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Marquina advierte a inversionistas sobre “licencia para delinquir” del TSJ
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El diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, advirtió a los inversionistas nacionales y extranjeros que “cualquier política de endeudamiento tiene necesariamente la obligación de ser autorizada” por el Legislativo Nacional, ya que de lo contrario “tendrá que ser desconocido en un futuro por este Parlamento y por cualquier próximo gobierno.

Caracas.- Los inversionistas nacionales y extranjeros deben manejar que cualquier acuerdo crediticio de interés nacional que alcancen con el Estado venezolano tiene obligatoriamente que contar con el visto bueno del Parlamento venezolano para que tenga calidad de constitucional y en consecuencia sea legal. Así lo advirtió el diputado y presidente de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Alfonso Marquina.

“Cualquier política de endeudamiento tiene necesariamente la obligación de ser autorizada”, declaró a la prensa antes de incorporarse al debate parlamentario, en sesión ordinaria, previsto para este día. Aseguró que de lo contrario “cualquier banco o institución financiera tendría que responderle a sus inversionistas la razón por la cual contrata sin cumplir con los extremos legales y constitucionales en Venezuela”.

De hecho, el legislador calificó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como “inconstitucional”, tras la decisión de este miércoles en la que autorizó al Banco Central de Venezuela (BCV) a suscribir préstamos con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), sin necesidad de contar con la aprobación de la AN, controlada por la oposición.

La ponencia es de la misma presidenta de la Sala Constitucional y del TSJ, Gladys Gutiérrez.

Explicó Marquina que el artículo 150 de la Constitución Nacional establece que “todo contrato de interés nacional requiere de la aprobación de la AN. Por lo tanto, cualquier contrato, sea de endeudamiento, de reestructuración de la deuda que emita la República de Venezuela necesita por mandato constitucional el visto bueno o la autorización de esta Asamblea Nacional”.

“Esta licencia para delinquir que le da la Sala Constitucional al Gobierno no puede ser utilizado por los inversionistas nacionales o extranjeros”, remarcó.
“Si el Gobierno pretende con esta decisión inconstitucional violentar el ordenamiento jurídico venezolano nosotros estamos obligados a advertir a los inversionistas nacionales o extranjeros ninguna política de crédito público, de acuerdo al artículo 312 de la Constitución, que no esté autorizado por la Ley, y quienes legislamos somos la Asamblea Nacional, tiene la obligación de ser autorizado”.
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Ante tal decisión, el parlamentario instó a la Sala Constitucional a respetar la Constitución, al Gobierno Nacional que actúe de acuerdo al mandato constitucional y a los inversionistas nacionales y extranjeros que exijan el cumplimiento de la carta magna “para que puedan entrar en cualquier operación de crédito público o endeudamiento con la República de Venezuela”.

Les advirtió que “cualquier acto que viole la constitución es nulo. Por lo tanto, una política de endeudamiento en estas condiciones tendrá que ser desconocida en un futuro por este Parlamento y por cualquier gobierno que tenga Venezuela”.

Yamileth Angarita/El Universal