspección que el organismo calificó como “rutinaria”, junto a otros organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) y los Bomberos de Vargas.

La Procuraduría alegó que el diario tiene un incumplimiento con que deberes formales tributarios y que además también incumple según establece el Ministerio del Trabajo con algunos registros del seguro social. Según la Ley, estos incumplimientos acarrean sanciones pero no un “cierre temporal”, que fue la decisión del organismo.

El lunes se establecerá una comisión para que los responsables del diario puedan resarcir sus compromisos tributarios. Solo hasta que sean cancelados sus deudas podrán reactivar las operaciones el diario.

Rómulo Herrera (hijo), vocero de la junta directiva del rotativo, explicó que “ciertamente tenemos fallas pero que todas esas fallas tienen razones y que tienen argumentos para explicarlas”, y argumentó que “muchas de las cosas que exigieron” los organismos se están tramitando.

El Diario La Verdad se mudó hace 2 meses a su nueva sede y todavía están realizando trabajados en la sede y de traslado de sus equipos y del lugar.

Herrera calificó la medida como “amedrentamiento”, en consecuencia a un trabajo publicado hace una semana sobre los retrasos que tiene el estadio de béisbol de Los Tiburones de La Guaira, donde se señaló un presunto lavado de divisas al gobierno estadal.

A partir de ese punto, periodistas y voceros del diario han denunciado que han recibido una actitud hostil desde las autoridades de la entidad, así como que éstas han realizado una “campaña” para que no se compre el diario.

El Diario La Verdad de Vargas tiene 17 años trabajando y es la primera que detendrá sus actividades. En este rotativo trabajan 35 personas entre el personal periodístico, gráfico e imprenta.

La orden de la Procuraduría de la entidad también impide el uso de las redes sociales vinculadas al periódico y la negativa para utilizar la plataforma digital del mismo.

FUENTE: EL UNIVERSAL