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Expertos advierten que el TSJ autoriza al gobierno a violar derechos
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La resolución del Tribunal Supremo de Justicia que otorga vigencia al Decreto de Emergencia Económica es cuestionada por expertos constitucionales, que alegan que viola la carta magna, el equilibrio de poderes, y asigna competencias al gobierno para tomar medidas contra la propiedad y el debido proceso, y niega el control de la Asamblea Nacional.

Luis Alfonso Herrera, director de la ONG Un Estado de Derecho, afirmó que los magistrados actúan como “agentes políticos del gobierno y del PSUV”: “El decreto es inconstitucional, ilegal e instaura una dictadura económica. Abre las puertas a la violación de derechos humanos y que la AN no pueda investigar importaciones, medidas cambiarias ni manejos turbios. El gobierno podrá expropiar, no garantizar el derecho a la defensa ni estará bajo el escrutinio del Legislativo, como ha pasado en los últimos 16 años”.

Propuso a la AN denunciar el hecho ante ONU, OEA, Mercosur y organismos que tienen acuerdos con Venezuela. “El TSJ, por subordinación y carácter antidemocrático, viola tratados internaciones”.

El ex magistrado Román Duque Corredor señaló que la Sala Constitucional acudió a viejas sentencias y a opiniones de Allan Brewer Carias y él “para cubrir la falta de credibilidad”. “Ni Brewer ni yo tenemos dudas sobre el artículo 339 de la Constitución, que exige dos condiciones para que un decreto de excepción sea válido: que sea aprobado por el Parlamento y que el TSJ verifique su carácter legal. El artículo 339 es claro: si el Parlamento rechaza el decreto, queda sin efecto, no tiene vigencia. La Sala Constitucional inventó dudas para negar el control legislativo sobre los estados de excepción e incurrió en un fraude constitucional. Manipuló el artículo 339 constitucional”.

Denunció: “El otro aspecto grave es que la Sala Constitucional falseó la verdad. Alegó que hubo una falta de decisión de la AN al no convocar a sesión en las 48 horas una vez que el presidente presentó el decreto. El artículo 27 de la Ley de Estados de Excepción señala que el decreto de excepción solo puede ser considerado aprobado si el Legislativo no pudo reunirse por un hecho inevitable, como un desastre natural o un caso de fuerza mayor. ¿Ocurrió algún hecho de fuerza mayor? No. La Sala Constitucional es factor de alteración del orden jurídico y democrático, así que cualquier ciudadano puede considerar que el decreto no es de obligatorio cumplimiento ni vinculante. Como el decreto no existe en lo legal, se puede establecer responsabilidades a quienes lo ejecuten. Los funcionarios no pueden alegar obediencia debida. La Asamblea puede señalar que el decreto es un factor desestabilizador, inconstitucional y negarle su eficacia y total aplicación. Los ciudadanos pueden alegar desobediencia legítima porque se vulneró el artículo 339 de la Constitución”.

El abogado Gerardo Blyde afirmó: “La sentencia es grave, peligrosa y usurpadora de las funciones del Parlamento e impone un estado de excepción”.

 

Con Información de: El Nacional / Hernan Lugo Galicia