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¿Maduro comprometido legalmente por su relación con Odebrecht?
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Su candidatura electoral recibió fondos de esa empresa. Es 1 de los 8 mandatarios regionales mencionados por esto. No hay normas efectivas

 

Por: Carlos Subero
La fiscal destituida por la Constituyente, Luisa Ortega, afirmó que tenía informaciones acerca de la relación entre el presidente Nicolás Maduro y la empresa Odebrecht. El 30 de julio, el periodista Joseph Poliszuk, de la página Armando.info publicó afirmaciones del director ejecutivo de esa empresa en Caracas, que coinciden y dan detalles de lo que señala la ex fiscal.

Euzenando Azevedo, quien se desempeñó como director de la empresa en Caracas, prestó el 15 de diciembre de 2016 declaración como “delación premiada” ante las autoridades brasileñas, y allí precisó que Odebrecht le dio $ 35 millones al candidato Nicolás Maduro para su campaña de 2013, según Armando.info.

Ya hay un precedente regional con la contienda política de 2014 del presidente Juan Manuel Santos, en Colombia, donde en esa campaña electoral presidencial, Odebrecht también financió al adversario de Santos, Oscar Iván Zuluaga. Es Venezuela otro caso más donde esta empresa interviene en una campaña electoral latinoamericana, con la particularidad de que Azevedo dijo que el mismo año 2013, la empresa dio $ 15 millones al gobernador Henrique Capriles, candidato de la oposición.

Están investigados además los ex presidentes de Perú, Alejandro Toledo y Ollanta Humala; Ricardo Martinelli, de Panamá, Mauricio Funes, de El Salvador, Luis Inacio Lula, y Michel Temer, de Brasil, e indirectamente, Mauricio Macri, a través de uno de sus colaboradores. La generalidad es que la empresa financiaba con el fin de mantener los contratos suscritos, asegurar los pagos o para nuevos contratos.

El punto es qué pasa con las leyes venezolanas sobre los aportes a las campañas electorales. ¿Qué ha ocurrido en el pasado? ¿Hay controles vigentes? ¿Puede estar comprometido jurídicamente el candidato que reciba o no declare la recepción de esos fondos?

El caso de Hugo Chávez y el BBVA
En junio de 2002, explotó en España el escándalo de unas cuentas secretas del banco BBVA. Su presidente entonces, Emilio Ybarra, rindió cuentas-ante el juez Baltasar Garzón- de quienes recibieron fondos de esas cuentas… y allí apareció que las campañas del chavismo de 1998 (presidencial) y del MVR en 1999 recibieron un total de $ 2 millones.

El asunto fue que esos fondos no habían sido declarados oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ingresos de esas campañas políticas. La ley entonces penaba esto con prisión de 1 a 2 años, tanto al que omitiera información como al que mintiera sobre el asunto.

Hugo Chávez o su representante, Luis Miquilena, estaban entonces en problemas. Y así lo determinó el CNE que públicamente ordenó verificar si habían sido declarados esos fondos  -que ingresaron desde el BBVA Caracas- en la rendición de cuentas de Chávez y del MVR.

Miquilena admitió, incluso, en una declaración al diario El Nacional, que había recibido esos fondos millonarios para las campañas chavistas.

No obstante tiempo después la Asamblea Nacional reformó la Ley electoral y eliminó el capítulo sobre las sanciones y penalidades a delitos electorales, de manera que cualquier irregularidad anterior o futura- quedó salvada.

Para esa eliminación, se argumentó que posteriormente se aprobaría una Ley especial sobre el particular cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

En Venezuela, ya no existe pena para quienes mientan sobre sus recursos de campaña electoral, con excepción de lo que esté relacionado con dineros provenientes de delitos, y expresamente sobre drogas, a través de Ley Antidrogas.

Otras normas neutralizadas en Venezuela
Sin embargo, ha habido sanciones judiciales, por parte de las actuales autoridades, para casos de fondos recibidos por algunos dirigentes políticos de oposición, como Richard Mardo o Juan Carlos Caldera, ambos de Primero Justicia. No se usó la ley electoral sino que se les aplicó otra ley distinta a la electoral.

Para el caso de Maduro, el ex jefe de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Azevedo, afirmó en su declaración –según Armando.info- que las operaciones se realizaron en 2013 a través de un funcionario de nombre Américo Mata y empresas off shore que éste determinó.

Para el caso de Capriles, no se mencionó si habría habido mediador pero se informa que ya desde su campaña presidencial de 2012 contra Chávez, ya recibía fondos de Odebrecht.

Cabe destacar que hace meses, el presidente Maduro públicamente acusó a “un gobernador” de estar relacionado con Odebrecht. Al día siguiente Capriles, gobernador de Miranda, en rueda de prensa respondió que él no había firmado ningún contrato con esa empresa, que por el contrario sí lo había hecho su antecesor, Diosdado Cabello.

El artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, aún vigente, prohíbe usar fondos de origen extranjero para la propaganda electoral.

“Art. 75: No se permitirá la propaganda electoral que…

7…. Sea fnanciada con fondos de origen extranjero”

. Destacan dos puntos: la norma no prohíbe usar ese tipo de recursos en la campaña, solo en propaganda electoral. Además, esa prohibición, adolece de penalidad, a la espera de la prometida ley especial sobre el asunto.

De tal manera, hoy no existen fórmulas vigentes que se hayan demostrado efectivas y que sancionen alguna irregularidad en el financiamiento de una campaña electoral.

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