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Juristas de Carabobo se declaran en desacato y llaman al rescate de la institucionalidad
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Este viernes un grupo de juristas carabobeños, encabezados por Nelson Riedi, presidente del Colegio de Abogados, exmagistrados, docentes e integrantes del Bloque Constitucional Venezolano, se declararon en desacato y desobediencia civil e hicieron un llamado a la ciudadanía para acompañar toda manifestación que procure el rescate de la institucionalidad.

Preocupados ante los hechos registrados durante los últimos días desde el TSJ y otros tribunales del país, el presidente del gremio carabobeño, junto a Marlene Robles, presidente de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela; Adelba Taffin, Jesús Ganem Martínez, Ángel Jurado Machado, José Dionisio Morales, Rubén Pérez Silva, Pedro Rondón Haaz, Julio Elías Mayaudón, Jesús Ganem Arenas, Julio Castillo, Daniel Jurado, Leonel Pérez Méndez y Carlos Aguilera, se reunieron para ofrecer su posición y criticar las “aberraciones jurídicas” emanadas desde estos juzgados.

Riedi llamó la atención sobre la sincronía con que actuaron gobernadores, tribunales y CNE, lo cual advirtió, “revela que el gobierno participa de manera directa en esta acción”.

“Como Colegio de Abogados, como ciudadanos y venezolanos, llamamos a la ciudadanía para que acompañe toda manifestación que procure el rescate de la institucionalidad en Venezuela y el rescate de nuestra Constitución. Respaldamos al Bloque Constitucional Venezolano, y nos declaramos en rebeldía ciudadana en defensa de la Constitución, y en acatamiento al artículo 350 de la carta fundamental”.

Así mismo, convocó el próximo lunes a una gran asamblea de abogados en la sede de esa corporación gremial.

La orquesta roja

Por su parte, Rubén Pérez Silva, del Bloque Constitucional de Venezuela, ofreció una cronología de los hechos, destacando las declaraciones del pasado domingo ofrecidas por el gobernador Ameliach en el programa de José Vicente Rangel, donde anunciaba que en los próximos días interpondría una querella contra la directiva de la Mesa de la Unidad Democrática.

Subrayó las declaraciones “insólitas” del presidente Maduro, quien afirmó antes de salir del país el jueves, que “no podemos calarnos ninguna elección donde volvamos a perder. Lo del 6 de diciembre no se vuelve a repetir”.

Estas son manifestaciones de lo que calificaron como un “concierto de la orquesta roja”, que aunado a la decisión de los cinco tribunales de control de los estados Carabobo, Bolívar, Aragua, Apure, Monagas, que cumplieron órdenes expresas de los gobernadores Ameliach, Rangel Gómez, El Aisami, Carrizales y Santaella Hernández, tenía como único objetivo impedir la recolección del 20% de las firmas para la solicitud del referendo revocatorio; concierto al que se unió ese mismo día, y de manera bien coordinada, el CNE, el cual suspendió la realización del proceso refrendario, hasta que se produzca una nueva decisión judicial.

“Esto no es otra cosa que un concierto de inconstitucionalidad e inmoralidad ante un pueblo indignado que por aplastante mayoría, rechaza al actual gobierno socialista por perverso y corrupto”, señaló el jurista.

Son nulas y burdas decisiones de los 5 tribunales

Por su parte, los ex magistrados Julio Elías Mayaudón y Pedro Rondón Haaz, explicaron en detalle las fallas que presentan estas decisiones de los 5 tribunales penales.

Mayaudón, especialista en derecho penal, señaló que estas decisiones son una “aberración jurídica”, son nulas y burdas. “Un juez de control no puede dictar medidas cautelares no permitidas”… “Jamás un tribunal penal podrá dictar medidas administrativas de carácter electoral, esto no tiene discusión”, recalcó.

La acción ilícita cometida por los cinco jueces- indicó-, es susceptible de responsabilidad penal, civil y administrativa contra ellos, pero también contra los querellantes pues actuaron de mala fe, con falsedad, y temeridad, como lo establece la Ley Procesal Penal.

Con respecto a la prohibición de salida del país a los integrantes de los representantes de la MUD, Mayaudón explicó que esta acción “es nula de toda nulidad, absoluta”, pues corresponde al Ministerio Público solicitarla de oficio o porque se la solicitó el querellante o denunciante, después de haber investigado.

Sobre este particular Pedro Rondón Hazz subrayó que si se trata de medidas cautelares, cuestión que no se ha determinado porque aún no han sido publicadas las decisiones-, deben cumplir una serie requisitos que “dudamos se hayan cumplido” , pero que además entre otras cosas, las medidas cautelares deben ser susceptibles que sus efectos puedan ser restaurados, lo cual no se cumple en este caso, pues los efectos de hacer la recolección de las firmas, y el revocatorio, son desiguales si el revocatorio se hace ahora o el próximo año.

En el caso de Capriles, comentó que se le quiere enjuiciar, pero por ser gobernador de estado, tiene derecho previamente al antejuicio de méritos que debe ir a la Sala Plena del TSJ.