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La Academia Nacional de Ciencias Económicas se dirige a la Nación
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La Academia Nacional de Ciencias Económicas tiene por obligación de su Ley de origen, emitir su opinión sobre los problemas económicos que aquejan a la Nación y sobre las medidas necesarias para superarlos. El deterioro continuado en las condiciones de vida de los venezolanos y la ausencia visible de propósitos de enmendar las políticas causantes de este deterioro por parte del Ejecutivo, motivan a esta Corporación a hacer el siguiente llamado de atención en cumplimiento de ese deber.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida del venezolano (ENCOVI), realizada conjuntamente por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, arroja para el año 2016, hallazgos que no podían ser más alarmantes. La pobreza por ingresos, ya de por sí muy elevada en 2015 (73%), alcanza a un 81,8% de los hogares, cifra nunca registrada en la historia de la Venezuela moderna.  Más de la mitad se encuentran en pobreza extrema (51,5%). En total, sólo un 18,2% de los hogares no son pobres. Durante los tres años en que se ha realizado la encuesta, lo que se conoce como pobreza estructural o crónica -más difícil de superar, porque las familias han perdido capacidades para mejorar su situación-, ha venido incrementándose, hasta alcanzar el 38% de los hogares en 2016. Las llamadas misiones no están focalizadas para atajar este deterioro: 4,2 millones de pobres no reciben ninguna misión social, pero sí 4,4 millones de no pobres. En materia escolar, el 45% de los niños entre 3 y 17 años, pertenecientes al quintil más pobre de la población, dejan de asistir a clase por falta de comida en la escuela y un 39% por falta de comida en el hogar. La encuesta revela que, mientras en 2015 11,3% de los hogares manifestaban que comían solo dos veces o menos al día, esta respuesta subió a 32,5% en 2016. Asimismo, durante el último año, el 72,7% de los adultos encuestados perdieron peso de manera no voluntaria, un promedio de 8,7 kg. por persona. Entre los pobres extremos, tal pérdida llega a 9 kg. En este sector de la población, 86,3% ingieren dos o menos comidas al día. En lo que respecta a cuidados de salud, se descubrió que un 63% de la población no posee planes de seguros de atención médica. Esta cifra supera el 85% en el quintil más pobre. Ello es tanto más grave porque ENCOVI revela, además, que en 2016 la búsqueda de atención médica en clínicas y hospitales privados superó a la correspondiente en hospitales públicos.

Desde la Academia nos hemos pronunciado por la necesidad imperiosa de derrotar la espantosa inflación que empobrece a los venezolanos, la más alta del mundo durante los últimos tres años, para superar tan lamentable situación. Nos sentimos obligados a reiterar la urgencia de reducir drásticamente el déficit del Estado, eliminar su financiamiento monetario, unificar el tipo de cambio en torno a sus valores reales de equilibrio y liberar a las fuerzas productivas para que puedan responder a las necesidades del mercado doméstico. Es menester sanear las cuentas del sector público, eliminando el gasto improductivo y aumentando sus ingresos. Deben sincerarse los precios de los bienes y servicios que brinda el Estado, venderse empresas que hoy desangran las arcas públicas y combatir eficazmente las corruptelas que tantos recursos le han robado a los venezolanos.

Sincerar los precios de los combustibles internos y rescatar a la industria petrolera de los compromisos impuestos que le han impedido cumplir con su misión de producir competitivamente crudo, gas y sus productos, mejoraría significativamente su situación financiera. Así podrá encarar exitosamente sus requerimientos de inversión, y de pago de deuda, de proveedores y de impuestos al fisco, y prescindir del dinero sin respaldo que le entrega el BCV, fuente principalísima de inflación. Si no se logra mejorar drásticamente la eficiencia de la industria, las finanzas públicas se verán seriamente constreñidas.

