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La violencia va a clases
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Una semana después del inicio de clases, en el grupo escolar República del Ecuador, en San Martín, las clases todavía se daban solo hasta las 10 a.m. La razón: en agosto se robaron el cableado eléctrico y los aires acondicionados de la institución, y los salones (especialmente los de preescolar, los más afectados) permanecían a oscuras.

Similares reportes, de planteles que iniciaron clases con limitaciones por hurtos (o no las iniciaron en absoluto) se registraron en escuelas de Aragua, Bolívar y Lara, estado donde hubo 13 hurtos en planteles antes del comienzo de clases, según un arqueo de la prensa regional.

En total, este año se han registrado 294 hurtos en escuelas, según registros que hace el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), basándose en informaciones de prensa, en lo que va de 2015. Una cifra que, faltando tres meses para que culmine el año, ya supera la total de 2014 (282) y, con mucho, la de hace dos años, de 182 casos, señala Oscar Misle, director de esta ONG dedicada al tema de la educación.

Este es el único número oficioso (que no oficial) nacional, sobre el problema de los hurtos a los colegios y la incidencia que tiene en las comunidades que en ellas hacen vida. Un número que la viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio de Educación, Soraya El Achkar, no reconoce, porque, señala, “el sistema de reporte es muy débil. En ocasiones, lo que primeramente se cataloga como un hurto, resulta ser que en un fin de semana, alguien se llevó lo que es susceptible de ser hurtado se lo lleva algún representante a su casa y lo devuelve días después”.

Las escuelas, señala Leonardo Carvajal, de la Asamblea de Educación, “están inmersas en el mismo problema de inseguridad de las comunidades en las que se encuentran”. Primero, eran lugares apetecidos por el hampa por los equipos electrónicos que en ellos hay (computadoras “canaimitas”, computadoras de escritorio, fotocopiadoras, impresoras, televisores); luego, y además, por los electrodomésticos de los comedores escolares (cocinas, batidoras, neveras y sus motores) y ahora, incluso, por la comida que en los planteles está almacenada.

Mirando el fenómeno a nivel micro, Miranda ha registrado al menos 102 incursiones en los planteles que administra. Esto representa, señaló Juan Maragall, director de Educación Miranda, que prácticamente uno de cada seis planteles (la infraestructura del estado alcanza las 582 escuelas) ha sido víctima del hampa.

Como tendencias más recientes, señala este funcionario, se encuentran el robo de partes y acometidas eléctricas (que tiene un gran impacto en la operatividad de las escuelas) y el de comida, una modalidad en ascenso en cuya ocurrencia también concuerdan Misle y José Betancourt, coordinador del servicio de Policía Comunal de Polimiranda; Betancourt dirige un programa de relaciones entre la policía regional, la comunidad, y los docentes y estudiantes de las escuelas y liceos administrados por la entidad.

Por supuesto, la incidencia de estos eventos es mayor en las zonas populares, pero no exclusiva de éstas, como señala Maragall, quien puntualiza que en el estado en el que es director de Educación, y como ejemplo, 24 de los hurtos registrados en colegios ocurrieron en Altos Mirandinos; 34 en el Tuy; 19 en Barlovento; 14 en Plaza-Zamora; y 11 en la región metropolitana que corresponde a esta entidad.

La punta del iceberg

Pero, concuerdan tanto Misle como Carvajal y Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, el hurto en los planteles es apenas uno, por no decir el menor, de los males relativos a la delincuencia que encara el sector educación; y el problema más grave, y adicionalmente en ascenso, es el de la violencia en las instituciones educativas, tanto dentro de las mismas como en sus alrededores.

Según un estudio que hizo la FVM en julio y que abarcó a 1.064 estudiantes de todo el país, de primero a tercer año de bachillerato, 95% de los jóvenes encuestados afirmaron ver hechos de violencia a diario dentro de sus planteles (57% todos los días, 23% al menos una vez a la semana); y hasta 41% de ellos han visto armas (de fuego o blancas) en sus centros de estudio. Un 77% del alumnado conoce de robos dentro o en los alrededores de las instituciones.

Hace quince meses, un adolescente de 15 años fue asesinado por un compañero de estudios en el Colegio Iberoamericano de El Junquito; y antes que eso, en 2013, una joven fue baleada mortalmente en el patio del liceo Andrés Bello, de La Candelaria, Caracas. Dos hechos de sangre que, afortunadamente, no han vuelto a ocurrir; Misle afirma que en la mayoría de los colegios hay una categorización de la violencia que pasa del acoso, o bullying, a las agresiones, y a hechos que, en ocasiones, señala Betancourt, ameritan la apertura de un proceso penal, a través de las Fiscalías especiales del Niño y el Adolescente, lo que ocurre en una proporción de uno de cada diez o quince casos en los que su organismo participa. “Normalmente actuamos antes de que llegue a ese nivel”, señala.

