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Directivos de Citgo detenidos habían venido a presentar un plan en Pdvsa La Campiña
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Fuentes aseguran que las aprehensiones de los altos gerentes se enmarcan en un plan de limpieza de la corrupción en Pdvsa, solicitado por empresarios rusos, chinos e iraníes,  quienes alquilarían instalaciones de la estatal petrolera

César Batiz – Johanna Osorio | El Pitazo

Ese 21 de noviembre en la mañana, los seis altos gerentes de Citgo que habían llegado de Houston, invitados por la jefatura de la compañía, realizaban una presentación ante la directiva de Pdvsa, en el edificio sede de la estatal petrolera en La Campiña, en Caracas, para explicar un plan de negocios que permitiría a la filial explotar pozos petroleros en Venezuela. Era una iniciativa que se había quedado engavetada y que de pronto alguien quiso reactivar. En ese momento el general de Brigada (GN), Ramón Balza Liota, se presentó en una de las salas. Cuenta una fuente consultada por El Pitazo que el oficial detuvo la actividad y pidió a los ponentes trasladarse a otro lugar. Entonces, allí les informaron que quedaban detenidos.

Citgo fue fundada en 1965, y pertenece a Venezuela desde 1990, cuando el Estado adquirió 50% de la compañía a Corporación Southland, que ya había vendido 50% de la empresa a Pdvsa, en 1986. Es la sexta refinería más grande de Estados Unidos, con sedes en Luisiana, Illinois y Texas, y con capacidad para refinar 749.000 barriles al día. Posee también tres oleoductos y tiene acciones en otros tres. Es propietaria de 48 terminales petroleros y actúa mediante las 5.600 estaciones gasolineras en todo el país norteamericano, que funcionan mediante un sistema de franquicias.

Durante los dos últimos años, el nombre de esta filial internacional de Pdvsa ha ocupado titulares en la prensa por noticias como el donativo de $500.000 para la campaña presidencial de Donald Trump y por el financiamiento de la fiesta del 4 de julio en Houston, Día de la Independencia de EEUU, por más de $700.000, mientras en Venezuela se sobrevive con escasez de alimentos y medicinas.

A finales de 2016, se conoció que la petrolera Rosfnet recibió, como garantía de un crédito por $1,5 mil millones, 49,9% de las acciones de Citgo. Además, en una renegociación de canje de bonos por más de $2.000 millones, quedó comprometido el resto de las acciones. Pero jamás había sucedido algo como lo del 21 de noviembre: la detención de seis de sus directivos.

De acuerdo con la versión de personas allegadas a las familias de los presos, en el acta de aprehensión preparada por los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), solo se leen cerca de cinco líneas que dicen, palabras más o menos, que después de iniciarse un proceso de investigación en Venezuela para luchar contra la corrupción en Pdvsa, también se detectaron irregularidades en sus filiales internacionales y que, de acuerdo con información proporcionada por una fuente , la directiva de Citgo está involucrada en un delito. Por eso, el 20 de noviembre comenzó la investigación.

En la tarde del 21, el fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó de la detención del presidente encargado de Citgo, José Pereira, así como de los vicepresidentes de Operaciones de Refinación, Tomeu Vadell; de Refinería Corpus Christi, Alirio Zambrano; de Suministro y Comercialización, Jorge Toledo; de Relaciones Estratégicas, Gustavo Cárdenas, y  de Servicios Compartidos, José Luis Zambrano. A todos se les imputaron los delitos de “peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

Las dudas sobre el contrato y las detenciones
De acuerdo con la denuncia del Ministerio Público, ellos participaron el 15 de julio de este 2017, en la firma de un contrato con las empresas financieras internacionales Frontier Management Group LTD y Apollo Global Management LLC en una presunta refinanciación de la deuda de Citgo del año 2014 y 2015, para solicitar préstamo por $4.000 millones bajo condiciones desfavorables para el país. Dicha decisión la tomaron los seis, según la acusación inicial, sin consultar a la directiva de Pdvsa.

Los intermediarios son Juan Carlos Gudiño Espinel y Juan Zavalia Paunero, administradores de Mangoré Sàrl, una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) registrada en Suiza (Rue du Village 7, 1295 Mies). La compañía, creada el 25 de marzo de 2015 con capital de 20 mil francos suizos (20 acciones de 1.000 francos cada una), se dedica al asesoramiento y asistencia en el sector financiero e inmobiliario, la ejecución de mandatos fiduciarios (administración de fideicomisos), y la adquisición, venta, tenencia y gestión de participaciones en todo tipo de empresas, establecidas en Suiza y en el extranjero (exponen sus estatutos).

Zavalia (argentino), fundador de la empresa y dueño de todas las acciones, integró a Gudiño (nativo de Barquisimeto) a la junta directiva el 28 de julio de 2017, cuando le vendió 10 de sus 20 acciones (de mil francos cada una). Desde entonces, el venezolano es gerente de la organización.

La compañía fue el enlace con Frontier Management Group LTD y Apollo Global Management LLC, empresas conjuntas desde 2015, cuando Apollo (con sede en Nueva York), el tercer administrador de activos alternativos más grande del mundo, se asoció con Frontier Management, una empresa dirigida por antiguos ejecutivos de The National Investor (TNI), con sede en Abu Dabi, reseñó Reuters.

Sin embargo, fuentes conocedoras del caso afirman que el contrato de refinanciamiento establecido con estas empresas no existe, y que solo se firmó un acuerdo de confidencialidad mientras se estudiaba el mecanismo de refinanciamiento. Por otra parte, al menos uno de los detenidos, Jorge Toledo, no era ni siquiera directivo de la filial de Pdvsa al momento de la firma del documento.

