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El TSJ no se ha opuesto a la voluntad del Ejecutivo
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En 2006, durante la apertura del año judicial, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia corearon ³Uh, ah, Chávez no se va² en presencia del entonces presidente Hugo Chávez, representantes de los otros poderes públicos y ante la mirada del país.

En 2014, el tribunal inició sus actividades con el grito de ³Chávez vive, la lucha sigue². En su discurso la magistrada Deyanira Nieves, jubilada en diciembre pasado, afirmó sin titubeos: ³Hugo Rafael Chávez Frías, el más importante líder de nuestra historia contemporánea, nos señaló el camino que de manera inexorable estábamos destinados a recorrer hasta llegar a concretar el rescate de la patria².

Para el abogado constitucionalista Antonio Canova, director de la ONG un Estado de Derecho, las afirmaciones de los magistrados revelan la forma cómo ha actuado el TSJ en los últimos años. ³El Tribunal Supremo ha sido un instrumento político, un brazo ejecutor del gobierno; se conduce como un ministerio², afirmó.

Canova resaltó que desde 2005 no existe sentencia en la que un ciudadano ganara un juicio en el que estuviera involucrado el Ejecutivo o algún funcionario. El abogado, coautor del libro El TSJ al servicio de la revolución, refirió un patrón que considera recurrente: a la declaración o señalamiento del jefe del Estado o algún importante vocero del gobierno, sigue una decisión o pronunciamiento judicial.

Esto lo ratifica José Peña Solís, ex presidente de la Sala Electoral. Señaló que las afirmaciones que revelan la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial son públicas y notorias. ³Este tipo de procedimientos afecta la credibilidad y confianza en el TSJ, en el poder que es árbitro de las controversias. Muchas de las decisiones de la Sala Constitucional son una desviación de la Carta Magna y tienen una prevalencia del factor político.

La última sentencia de la Sala Electoral es un ejemplo paradigmático de esto², aseguró.

Peña Solís considera que estas actuaciones afectan la institucionalidad y la seguridad jurídica en el país y Canova dijo que así sucedió con el reciente dictamen de la Sala Electoral que desproclamó a cuatro diputados de Amazonas elegidos el 6-D. ³El ex magistrado Eladio Aponte Aponte relató que los reunían los viernes para darles órdenes², recordó en referencia a las revelaciones que hizo el también ex fiscal militar luego de su huida del país en 2012.

En el libro de Canova se hace referencia al comportamiento del tribunal durante el gobierno de Chávez. ³Desde 2005 hasta 2013 la Sala Constitucional nunca condenó al presidente por haber violado un derecho constitucional. En años de un transitar político conmocionado y polémico, que ha tenido consecuencias palpables en la vida de muchas personas (asesinadas, encarceladas, exiliadas, perseguidas, despedidas), no deja de sorprender que en ninguna ocasión haya declarado con lugar un amparo constitucional ejercido contra el presidente², enfatizan.

En la investigación se indica que no hay registros de sentencias que anularan leyes sancionadas por la AN. ³No se censuró ninguno de los acuerdos que emitió la mayoría oficialista en los más variados temas, en muchas ocasiones para estigmatizar, perseguir o justificar violaciones a quienes son disidentes o se oponen al gobierno², señalan.

Peña Solís subrayó que el conflicto de poderes entre el TSJ y la Asamblea Nacional zanjó ³temporalmente², pero cree que habrá otro enfrentamiento cuando el Parlamento sancione la Ley de Amnistía.

 

Perjuicios. La falta de autonomía e independencia del Poder Judicial ha causado preocupación dentro y fuera del país, destaca el abogado Rafael Chavero. ³En los distintos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se cuestiona la injerencia política del TSJ y los graves perjuicios que eso genera en el sistema democrático², expresó.

La CIDH ha subrayado: ³La existencia de un poder judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado, así como también como órgano encargado de administrar justicia². La comisión ha cuestionado el alto porcentaje de jueces y fiscales provisionales en el país.

Chavero, que escribió la obra La Justicia Revolucionaria, considera que las actuaciones del TSJ profundizan la crisis política. ³No puede haber democracia con un Poder Judicial al servicio ciego del Ejecutivo², señaló.

Dijo que además del caso Amazonas, otros dictámenes ponen en tela de juicio al TSJ: la decisión que declaró inadmisible la impugnación de las elecciones presidenciales de 2013, en la que no se abrió el caso a trámite; las inhabilitaciones políticas sumarias, como sanciones accesorias a la determinación de responsabilidad administrativa; las sentencias que revirtieron para arrebatar competencias a los estados; las que han determinado que los jueces provisorios, más de 60%, son funcionarios de libre nombramiento y remoción, y las que se han dictado contra la libertad de expresión.

 

Crisis de legitimidad

 

El politólogo John Magdaleno destacó que la condición de la democracia es la existencia del Estado de Derecho. Recordó los principios de Montesquieu sobre la separación de poderes, el peso y el contrapeso requerido para ser viable la democracia.

³En revolución estos conceptos se suprimen. Así se evidenció cuando Luisa Estela Morales, entonces presidente del TSJ, dijo que el máximo tribunal era revolucionario², señaló.

El analista advirtió que cada vez es más evidente la socavación de los valores democráticos en Venezuela, en la que impera ³un autoritarismo competitivo². Dijo que en el país ³la noción de justicia es irrealizable, esto podría generar una crisis de legitimidad, no solo de gobernabilidad².

Señaló que una encuesta de 2015 reveló que 60% de los venezolanos piensa que en el país no hay un régimen democrático. Considera que en este año persistirá el clima de rivalidad entre los poderes públicos.

Magdaleno cree que la disputa entre el Parlamento y el TSJ se extenderá, y que el próximo round será la definición de los dos tercios del Legislativo.

SOFIA NEDERR – EL NACIONAL