Asociado a lo anterior está la unificación del tipo de cambio en torno a valores que equipararían el poder de compra interno y externo del bolívar, y la creación de condiciones que permitan el libre acceso a la divisa. El actual control cambiario, con sus tasas tan dispares y distorsionadoras de los precios internos, ha acentuado la fuga de capitales, la devaluación incesante de nuestra moneda y la merma de las reservas internacionales del país. Su desmantelamiento es indispensable para superar los cuellos de botella externos que restringen la capacidad de importar insumos y equipos para las actividades productivas, así como los bienes de consumo final que requiere la población. La eliminación del déficit público y de su financiamiento monetario permitirán derrotar la inflación y estabilizar el precio del dólar a niveles varias veces inferior a su cotización en el mercado negro, en un régimen de libre concurrencia. Ello habrá de abaratar sustancialmente el precio de la inmensa mayoría de los bienes importados, como de aquellos que se fabrican con insumos comprados afuera, siempre que se promueva activamente la competencia en el mercado doméstico. Con ello se beneficiará el poder adquisitivo de la población.

La reactivación de la economía interna y la promoción de la competencia requieren levantar los controles y las regulaciones punitivas. Junto al racionamiento en el mercado de divisas, han provocado una severa subutilización de los recursos productivos de la Nación. Por tanto, es de esperar una respuesta inmediata de la economía al liberarse las fuerzas productivas domésticas de los controles que hoy las asfixian. Adicionalmente, deben tomarse las previsiones necesarias para fortalecer las instituciones financieras de manera que puedan proveer los créditos necesarios para la reactivación económica, y estimular la inversión productiva y el emprendimiento. De otra manera no se podrán generar empleos bien remunerados, capaces de restablecer un poder de compra digno a la familia venezolana.

Lo anterior se hace aún más factible y provechoso de contar con un generoso financiamiento externo. Éste contribuirá a estabilizar el precio del dólar y cumplir con nuestros compromisos externos, y coadyuvará con el saneamiento de las cuentas públicas y la reforma del Estado. La estabilización macroeconómica y la eliminación de los controles habrá de abrirnos las puertas a fuentes de financiamiento diversas, hoy negadas por el altísimo riesgo con que somos percibidos en los mercados internacionales.

De tomarse las medidas aquí expuestas, el Estado dispondrá de recursos para compensar a aquellos sectores vulnerables que pudiesen resultar afectados por algunas de ellas. Ejemplos exitosos de compensación en otros países abundan, como es el caso del socio de Venezuela en la OPEP, Irán, que instrumentó un eficiente programa de transferencias a su población ante el incremento en el precio de la gasolina. Cabe señalar, sin embargo, que las medidas propuestas ejercerán efectos expansivos sobre la economía, que hacen prever una mejora en el bienestar de los venezolanos. El ajuste dramático y empobrecedor ya lo hemos sufrido, dada la negativa del Ejecutivo a rectificar políticas que han alimentado la inflación, acentuado el desabastecimiento y deprimido la capacidad productiva del país.

A esta Corporación le cuesta entender que, ante la terrible situación que enfrentan hoy la mayoría de los venezolanos, el Ejecutivo mantenga estas políticas. Pretender que un abastecimiento precario de reparto controlado de alimentos como el de los CLAPs sea la única respuesta condenará a la población a un mayor empobrecimiento. Los padecimientos de nuestros compatriotas son evitables y la Academia Nacional de Ciencias Económicas ha ofrecido reiteradamente sus criterios sobre cómo superarlos, en cumplimiento de su deber. Reiteramos, una vez más, nuestra disposición a colaborar con la formulación de las medidas requeridas para la reactivación de la economía, en espera de que el Gobierno Nacional asuma valientemente su deber para con la mejora del bienestar de los venezolanos. Estamos a la orden.

 

En Caracas, el primero de marzo de 2017,

 

Humberto García Larralde                                                                     Sary Levy Carciente

Presidente                                                                                          Secretaria