El fiscal Saab no ha explicado esas interrogantes del caso, aunque el jueves informó al país de la detención de Nelson Martínez, expresidente de Pdvsa y de Citgo, quien según el titular del Ministerio Público designado por la ANC, fue señalado por los detenidos de ser conocedor de la firma del contrato, hecho que allegados a los seis acusados ignoran.

Al día siguiente de la detención, el 22 de noviembre, los seis fueron trasladados a los tribunales en la sede de la esquina de Cruz Verde, para presentarlos ante la jueza tercero de Control, Rosvelin Gil. Estaban custodiados por cerca de 15 efectivos que no permitieron que los defensores se acercaran.

La jueza, dada la insistencia, aceptó que los abogados Aníbal Ruiz y Víctor Miguel Pacheco Rojas asumieran la defensa de los detenidos. Después de las primeras revisiones del caso, la encargada del tribunal ratificó los cargos que presentó el fiscal provisorio, nombrado en agosto de este 2017, Ronmy Salimey Mejías.

El periodista Javier Ignacio Mayorca cuenta en un reportaje publicado en Runrunes, que el presidente encargado de Citgo, José Pereira, argumentó en su defensa que el financiamiento –de haberse logrado- hubiese servido para fortalecer el llamado ‘proyecto Aruba´, cuya refinería, según sus propios cálculos, hubiese levantado la producción de crudo venezolano hasta 300.000 barriles diarios. ”Pero nada de eso se dio, pues hasta ahora no hay evidencia de que las negociaciones con Frontier y Apollo se hubiesen concretado con las formalidades de ley”.

El viernes 1° de diciembre, trasladaron al expresidente de Pdvsa y de Citgo, Nelson Martínez, al tribunal de control. Una fuente judicial contó que a su defensor privado no le permitieron que se juramentara. Se mantuvo la imputación en su contra y la detención.

La lucha contra la corrupción y la necesidad de dinero
El pasado martes 28 de noviembre, durante el acto en el cual el general Manuel Quevedo asumió la presidencia de Pdvsa, el mandatario nacional, Nicolás Maduro, ordenó luchar contra la corrupción en la estatal petrolera.

No es la primera vez que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo anuncia una batalla contra quienes hacen uso indebido de los recursos públicos. En octubre de 2013 solicitó una ley habilitante, ante una Asamblea Nacional mayoritariamente oficialista, dirigida por Diosdado Cabello, para luchar contra la corrupción. En ese entonces, no se imputó a ninguno de los 62 miembros de Pdvsa, entre altos gerentes y empleados, acusados ahora, pese a que los hechos de los que se les señala vienen ocurriendo desde 2013 o antes.

Al respecto, Saab responsabiliza a la gestión de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, de permitir la corrupción en la estatal petrolera. Por ejemplo, en agosto de 2017, pronunció en un acto televisado lo siguiente: “Acuso a la extitular de esa negligencia permisiva en el presunto desfalco a la nación en contrataciones de Pdvsa, realizadas por la directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el periodo comprendido entre el año 2010 a 2016”. Entonces, expresó que su antecesora ignoró instrucciones expresas del presidente Maduro.

Por su parte, en septiembre de este año, Ortega Díaz le declaró al medio Cuentas Claras Digital, que en la Fiscalía había 3000 casos de corrupción de Pdvsa. “Ojalá no los desaparezcan”. Entre los que mencionó se encuentra el de la empresa Conkor, la que vinculó a Saab.

Un hecho conocido en el Ministerio Público eran las presiones que recibía Ortega Díaz de líderes del oficialismo, como el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, quien solía entorpecer las investigaciones al no facilitar las actuaciones de los fiscales.

¿Qué cambió ahora en la estatal petrolera? La difícil situación financiera de Pdvsa obligó al Gobierno a buscar inversores internacionales que inyecten dinero para reactivar la producción de petróleo y de productos terminados como la gasolina. Según fuentes independientes consultadas por El Pitazo, por lo menos rusos, chinos e iraníes estarían interesados en participar en una reactivación de la estatal, pero pidieron limpiar a la compañía de la corrupción, antes de proceder, por ejemplo, a firmar un contrato de alquiler de instalaciones petroleras.

Una expresión de ello ocurrió en Petrozamora, empresa mixta en la que según empresarios de la Costa Oriental de Lago, los inversionistas rusos solicitaron a Pdvsa capturar a los responsables de actos de corrupción que sabotean la producción de petróleo. Lo mismo sucede con China Petroleum, que redujo inversiones en campos petroleros debido a las irregularidades cometidas en la compra de materiales por parte de Bariven, según contó a este medio un empleado venezolano de esa empresa.

Las afirmaciones coinciden con las más recientes declaraciones del dirigente sindical de Pdvsa en Paraguaná, Iván Freites, quien afirmó a El Pitazo que este sábado 3 de diciembre representantes de las compañías rusas, chinas e iraníes discutieron la posibilidad de asumir la reparación del Centro Refinador Paraguaná (CRP), ante las innumerables fallas detectadas durante tres meses de evaluación y los altos costos que representan para la estatal petrolera recuperar las instalaciones, en las que se encuentran las refinerías de Amuay y Punta Cardón.  “Al parecer, se necesita una inversión muy grande para recuperar CRP, y no se cuenta con el dinero”, señaló. “La situación es muy grave. Nuestro patrimonio nacional podría ser entregado a ellos”, concluyó.