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El gobierno al violar El Estatuto de Roma califica para ser juzgado en la Corte Penal Internacional
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El gobierno de Nicolás Maduro, con las acciones brutales de represión, persecución  y terrorismo está  violando los que establece el Estatuto de Roma, procedimiento que lo califica para ser juzgado a través de la Corte Panal Internacional.

Así lo manifestó la diputada Delsa Solórzano, durante  su intervención en la plenaria de la Asamblea Nacional para presentar el acuerdo en rechazo a la ejecución continuada del Golpe de Estado y en condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los derechos humanos de la población, que fue aprobado por unanimidad.

Precisó el gobierno con las acciones brutales contra la población en las manifestaciones pacíficas, además de los ataques contra clínicas, como el que sucedió en el Centro Profesional Las Mercedes, cuando la Guardia Nacional Bolivariana lanzó bombas lacrimógenas al interior de ese centro de salud, donde se encontraba la propia diputada que fue  golpeada por una de las bombas y ahogada por los gases.

“Aquí se está violando con estas acciones brutales, violentas y terroristas el Estatuto de Roma, que hace competente a la Corte Penal Internacional para conocer de los crímenes que está cometiendo Nicolás Maduro y sus cómplices esbirros en Venezuela”.

Señaló que el acuerdo aprobado además de contemplar los artículos que se violan en el Estatuto de Roma, se hace un exhortó a los organismos competentes para que se abran las investigaciones a que haya lugar. “La violación de los derechos humanos de la cual Venezuela está siendo víctima, alcanza  a toda la sociedad, que se niega  a seguir siendo reprimida y a guardar silencio frente a un gobierno represo,  violador de los derechos humanos, que tiene al pueblo pasando hambre, sumido en la miseria, a las madres venezolanas llorando sus muertos, sino que también pretende tener a un pueblo con miedo y eso no lo van a conseguir porque Venezuela no tiene miedo”.

Expresó la diputada Solórzano que en Venezuela se ha gestado un golpe de Estado que ha sido preparado por el propio gobierno, desde el mismo momento en que fue electa la nueva Asamblea Nacional, al designar “entre  gallos y medianoche” a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,  que no cumplen con los requisitos mínimos para ejercer tan importante cargo.

Dijo que estos magistrados que en la mañana eran diputados y luego en la noche magistrados, que votaron por ellos mismos, han cometido una serie de irregularidades y violaciones de la Constitución y las leyes en complicidad con el presidente Nicolás Maduro. “Esos son los juristas que han emitido una serie de sentencias que le han dado la estocada final a la mal trecha democracia venezolana”.

Destacó que la emisión de las sentencias: 155, 156, 157 y 158 pretendieron en primer término arrebatar la inmunidad parlamentaria a los diputados. “Cuando esta es una prerrogativa que nos otorga el pueblo desde el momento en que nos elige. La inmunidad parlamentaria es una institución que protege a nuestro pueblo y burlándose del pueblo han querido quitarnos la inmunidad parlamentaria”.

Agregó que no conformes con eso pretendieron quitarle las funciones al parlamento, para dejar al pueblo sin voz. Lo que constituye un golpe de Estado, que además fue reconocido por la propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien claramente señaló sobre la presencia de la ruptura del orden constitucional.
“Son unos golpistas con togas, que no usaron fusiles en la primera etapa del golpe de Estado. Pero en esta segunda etapa del golpe de Estado, pretenden hacerlo a través de la brutal represión que hay hoy en las calles de Venezuela”.
Hizo un balance desde el 6 de abril pasado de todas las detenciones durante las manifestaciones pacíficas que se han realizado en todos los estados del país y en la capital. “Hay casi 600 detenciones ilegales, las cuales no cuentan con orden de aprehensión, ni  se han dado en comisión de delito flagrante. Además de esas 600 detenciones 170 de esas personas han sido puestas en libertad, sin previa presentación en tribunales. Esto no hace más que ratificar su condición de privaciones ilegitimas de libertad por parte de los cuerpos de seguridad del Estado”, precisó.
Agregó que hay 132 nuevos privados de libertad y que están aplicando una nueva práctica, el otorgamiento de fiadores y nada más aceptan para representar esta figura a funcionarios públicos. “Aplican tortura para arrebatar ilegalmente testimonios falsos, y luego lo transmiten en cadena nacional, para demostrar que tienen la fuerza del gobierno para seguir torturando a la gente”.

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