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Haro: Decreto de Estado de Excepción se basa en una apreciación política y no en una amenaza real
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Por Armando Altuve | El Pitazo- Caracas

En conversación con El Pitazo, el abogado constitucionalista consideró que la medida, que espera sea publicada en Gaceta Oficial este lunes, sea revocada por la Asamblea Nacional. Afirma que Uribe Vélez, quien había hecho comentarios sobre Venezuela, no tiene “autoridad” para concretar una intervención militar en el país

 

Caracas– El abogado constitucionalista, José Vicente Haro, señaló el Decreto de Estado de Excepción aprobado por el presidente Nicolás Maduro, que responde a supuesta amenaza externa hacia a la soberanía y seguridad nacional del país, carece de una justificación lógica, por lo que considera que la Asamblea Nacional debe tener una posición tajante y revocarlo.

En conversación con El Pitazo, Haro, quien aclaró que la decisión del presidente está amparada en el artículo 338 de la Constitución, indica que las declaraciones ofrecidas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre una posible ayuda de las Fuerzas Armadas Internacionales a la oposición venezolana no constituye una razón, ni política ni constitucional, válida para la aprobación del decreto, el cual se aprueba en el marco de la evaluación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) de aplicar la Carta Democrática Interamericana.

“Lo que hace viable un decreto son las razones por las que se emite. Se justificaría un Estado de Excepción si hubiese una amenaza directa por parte del presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, Juan Manuel Santos, pero esa supuesta amenaza proviene de un político que, en este momento, no tiene autoridad en Colombia ni siquiera para movilizar a un contingente armado. Por ello esa amenaza no puede considerarse inminente ni suficiente para un decreto. Maduro basa su decreto en una apreciación política”, dijo el jurista, quien resaltó que la afirmación de Uribe Vélez atenta contra el principio de desproporcionalidad de los Estados de Excepción de conmoción exterior. “La lectura que le doy a la decisión es que el Gobierno efectivamente está pensando en la posible aplicación de la Carta Democrática de la OEA”, reflexionó.

Durante su participación en la Cumbre Concordia, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pidió a “las Fuerzas Armadas democráticas internacionales” a prestar protección a la oposición en Venezuela y, además, instó a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a enfrentar la “tiranía” que existe en el país.

Maduro consideró este viernes que hay “factores extranjeros” que piden a Estados Unidos una intervención militar al aprobar el decreto que tendrá vigencia por 60 días y espera ser publicado en Gaceta Oficial este lunes. “Esto me da el poder constitucional para derrotar el golpe de Estado, la guerra económica y enfrentar todas las amenazas que hay contra nuestra Patria”, arguyó Maduro. Minutos después, el ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, subrayaba que la supuesta amenaza era suficiente razón para decretar la medida.

Sobre el resurgir del Decreto de Emergencia Económica, Haro reiteró que es inconstitucional porque viola el artículo 339 de la Constitución. Sobre este punto, consideró que la Asamblea Nacional debe dar un paso más adelante y revocar la medida debido a los “precedentes negativos” ocurridos en enero cuando la AN, con el voto de la mayoría de la Cámara, reprobó el decreto y, luego, mediante sentencia del TSJ, fue avalado. Esa medida luego fue prorrogada por 60 días más por el máximo tribunal pese a que el Parlamento no lo aprobó.

Una vez más el decreto de Emergencia Económica tendrá que pasar bajo la lupa de la Asamblea Nacional. “La AN va tener el mayor peso político y constitucional frente a la inacción de la Sala Constitucional. Ahora, la AN tendrá que revisar sí hay elementos para aprobarlo pero es evidente que la medida no ha servido para resolver el problema económico del país y, en todo caso, el presidente para dictar medidas de orden económico no requiere de un decreto”.

Haro indicó que el Primer Mandatario al relanzar el decreto está cometiendo un “fraude” a la Constitución. “El artículo 339  permite un prórroga de 60 días que ya se venció, al volver a dictarlo Maduro está cometiendo un fraude a la Constitución. Él sabe que no puede prorrogarlo y lo volvió a dictar, pero al hacerlo está de espalda a la Constitución y está tratando de mantener esta situación que le da poderes extremadamente amplios que le permiten violar los derechos de libertad económica y a la propiedad privada”, comentó Haro al referirse al primer decreto presentado en enero de este año.

