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Arco Minero: un último recurso que agotar
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Redacción Dossier 33

El pasado martes Crystallex International Corporation anunció que Venezuela deberá pagarle 1.202 millones de dólares por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.

La firma también informó, a través de un comunicado, que el Centro Internacional de Arreglo sobre Diferendos, CIADI, con el fallo emitido ratificó su reclamo ante el incumplimiento de dos artículos del tratado bilateral para la promoción y protección de inversiones.

El arbitraje  con Crystallex fue introducido en 2011 -una vez revocada la concesión otorgada en 2002- y forma parte de más de una veintena de demandas en contra del gobierno bolivariano ante el CIADI, que sobrepasan los 45.000 millones de dólares.

Tal situación se deriva de una feroz política de nacionalizaciones implementada desde 2007 por el fallecido presidente Hugo Chávez y que ahora Nicolás Maduro parece revertir con la conformación de empresas mixtas para la explotación del Arco Minero.

Los arbitrajes de mayor significación corresponden a las petroleras Exxon Mobil, por 1.600 millones de dólares y ConocoPhillips, por 31.000 millones de dólares. De perderse este último, según el economista José Toro Hardy, como viene ocurriendo con los anteriores, Pdvsa tendría que pagar al menos una fracción de esa cifra y eso sería un duro golpe ante la complicada situación”.

Pese a que Venezuela formalizó en enero de 2012  “la denuncia irrevocable” al “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados” de 1966, los laudos arbitrales a manos del CIADI continúan su curso.

El retorno del capital extranjero

Ante una contracción del PIB de 7% en 2016-estimación de la CEPAL -y un posible default a finales de año, el gobierno recurre a las alternativas que considera le ayudarán a sortear las circunstancias y trata de encender los motores anunciados para la recuperación económica, entre ellos, el de hidrocarburos y el minero.

El ministro de Petróleo y Energía, Eulogio del Pino, aseguró que optarán por “la arquitectura financiera que permita un commodity como el oro y el petróleo, si las condiciones son las adecuadas, pues “todo eso está pensado y no se puede descartar ninguna idea”.

Por su parte, el presidente Maduro, en un acto con motivo del encuentro de empresas nacionales e internacionales para la exploración minera, agradeció la presencia de inversionistas de 35 países y saludó con agrado la idea de que 150  empresas quisieran trabajar en tierra venezolana.

El mandatario expresó que esa disposición por parte de las corporaciones foráneas es una demostración de fe y confianza. Es así como atrás quedaron las nacionalizaciones, argumentos básicos del discurso socialista.

Del Pino aclaró que el Estado tendrá un fuerte control que ejercerá a través de una participación accionaria no menor al 65% y que parte de las ganancias de las actividades desarrolladas en el Arco Minero del Orinoco estarán destinadas a un fondo de auspicio para las comunidades cercanas.

Nuevas asociaciones

En el mes de febrero Gold Reserve, corporación minera canadiense, suscribió un acuerdo con Venezuela para el establecimiento de una empresa mixta con una inversión de 5 mil millones de dólares. La corporación extranjera tendría un 45% de participación accionaria y el país, el 55%.

La firma introdujo ante el CIADI una demanda contra el Estado que debía asumir el desembolso de 750 millones de dólares por la revocación de su licencia en el yacimiento Las Brisas en 2009. Además, presentó ante los bancos de Luxemburgo una orden de cobro de intereses sobre los bonos venezolanos para lograr la cancelación del monto fijado.  

Gold Reserve publicó un “Memorando de Entendimiento” en el que explica que Venezuela con la ayuda de la empresa trabajará para contar con el financiamiento que le permita cancelar lo estipulado en el arbitraje.

Por su lado, Crystallex,  que espera el pago de 1.202 millones de dólares por la anulación de su concesión  en el proyecto Las Cristinas-combinado con  el de Las Brisas-se deslindó públicamente en un comunicado de esa negociación.

Entretanto,  la petrolera rusa Rosneft afianzó una inversión de 500 millones de dólares en la empresa mixta Petromonagas, que opera en la faja del Orinoco, con lo que su participación accionaria asciende de 16,6 a 40%, mientras que la de PDVSA se ubica en 60%.

Ley de Exploración y Explotación del Oro

Este martes se aprobó en primera discusión el Proyecto de Reforma de Ley Orgánica que Reserva al Estado las actividades de Exploración y Explotación del Oro.

Esta reforma parcial hará posible que la Asamblea Nacional retome su competencia en la regulación de los acuerdos de las empresas mixtas y alianzas estratégicas, como lo contempla la Constitución. Así lo señaló el diputado por la Unidad Democrática, Jorge Millán, quien además afirmó que el gobierno podría estar comprometiendo la riqueza nacional de “presentas y futuras generaciones”.

 En declaraciones para El Correo del Orinoco, el parlamentario que presentó el proyecto de ley,  sostuvo que “cualquier empresa privada que se involucre en el campo minero, sin contar con el aval de la AN, debe tener claro que es ilegal. Si ellos deciden explotar nuestras riquezas minerales sin pasar por la AN violan la Constitución”.

 Entre otras cosas,  Millán cuestionó que las ruedas de negocio con las empresas extranjeras han puesto el Arco Minero “al servicio de foráneos” y lo han convertido en un espacio para resolver demandas.

Con la ley, explicó, se podrá conocer lo que ocurre con Gold Reserve y el convenio suscrito por 5.000 millones de dólares para la explotación de oro, al tiempo que dijo que nadie sabe en qué quedó el arbitraje que había ganado la corporación y que obligaba el pago de más de 750 millones de dólares.