Agrega el funcionario policial que en este involucramiento de las comunidades con la seguridad en los planteles se han encontrado con el problema de que el rol de la familia se ha modificado, y que “el respeto hacia la figura del docente se ha perdido”.

Un cambio en cinco pasos

Por su parte, El Achkar despacha desde el Andrés Bello, justamente, luego de haberlo hecho durante nueve meses en otro plantel emblemático: el Fermín Toro, de El Silencio, Caracas.

Lo hace como campo de pruebas del programa “Escuelas Territorios de Paz”, que comenzó a aplicarse hace cerca de dos años, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, y que, señala, ahora se encuentra en un proceso de revisión, tras haber entrado en fase operativa, en los 20 mil planteles que tiene el Ministerio de Educación en el país, hace dos meses, luego de la finalización de la Consulta Nacional de Calidad Educativa, a fines de 2014. También, señala El Achkar, se está dictando un curso a directores de los liceos del país, y señala que los resultados preliminares del programa han mostrado una reducción de los hurtos (y de la violencia en los planteles en general) en unos 1.800 liceos en los que han realizado evaluaciones.

Por supuesto, el programa, que aplica recomendaciones de la Unesco, arranca del reconocimiento de que existe la violencia en los planteles, aunque la viceministra de Educación señala que no puede avalar las estadísticas de la encuesta de la FVM; “tendría que observar la encuesta y la metodología de la misma”.

La primera “escuela territorio de paz” será declarada en los próximos meses en Yaracuy, luego de haber cumplido los cinco aspectos del programa: El primero de ellos tiene que ver con la organización del plantel, concentrando los horarios para beneficio de los estudiantes, y evitando las horas muertas; organizando, también, los consejos educativos, consejos docentes y a las comunidades circundantes; aplicando la toma colegiada de decisiones en general, y muy particularmente, la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de sanciones y las normas. “Con esto se busca retomar la gobernabilidad, la gobernanza, de los planteles”, indica la viceministra de Comunidades Educativas.

El segundo aspecto del programa es el pedagógico; “la escuela será un territorio de paz si es interesante, si es amorosa y si da ejemplo”; agrega la funcionaria que “en esto juegan un rol fundamental los profesores, que son los primeros que tienen que dar el ejemplo y lograr que lo que se da en los liceos sea interesante y útil”; la tercera dimensión es la relativa a aumentar el tiempo que los jóvenes permanecen en los planteles, incrementando las actividades en cultura, deporte y tecnología; se están aplicando programas de teatro, como el “César Rengifo”, y el de “la Orquesta va a la escuela”, además de tres sesiones de Educación Física por cada plantel, así como la ampliación del Programa de Alimentación Escolar.

La cuarta estrategia del programa tiene que ver con la llamada “poligonal del plantel” involucra a la comunidad de la zona donde este está ubicado, y busca “ocupar los espacios” del plantel, durante los fines de semana y noches, con actividades culturales y deportivas.

“El objetivo es lograr declarar a cada escuela pública como patrimonio comunitario, aprovechar la infraestructura para que la comunidad haga allí sus actividades”. Y la quinta, tiene que ver con la relación con los cuerpos de seguridad, pues “las escuelas suelen ser acechadas por el microtráfico de drogas, tiene que haber alianzas con el sistema de justicia, tanto de inteligencia como, si no hay más remedio, de represión”, indica El Achkar.

Trabajo conjunto

La funcionaria indicó no tener conocimiento de la denuncia realizada por Maragall, quien señaló que las “zonas de paz” en el Tuy y Barlovento, y especialmente en esta última región, han devenido en problemas para las escuelas, pues en la zona de Cumbo, Los Hernández y El Colorado, municipio Acevedo, 20 docentes han pedido su traslado a otras regiones por haber sido amenazados por delincuentes.

El Achkar señaló que si eso es así, invita a Maragall a que se comunique con ella para que formule la denuncia: “El ministerio está dispuesto a trabajar con todos para lograr que los muchachos estén bien”. Todo esto que se hace es por el bienestar de los muchachos (…) yo invito a todo el país a acercarse al ministerio para que vayamos resolviendo los problemas”.

 

Con Información de: El Universal Pedro Garcia Otero