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Funcionalidad institucional se impuso frente al discurso político
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El desacato dictado por la Sala Electoral y la omisión constitucional que pidió la Procuraduría a la Sala Constitucional contra la Asamblea Nacional y que el TSJ consideró resuelto ayer, son los dos elementos del primer round en la confrontación de los poderes públicos luego de la instalación del nuevo Parlamento el pasado 5 de enero.

Lo que pudo traducirse en la parálisis del Poder Legislativo, ante su inicial desconocimiento de una sentencia del TSJ, fue revertido en la sesión del miércoles 13 por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, al autorizar la desincorporación de los tres diputados de la MUD por el estado Amazonas, a solicitud de los afectados.

El politólogo Ricardo Sucre y el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández coinciden en afirmar que dicha decisión fue la correcta.

“Me parece una decisión políticamente acertada porque preserva la majestad de la Asamblea Nacional y permite que el juego político se mantenga dentro del Parlamento. Esta decisión le permite a la AN desenvolverse, ir desarrollando su dinámica y dar los debates tal como lo vimos esta semana”, dijo Sucre.

Considera, no obstante, que la oposición se apresuró al señalar que no acataría la medida del TSJ: “La decisión tuvo un costo político muy alto para la oposición que inicialmente dijo que la sentencia era inejecutable, que no la acatarían, pero al final la acataron. Habría tenido menos impacto si rechazan la decisión, presentan sus argumentos, convocan a la defensa activa de los diputados, pero la cumplen de entrada. De ese modo evitaban que el gobierno cobrara la decisión como una victoria”.

Sucre recomendó a la bancada de la MUD tener una estrategia discursiva más afinada: “Este no será el primer choque. Vendrán la amnistía, la emergencia económica, los mecanismos de consulta popular, etc. Una lección que pueden recoger de este primer round es plantear los temas de un modo que permita ver que hay reglas de juego”.

Decisión adecuada. El constitucionalista José Ignacio Hernández dijo que la decisión de la mayoría opositora fue adecuada: “Con ella se cierra el capítulo del desacato y la omisión constitucional promovido desde el gobierno, pero sin renunciar a la defensa de los diputados ni al argumento de ilegalidad de la actuación del TSJ. Aquí prevaleció la necesidad de garantizar la continuidad de la AN antes que meterse en una discusión política sin sentido”.

Hernández enfatizó que la desincorporación de los tres diputados no significa debilidad institucional de la oposición ni de la AN, ni tampoco convalida lo actuado por el tribunal. “Lo importante es que los tres diputados siguen siendo diputados proclamados y juramentados lo cual deja sin sentido el propio amparo cautelar”, explicó.

Los analistas descartaron que el caso de Amazonas pueda abrir la puerta al PSUV para promover nuevas impugnaciones. “Si el oficialismo quiere impugnar más estados lo hará, independientemente de la respuesta de la oposición en el caso Amazonas”, indicó Hernández.

Sucre resaltó la posición adoptada por el secretario general de la OEA: “Este tipo de acciones también tiene un costo para el gobierno. El oficialismo puede señalar que logró imponerse, pero a un costo de tensión muy grande para el país. Además, está el factor Almagro que jugó un papel de contención muy importante. No sé si el gobierno lo calibró correctamente, pero pienso que la carta pública del secretario general de la OEA también tuvo peso en la resolución de este primer choque”.

 

Fuente: Maru Morales – EL Nacional