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Conozca las implicaciones de la deuda de Venezuela con la OEA
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Este tipo de organismos establece una serie de mecanismos ante el incumplimiento en los pagos, entre ellos, restringir el voto en resoluciones o nombramiento de presidentes de comisiones

Venezuela es país deudor con los organismos internacionales. No solo lo dice la representante de Paraguay ante la Organización de Estados Americanos, sino hasta la misma Organización de Naciones Unidas ha restringido el derecho al voto al país debido a las deudas que mantiene.

“Al pedir la convocatoria a esta sesión del consejo que le cuesta a los Estados injerencistas -citando a la Canciller- alrededor de 6 mil dólares, cuando su país adeuda 8 millones 735 mil dólares”, respondió Elisa Ruiz Díaz a la exposición de la canciller Delcy Rodríguez durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA este 27 de marzo.

El embajador Milos Alcalay explica que para que pueda un país ejercer sus plenos derechos, tiene que pagar lo que adeuda. “Tú no puedes exigir el cumplimiento de las normas sino estas al día con tus obligaciones”.

Hay varias formas para fijar las cuotas en la OEA, señala Alcalay. “Esas cuotas se fijan bajo criterios objetivos como el PIB, el ingreso de la dimensión de los países. Lo importante en eso es cumplir (…) En ningún caso puedes justificar un impago por el aumento de cuotas, tienes que pagar. No se puede unilateralmente determinar la cuota que le corresponde a un país miembro, le corresponde a los organismos”.

El embajador aseguró que esta situación es una constante, pues Venezuela incumple con los compromisos en Naciones Unidas. “No hemos convertido en un Estado que permanentemente establece la ausencia de pagos en ciertos rubros y exageradas erogaciones en otras cosas”.

No podemos olvidarnos que Venezuela también incumple con la Carta Democrática, una obligación jurídica y constitucional refrendada por el presidente Hugo Chávez en 2002, afirmó Alcalay. “Si no se cumple, los Estados Miembros pueden argumentar un desconocimiento de los compromisos contraídos”.

Justamente, este tipo de organismos establece una serie de mecanismos ante el incumplimiento en los pagos. Alcalay reseña que el menor de esos mecanismos es restringir el voto en resoluciones o nombramiento de presidentes de comisiones.

El 29 de junio del 2016, la OEA aprobó un aumento preliminar del 3% en las cuotas de sus 34 Estados miembros para 2017 por una mayoría amplia pero con el rechazo frontal de Venezuela y Bolivia, que denunciaron haber sido “excluidos” y “discriminados” de la decisión.

La resolución establece un presupuesto de casi USD 85 millones con un aumento del 3% en la cuota que cada país tiene asignada, proporcional en función de su producto interior bruto (PIB) y otras variables económicas.

Para junio de 2016, Venezuela adeudaba USD 5,1 millones de deuda, equivalente a casi tres años de impagos.

Caso ONU

El 21 de febrero de 2017, el Comité de Contribuciones de la ONU reportó que diez Estados miembros están en mora en los términos del artículo 19 y solo seis no pueden votar en la Asamblea General, la mayoría, países con niveles de pobreza elevados: Cabo Verde, Libia, Papua Nueva Guinea, Sudán, Vanuatu y Venezuela.

Carta de las Naciones Unidas. Artículo 19: El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro.
A Venezuela, que le corresponde para el período 2016-2018 un 0,571% del presupuesto de operatividad de la ONU por año, debe $24.095.339, el monto más elevado de los Estados deudores.

Es la segunda vez, desde 2013, que la representación venezolana en la ONU queda suspendida de votar en la Asamblea General por falta de pago de su membresía.

En enero de 2013, Venezuela fue requerida a realizar un pago mínimo de $5.113.575 y en 2014 el monto fue de $10.020.789. En 2016, el pago mínimo requerido fue de $2.961.324.

El hecho de que en esta oportunidad se reporte que Venezuela tiene que realizar un pago mínimo de $24.095.339 refleja que, durante los últimos años, el país se ha limitado a pagar lo menos posible para recuperar su derecho al voto, acrecentándose la deuda acumulada.

La Ley de Presupuestos de Venezuela para 2017, en su apartado al Ministerio de Relaciones Exteriores, contempla el pago de cuotas a organismos internacionales. Este despacho se abstiene de responder preguntas de la prensa.

Con información de El Comercio de Perú/Luisa Quintero