“La AN debe revocar ese decreto porque la Constitución en su artículo 339 señala expresamente que la AN puede echar para atrás cualquier Estado de Excepción, incluyendo el Decreto de Emergencia Económica, cuando haya cesado las circunstancias que lo ameritaron, las cuales aún no han quedado demostradas por parte del Ejecutivo nacional para mantener esa medida”.

El abogado cree que el decreto, próximo a conocerse en Gaceta Oficial, acentuará más los poderes del Jefe de Estado. “Maduro dijo que se van a aumentar sus facultades y tengo el fundado temor de que ese decreto aumente más sus poderes para tomar decisiones y, así, por ejemplo, ocupar empresas que este momento está paralizada”, asomó Haro.

Aclaró que el decreto solo le permitiría al Ejecutivo nacional restringir algunas garantías constitucionales para el resguardo y defensa de la nación como el libre tránsito en las zonas fronterizas. “Sin embargo, en las últimas declaraciones del presidente se ha percibido que la intención va mucho más allá, y pareciera estar planteándose gravemente la posibilidad de que el Gobierno suspenda determinadas garantía, pero eso no lo permite la Carta Magna”, consideró.

Señaló que ante posibles violaciones de derechos humanos durante la vigencia del decreto de Estado de Excepción, los ciudadanos, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, pueden solicitar amparo constitucional ante las autoridades para el restablecimiento de su situación jurídica y reparación de daños y perjuicios.

Por otra parte, precisó que, a pesar de que el país no forma parte desde 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), los venezolanos pueden denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuya instancia podrá dictar medidas cautelares y alertas internacionales sobre violación de garantías fundamentales. Agregó que también está abierta la posibilidad de consignar denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, organismo al cual el país debería notificar la decisión del decreto de Estado de Excepción, pero, en la práctica, Venezuela nunca ha cumplido, sostuvo Haro.

El Gobierno debe dialogar

El abogado también aludió al tema de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA que consideró debe aplicarse con “urgencia” en vista del quebrantamiento del orden constitucional, como lo establece el artículo 20 de ese instrumento.

Explicó que el Consejo Permanente de la OEA, al considerar que existe una situación descrita para la aplicación de la carta, agotar las vías del diálogo y el entendimiento entre ambas partes en conflicto, tanto el presidente de la República como los integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y las organizaciones políticas de oposición. Esa mediación la haría una comisión conformada por países “independientes” que forman parte del organismo.

“Eso sería similar a lo que pasó en 2003 cuando la OEA envió a César Gaviria para permitir la realización del referendo revocatorio. Ahora, la comisión podría visitar Venezuela sí el Gobierno lo autoriza. Si el presidente está interesado en el dialogo y apuesta por un discurso de paz debería permitir que esa comisión llegue al país, aunque debido al decreto de Estado de Excepción eso no creo que sea posible”.

Ante una posible negativa del Gobierno de agotar las vías diplomáticas, la comisión de la OEA seguiría escuchando, desde el exterior, a ambas partes hasta que, finalmente, elabore un informe que será remitido al Consejo Permanente y al Secretario Ejecutivo, Luis Almagro, quien considerará la aplicación de la Carta Democrática Interamericana con el fin de restablecer el orden constitucional.

“Podría suspender a Venezuela de la OEA y eso sería negativo para el país no solo desde el punto de vista político, sino también económico, ya que eso tendría efectos en las calificadoras de riesgo a nivel internacional, incluso los precios del crudo, que hoy han caído, mermarían aún más”, recalcó Haro.

“Maduro tiene la opción de aceptar la comisión de buenos oficios que promueva el dialogo y el entendimiento y condiciones favorable para que se realice el referendo revocatorio dentro de los plazos correspondiente”, concluyó Haro, quien asomó que ese proceso electoral, que hoy solicitan los ciudadanos bajo la mediación de la MUD, no se vería afectado por el decreto de Estado de Excepción.