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Defensa de los militares acusados de rebelión denuncia pruebas fabricadas
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or SOFÍA NEDER RSNEDERR@EL-NACIONAL.COM
El reciente asalto militar al Fuerte Paramacay, en la 41 Brigada Blindada del Ejército, engrosó la lista de oficiales activos y retirados objeto de investigaciones. Las acusaciones sobre golpes de Estado contra el presidente Nicolás Maduro han arreciado desde 2015 cuando se develaron la Operación Jericó y el Golpe Azul. Por estos casos, considerados como parte de un mismo plan, han sido condenados 14 militares.

La defensa de los acusados ha denunciado la realización de procesos penales amañados con pruebas fabricadas como signos de retaliación. “En la Operación Jericó y en el Golpe Azul los procesos fueron llevados por un Consejo de Guerra Accidental que solo es para juicios en tiempos de conflicto. Esto fue señalado ante la Corte Marcial que ignoró los argumentos”, dijo Alonso Medina Roa, defensor del capitán retirado Juan Carlos Nieto Quintero, uno de 9 oficiales que fue condenado en el caso Jericó por instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar.

“No se presentaron pruebas que demostraran los hechos y ninguno de los testigos admitió haber recibido órdenes precisas para rebelarse. Al capitán Nieto Quintero lo acusaron por haberse comunicado con su hermano, un capitán retirado, con fines conspirativos y lo condenaron por una supuesta llamada al capitán Juan Caguaripano Scott que jamás se demostró”, expresó Medina Roa.

Caguaripano, identificado como líder del asalto de armas en Paramacay (Operación David) fue detenido el 11 de agosto junto con el primer teniente Yefferson García Dos Ramos, quien formaba parte de la custodia de la unidad militar. Por este caso hay 18 detenidos entre civiles y militares.

“El general Raúl Isaías Baduel es la barajita repetida desde Chávez hasta Maduro. Nunca han dejado de inculparlo por las conspiraciones. En enero de este año lo involucraron con acusaciones de traición a la patria e instigación a la rebelión. Pero en un allanamiento a su casa para ubicar armas de guerra, solo se llevaron la laptop donde los niños hacen las tareas, un CPU dañado y un cargador con 27 proyectiles, lo que es normal tratándose de un ex ministro de la Defensa. No hubo pruebas de reuniones conspirativas, menos cuando en marzo cumpliría su condena de 7 años y 11 meses”, dijo el abogado Omar Mora.

Añadió que con Baduel se ha seguido el patrón de la desaparición forzada: en enero durante 20 días no se supo de él y desde el 8 de agosto se desconoce su paradero: “Antes lo incomunicaban en Ramo Verde y ahora su destino es desconocido. Por algunas informaciones se presume que está en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero exigimos una fe de vida”.
La investigación contra Baduel fue la primera misión del Comando Antigolpe creado a principios de 2017: en la investigación del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas hay 9 militares detenidos y uno es juzgado en libertad: 2 generales, 1 teniente coronel y 7 sargentos. En el grupo figura el general retirado Ramón Lozada Saavedra, ex director de personal de la FANB.
Su abogada, Yasnaia Villalobos, expresó: “La forma como se ha conducido el proceso es el derecho penal del enemigo. Se utiliza la estructura del Estado para perseguir de manera insoslayable a las personas que resultan incómodas”.

Ninguno de los militares ha sido imputado y la audiencia preliminar lleva 5 diferimientos. Villalobos sostuvo que se ha declarado la reserva del expediente en varias ocasiones, lo que traba el acceso a las actas, y están prohibidas las reuniones, en privado, de la defensa con el general Lozada Saavedra en la Dgcim: “Las pruebas han sido absolutamente frágiles e inconsistentes desde el punto de vista técnico y fueron obtenidas ilícitamente. Esto puede considerarse ilegítimo y con visos de nulidad absoluta. No se pueden dar detalles por la reserva del caso, pero el general Lozada solo fue implicado por su amistad con Baduel”.

Incriminar a la disidencia. El diputado Teodoro Campos, miembro de la Comisión de Política Interior del Parlamento y militar retirado, indicó que han recibido denuncias de familiares de militares investigados por presuntas conspiraciones. “Argumentan que las pruebas no tienen ningún asidero; hay fallas técnicas en los procesos, no se ha aportado la información fehaciente de los testigos y los procedimientos han sido amañados. Estas denuncias las llevamos ante la Fiscalía Militar cuando la fiscal general era la capitana Sira Venero”, indicó.

El presidente de la Comisión de Defensa de la AN, diputado Edgar Zambrano, dijo que han recibido denuncias de militares perseguidos por disentir: “Primero Chávez y ahora Maduro dieron el plácet a los militares para que se expresaran, como lo hace el Alto Mando, pero se pretende incriminar a los que disienten. Esta es la manera que usa el gobierno para desincorporarlos de los cuarteles”, dijo.
EL DATO
Los primeros tenientes Ricardo José Antich, Luis Lugo, Peter Alexander Moreno, Carlos Esqueda y Henry Salazar fueron condenados por los delitos de rebelión y contra el decoro militar, en enero pasado, y señalados como integrantes del Golpe Azul. La causa la llevó el Tribunal Militar Segundo Accidental de Maracay. Los militares detenidos por conspirar están recluidos en varios sitios: Ramo Verde, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Fuerte Tiuna, la cárcel de Santa Ana (Táchira), el anexo 26 de Julio de la PGV (Guárico) y el retén de La Pica en Monagas.

Operación Jericó

En febrero de 2015 el capitán de corbeta José Moreno Mora recibió una pena de 3 años por admitir haber participado en una conspiración dentro de la Operación Jericó que fue denunciada ese mismo mes por Maduro. En mayo de ese año fueron condenados 8 militares más por instigación a la rebelión y contra el decoro militar: el general Oswaldo Hernández Sánchez, el coronel (r) José Delgado, el teniente coronel (r) Ruperto Chiquinquirá Sánchez, los mayores Víctor Ascanio y César Orta Santamaría y los capitanes Andrés Thomson, Nery Córdoba, Juan Carlos Nieto Quintero y Laided Salazar. La mayoría de estos oficiales enfrentan una pena de 8 años.

En la denuncia de esta presunta conspiración el gobierno presentó mapas con edificios marcados como posibles objetivos tácticos, entre ellos, el Palacio de Miraflores, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y la DGIM. Estas edificaciones, según la denuncia, serían atacadas con un avión Tucano. En VTV se informó sobre la incautación de armamento de alto calibre.