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Decreto guyanés agita la controversia
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Una nueva escalada de la controversia limítrofe entre Venezuela y Guyana ha activado las alarmas en el país ante la inminente decisión del gobierno de David Granger de establecer la desembocadura del río Esequibo como territorio marítimo pleno y soberano.

De acuerdo con el decreto 1.629, de fecha 23 de julio del presente año, la República Cooperativa de Guyana estableció “una línea de base recta, que son aquellas utilizadas en el Derecho del Mar para fijar aguas interiores y, a partir de allí, demarcar el mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva”, aseveró el internacionalista Kenneth Ramírez.
“La provocación insolente”, como es llamada la acción guyanesa, debe ser respondida, según los analistas, a través de una nota aclaratoria de la Cancillería de la República, dijo.

Según lo estipulado en el decreto 1.629, Guyana desconoce de plano que existe una controversia en el territorio marítimo, además “lo que fija el Derecho Internacional es que la delimitación tiene que ir por el canal de navegación del río y desde ese punto partiría la división”, argumentó el especialista.

Para el profesor titular de la Unimet Carlos Lee, “es un abuso este ataque del gobierno de Guyana, porque lo que hace es agudizar la crisis respondiendo a las coordenadas del anterior decreto abolido”.

La posición maximalista, según Ramírez, por el decreto anulado, no debió despertar una reacción provocadora del vecino país.

“Deberíamos revivir el decreto 1.152 de 1968, que fijaba una línea de punta recta desde el río Araguapiche en el Delta del Orinoco hasta el río Esequibo, donde las desembocaduras eran fijadas como aguas interiores venezolanas”, subrayó Ramírez.
Posibles acciones

Los analistas destacan que un recorte del suministro petrolero en el marco de Petrocaribe, e incluso demandar por medio de tribunales nacionales a las empresas transnacionales que han estado explorando, gracias a las concesiones otorgadas por el país contiguo, en territorios en disputa, podrían ser algunas acciones a tomar.

“Es una posibilidad abierta, que se realizó en Argentina por el caso de Las Malvinas y la exploración petrolera de transnacionales, y esta cuestión la haría el Tribunal Supremo de Justicia”, comentó Ramírez.

Otra decisión -según los especialistas- que podría considerarse para resolver las controversias es utilizar el mecanismo de observación de disputa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

En 2011, cuando Donald Ramotar asumía la Presidencia de Guyana, se desconocieron los derechos venezolanos en el Esequibo y su fachada atlántica, cuestión reconocida en el marco del Acuerdo de Ginebra, firmado entre ambos países en 1966, y el Tratado de Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas, firmado en Trinidad y Tobago en 1990.

“En este último decreto no se cuestionan las disposiciones antes acordadas”, destacó el especialista en el tema Kenneth Ramírez.
FUENTE: MIGUEL SANCHEZ en ULTIMAS NOTICIAS