Nacional
Denuncian a Benavides Torres en la ONU por violación deDDHH durante protestas
Nacional

El exdirector de Actuación Procesal del MP, aseveró que el gobierno venezolano no solamente se niega a perseguir y castigar a los responsables de violaciones de los derechos humanos, sino que los premia

El exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, denunció “la construcción de un andamiaje jurídico para proteger criminalidad organizada” en Venezuela.

Mundaray, quien fue destituido a inicios de agosto por la Asamblea Constituyente junto al equipo directivo de institución, aseguró que el gobierno venezolano no solamente se niega a perseguir y castigar a los responsables de violaciones de los derechos humanos, sino que los premia.

Destacó que la militarización de las fuerzas policiales ha permitido que se identificara a los manifestantes como enemigos, cuestión que fue denunciada en reiteradas oportunidades por el Ministerio Público pero no fueron actitudes corregidas.

El funcionario citó que el MP intentó imputar a varios militares de alto rango, entre ellos el general Antonio Benavides Torres o el coronel Bladimir Lugo, pero fueron condecorados o ascendidos como una forma de protección después de participar en un asalto al Parlamento o de dirigir la represión de manifestaciones.

“Bajo el mando de Benavides Torres, la Guardia Nacional cometió sistemáticas violaciones de derechos humanos”, aseguró Mundaray, al tiempo que recordó que el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó un amparo para protegerlo.

Uso de armas de fuego en control de manifestaciones, modificación de municiones con el objeto de aumentar su letalidad, detenciones arbitrarias, torturas y uso desmedido de gases tóxicos, son algunas de las prácticas de los organismos de seguridad que fueron ratificadas en el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

Además, indicó que tienen suficientes pruebas y elementos que identifican patrones represivos contra actores políticos. “Detectamos y desmontamos una práctica de siembra de evidencias dirigida contra actores políticos o periodistas, en casos como el de Yon Goicoechea, Coromoto Rodríguez, el concejal José Vicente García, Carlos Melo, el periodista Braulio Jatar o Alejandro Puglia”.

Mundaray señaló que esos casos fueron construidos por las fuerzas policiales y fueron desmontados por el MP, lo que derivó que en casos sucesivos como el de Gilber Caro, Staecy Escalona o Wilmer Azuaje fueran llevados a jurisdicción militar, al tiempo que afirmó que en esa instancia “existe un subordinación a las órdenes del Ejecutivo”.

Además, señaló que la fiscal desde el exilio, Luisa Ortega Díaz, trabaja con organismos extranjeros para conseguir justicia en casos de corrupción y derechos humanos. “Ortega Díaz tiene pruebas suficientes para demostrar que en Venezuela existe una feroz persecución contra la disidencia política”.

En declaraciones a Efe, Mundaray (quien ha tenido que exiliarse) dijo que hay temor por la eventual destrucción de las evidencias que se habían reunido para más de 70 procesamientos por violaciones de derechos humanos por parte de agentes estatales, además de un millar de investigaciones.

Tal Cual