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Gobierno venezolano atiende a indígenas y levanta protesta por minería ilegal
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El Gobierno venezolano atendió hoy a la comunidad indígena venezolana pemón, que se mantuvo en protesta durante tres días en contra de la minería ilegal en el Parque Natural de Canaima (sur), Patrimonio de la Humanidad, y despejó la pista de aterrizaje del aeropuerto que sirve a la zona.

“Estuvimos escuchando a toda la comunidad, estuvimos escuchando todos sus planteamientos, sus problemas en diferentes áreas”, señaló la ministra para los Pueblos Indígenas de Venezuela, Aloha Nuñez, quien acudió al aeropuerto en compañía de la ministra de Turismo, Marlena Contreras, y miembros de las Fuerzas Armadas.

Nuñez aseguró al canal estatal VTV que las medidas que se tomarán para dar respuesta a la solicitud de la comunidad pemón son “temas de seguridad” que serán anunciados posteriormente por el ministerio de la Defensa.

“Nuestro vicepresidente Jorge Arreaza hizo un contacto telefónico en el que asumía todas las demandas que hiciese nuestro pueblo, así que se pueda de esta manera aperturar todas las operaciones en el aeropuerto de acá de Canaima, y de esta manera quedó abierto, nosotros asumiendo esos compromisos para cumplirlo”, dijo.

El representante pemón, Cristóbal Montes de Oca, dijo más temprano que la devastación que está causando la minería ilegal en la zona es grave, contaminando el río Carrao, uno de los principales afluentes que alimenta al río Caroní, fuente del 70 por ciento de la electricidad del país.

Canaima es un parque natural de unos 30.000 kilómetros cuadrados ubicado en el estado Bolívar, fronterizo al este con Guyana y al sur con Brasil, y que alberga el Santo Ángel, la caída de agua más alta del mundo.

El exministro de Turismo, Andrés Izarra, denunció hace unos meses la depredación de la zona producto de grupos ilegales que se dedican a la explotación minera en los ríos Carrao y Caroní y que, dijo, se han convertido en “una gran amenaza”.

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, informó a mediados de 2014 que el Ministerio Público solicitó medidas “precautelativas ambientales” para prohibir la práctica ilegal de la minería en el estado Bolívar.

La explotación ilegal de minerales en este territorio protegido ha generado profundos daños en el ecosistema, incluyendo de las vía fluviales por el uso que hacen los mineros del mercurio en el agua para localizar los minerales.

Fuente: EFE