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Consejo universitario de la UCV se pronuncia sobre el sistema político y el intento de impedir el RR
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Las autoridades del consejo universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se pronuncian sobre el desconocimiento absoluto a la Constitución por el Poder Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.

Comunicado

Ante las demostraciones de desconocimiento absoluto a la Constitución, evidenciadas por el Poder Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Universitario de la UCV, en cumplimiento de su función orientadora con respecto a los problemas nacionales, estima necesario dirigirse a la comunidad venezolana para alertar sobre lo siguiente:

1- El ordenamiento jurídico vigente, sustentado en la Constitución, es producto de las transformaciones auspiciadas por los sectores que ahora gobiernan al país, quienes dispusieron de mayoría parlamentaria hasta diciembre de 2015. Es evidente que ante la circunstancia de pérdida del favor de la ciudadanía pretendan ahora desconocer la Carta Magna, por cuanto su ejecución comporta la rendición de cuentas del Ejecutivo Nacional al pueblo, por las actuaciones y omisiones que han causado la trágica situación que hoy vive la sociedad venezolana.

2- La insistencia de los personeros del gobierno para impedir el Referéndum Revocatorio, instrumento por excelencia para hacer valer el derecho de participación y evaluación de las actuaciones del Gobierno por los ciudadanos, contrariando el precepto constitucional que lo fundamenta y los intentos por obstaculizar su realización son claramente reveladores de su decisión de desconocer la democracia como valor esencial de nuestro sistema constitucional.

3- La irregular aprobación del Presupuesto por un órgano distinto al investido por la representación nacional y el disparate de concederle beligerancia supuestas Asambleas Populares , constituye una evidente usurpación de funciones que conduce a la inexistencia de dicho acto y, por tanto, a la responsabilidades civiles penales administrativa conforme al artículo 25 de la Constitución. En consecuencia, solo será válido el Presupuesto contenido en la Ley que apruebe la Asamblea Nacional, en uso de la atribución conferida en el numeral 6 del artículo 187 de la Carta Magna. Este nuevo atentado contra el Estado de Derecho comporta la violación de uno de los más antiguos y sólidos principios vigentes en el mundo civilizado, como garantía del uso correcto y legal de los fondos públicos por los servidores de cada Nación, quienes quedan sometidos al control de la soberanía popular representada por el Poder Legislativo. El principio de legalidad presupuestaria, como fundamento del control en la utilización de los recursos públicos y la exigencia de su correcta administración ha sido desconocido en Venezuela, por la fuerza de los votos de siete ciudadanos que ostentan cargos de Magistrados y se han puesto al margen de la Constitución.

4- La inconstitucional aprobación del Presupuesto Nacional 2017, sin la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional constituye un proceder irregular que no sólo atenta contra la estabilidad y el desarrollo económico y social del país, sino también contra la formación profesional de las nuevas generaciones dado que somete a las Universidades Nacionales a un presupuesto incierto, sin consulta sobre sus necesidades, que les impide una planificación adecuada y precisa para avanzar en sus objetivos, orientados a la búsqueda y producción de conocimientos a través de la investigación científica, humanística y tecnológica y a las labores de docencia y extensión, para beneficio del país.

– El estado de descomposición y quebrantamiento institucional derivado de las violaciones a la Constitución cometidas por el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia alcanza hoy un alto nivel, que se manifiesta en forma ostensible en la intención expresada por distintos voceros del gobierno, de NO QUERER realizar las elecciones de Alcaldes y de Gobernadores de Estado, previstas en el calendario constitucional para diciembre de este año. La no realización de tales elecciones, indiscutiblemente constituiría una nueva ruptura del orden constitucional.

6- La separación de poderes es un presupuesto básico del pacto de convivencia que adoptamos los venezolanos, expresado en todas las Constituciones que hemos tenido.Por tanto, la sociedad en pleno debe rechazar el autoritarismo que se refleja en las repudiables conductas del Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, cuando aquél le ordena realizar una acción u omisión que se encuentra fuera de su competencia y éste obedece sumisamente.

7- Conforme a la Constitución, es necesario respaldar a la Asamblea Nacional, para hacer efectiva la soberanía popular que ella encarna y restablecer así el Estado de Derecho frente a la írrita pretensión del gobierno y otros poderes públicos, de desconocer al pueblo que mediante el sufragio el 06 de diciembre de 2015, la invistió con los poderes de consagrar en leyes la expresión de la voluntad general y de controlar las actuaciones y exigir rendición de cuentas de los otros Poderes Públicos

8- Finalmente, cabe destacar que la ética es un valor fundamental en la Constitución venezolana. Un Estado constitucional supone la capacidad institucional para hacer valer la ética pública consagrada en la Constitución. El tejido institucional debe afianzar los valores superiores de la libertad, igualdad, seguridad jurídica y solidaridad e igualmente garantizara el ejercicio del juicio crítico de los ciudadanos. Asimismo, el sistema de valores del Estado constitucional debe promover sistemáticamente la paz, entendida como la manifestación externa de los distintos equilibrios que deben alcanzarse en las relaciones del grupo social. Es decir, la paz, además de un valor en sí misma, es la expresión visible de la realización de la justicia, que surge de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales y del respeto a la dignidad humana y la autonomía moral, que permite que la ciudadanía pueda contar con la satisfacción de sus necesidades básicas. Al romperse uno de los equilibrios que persigue la ética pública, como la lesión a los derechos fundamentales, la paz es puesta en peligro. La beligerancia política que ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia al convertirse en soporte del Poder Ejecutivo está claramente reñida con la ética pública y constitucional que exige un Poder Judicial auténticamente independiente y autónomo.