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Asamblea aprueba acuerdo que beneficia a presos y a perseguidos políticos
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En el Parlamento la mayoría opositora aprobó un acuerdo de acatamiento de dictámenes de entidades internacionales sobre derechos humanos en el que se exhorta a jueces, tribunales y demás entes públicos a ejecutar las medidas, opiniones y actos emitidos por organismos como la ONU y la OEA.

La medida beneficia a presos y a perseguidos políticos expresamente mencionados en el documento, entre ellos Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional; dirigentes políticos como Leopoldo López; y la jueza María Lourdes Afiuni.

El abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, informó que llevará una copia a tribunales para añadirla al expediente del caso. En septiembre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió su liberación, solicitud que fue desestimada.

“Ya no es solo un organismo internacional el que hace el requerimiento; ahora se une el poder del Estado lo que obliga a hacer otro pronunciamiento”, afirmó Gutiérrez.

Sobre el caso de Otero, fue citado el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizado el 9 de noviembre de 2015. De ser acatados los exhortos de los distintos organismos internacionales, buena parte de los denominados presos políticos serían liberados y algunos exiliados podrían regresar al país.

Sin embargo, la bancada chavista advirtió que eso no sucederá. Luego de rechazar el acuerdo, Edwin Rojas, diputado por Sucre, anunció que activarán acciones legales para solicitar la “nulidad” del acuerdo.

Antes de que votaran por el documento, en el Parlamento se dio un extenso debate en el que participaron 11 diputados.

El principal argumento de los opositores fue que la Constitución señala en su artículo 31 que el Estado “adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales. Al pedir que se respeten los pronunciamientos estamos pidiendo que se cumpla la Constitución. La ONU, que es usada para alabar las gestiones sociales del gobierno, es la misma que pide la libertad de los presos políticos”, resaltó Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular, al presentar la propuesta de acuerdo.

La bancada oficialista argumentó que la ley venezolana solo establece que los ciudadanos acudan a instancias internacionales si no encuentran respuesta en las instituciones nacionales. A su juicio, esas instancias no se agotaron en los casos que expone el acuerdo.

Además, el diputado Yul Jabour (PCV) aseguró que la oposición se olvidó de los 43 muertos que hubo en 2014 por las protestas de la llamada “Salida” y cuyos casos no pueden quedar impunes. Desde la MUD respondieron recordándole el asesinato de la estudiante Génesis Moreno. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos, tuvo que llamar al orden.

El debate dio luces de cómo será la discusión sobre la Ley de Amnistía que prepara la bancada opositora.

“Así como en 2000 Hugo Chávez presentó una Ley de Amnistía sobre los sucesos del golpe militar de 1992, ahora es necesario una para cerrar el capítulo de los últimos 16 años”, afirmó Guevara.

Historia. La sesión de ayer contó con la presencia de más de 20 diputados suplentes, entre ellos Tamara Adrián, que fue juramentada como la primera diputada transgénero de América Latina, hecho que fue aplaudido por los parlamentarios de la MUD y los chavistas Héctor Rodríguez, Víctor Clark y Aloha Núñez.

También se realizó un debate sobre la crisis universitaria que terminó con el nombramiento de una comisión que se reunirá con los rectores de las casas de estudio, presidentes de centros de estudiantes, sindicatos y con el Ministerio de Educación Universitaria Ciencia y Tecnología.

La compondrán Enrique Márquez, primer vicepresidente del Parlamento, y los diputados de la MUD Miguel Pizarro, Juan Requesens, Romny Flores y Freddy Guevara. Quedó pendiente que el PSUV nombre a sus representantes.

 

Fuente: Franz Von Bergen – El Nacional