Nacional
Ortega Díaz: Abogados en libre ejercicio podrán optar al cargo de fiscal
Nacional

Los abogados que en la actualidad se desempeñan como fiscales del Ministerio Público no seguirán teniendo la prioridad en el proceso para adjudicar esos cargos de manera definitiva, pues en el próximo concurso de oposición que el organismo tiene previsto celebrar en septiembre podrán participar abogados en libre ejercicio.

El anuncio lo hizo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, instantes antes de encabezar el IV concurso de oposición, celebrado esta mañana en la sede de la Escuela Nacional de Fiscales y donde afirmó: “A partir de ahora, en el próximo concurso, que se va a iniciar este mismo año vamos a incorporar a los abogados en el libre ejercicio. Esto como una forma de motivar a nuestros fiscales y abogados para que participen en estos concursos”, pues “en este último concurso abrimos 14 cargos y fueron muy pocos los fiscales y abogados que se inscribieron lo que nos está motivando, para incentivarlos, a llamar a los abogados en libre ejercicio a que se inscriban al programa de formación (que dicta la Escuela) y luego participen en los concursos”.

Consultada sobre cuántos fiscales han salido de la provisionalidad desde que inició este proceso en 2012, la funcionaria admitió que apenas son cinco, hasta ayer, pero atribuyó esto a lo riguroso del proceso.

“Solamente el concurso constituye una seguridad para la justicia, porque a través del concurso, que es una prueba escrita y una prueba oral (…) uno verifica el conocimiento, la preparación, la argumentación jurídica y esto nos permite fortalecer el trabajo del Ministerio Público y además la selección es muy estricta, porque queremos que quienes estén investigando sean personas no solo con ética, honestidad y alta moral sino también con conocimientos en las áreas del derecho penal sustantivo y adjetivo”, dijo, al tiempo que indicó que en el próximo proceso espera adjudicar 30 despachos fiscales de Caracas, Aragua y Yaracuy.

Este concurso se celebra una semana después de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe, diera a ese organismo y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un año para “corregir” la situación de provisionalidad en la que se encuentran la inmensa mayoría de los jueces y fiscales venezolanos como requisito indispensable para “asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias”.

“Darle estabilidad a los fiscales implica darle seguridad e incluso credibilidad al sistema de justicia penal”, dijo, al tiempo que admitió que espera que estas medidas permitan mejorar la evaluación de la justicia venezolana en instancias internacionales, en especial porque el año que viene Venezuela se someterá a su segundo Examen Periódico Universal de Derechos Humanos y en el primero fue muy cuestionada por le hecho de que la mayoría de los funcionarios judiciales pudieran ser removidos de sus cargos por sus superiores jerárquicos en cualquier momento y sin ningún tipo de procedimiento previo.

La actuación del Ministerio Público en este particular contrasta con la inacción del TSJ, el cual desde 2006 no celebra un solo concurso para nombrar jueces ni para promoverlos. Situación que ha hecho que hoy el 66% de los más de dos mil jueces sean provisorios.

 

FUENTE: JUAN FRANCISCO ALONSO en EL NACIONAL