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Corte de Apelaciones mantiene a Ledezma tras las rejas
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El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, seguirá preso en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques) en la que está desde hace casi un mes, pues la Sala 4 de la Corte de Apelaciones de Caracas no vio vicios en la decisión del Tribunal 6 de Control de Caracas de ordenar su detención mientras el Ministerio Público lo investiga.

La instancia de alzada rechazó ayer el recurso que la defensa del mandatario capitalino interpuso a los días de su aprehensión por su presunta vinculación con un plan para derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Horas antes de que se conociera esta decisión la defensa de Ledezma acudió al Ministerio Público para recusar a la fiscal Katherine Harrington y requerir su separación del caso. El motivo, según la defensa, es que se trata de “inculpar falsamente al funcionario a través de uno de los detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)”.

El abogado Omar Estacio justificó su petición en las denuncias que hizo Joel García, representante legal del fallecido Rodolfo González. García aseguró que Harrington, a quien Estados Unidos le retiró su visa y ordenó que se le congelaran los bienes y fondos que pudiera tener en ese país, “¿por perseguir a la disidencia sin pruebas”, le pidió a González que “delatara a Ledezma a cambio de beneficios procesales”.

“La divulgación de hechos tan graves obliga a la Fiscalía a abrir investigación. La fiscal Harrington pasa a convertirse en parte interesada o directamente investigada, lo que genera conflicto de intereses con Ledezma. Lo que exculparía, en dicha investigación, a la Fiscal podría, entonces, revertirse contra Ledezma. O viceversa”, aseguró la defensa de Ledezma. José Núñez, otro de los defensores del Alcalde, acusó a la funcionaria de extorsionar. “Las causales taxativas de recusación que establecen el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley del MP no prevén esta situación, pero sí hablan de causas graves que afecten la imparcialidad del funcionario. De ser cierto eso, estaríamos en presencia de una práctica extorsiva que está prevista en la Ley contra la Corrupción”.

 

Fuente: JUAN FRANCISCO ALONSO – EL UNIVERSAL