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Piden a Maduro no utilizar Habilitante con fines distintos a los previstos
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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), le exigió al gobierno abstenerse de usar la Ley Habilitante con fines distintos a los que obligaron su petición ante el parlamento.

Al CDH-UCAB le preocupa que el gobierno legisle en materia de preservación y garantía de los derechos humanos, pues tales ámbitos son de reserva legal, y solo pueden ser normados por el órgano legislativo.

Llama al gobierno venezolano a “no utilizar estos poderes especiales para profundizar una tendencia militarista que, con el justificativo del enemigo externo, pueda extenderse a la lógica del enemigo interno, propia de las doctrinas de seguridad nacional”.

Orden ejecutiva de EEUU

Por otro lado, se mostró en desacuerdo con la orden ejecutiva dictada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que permite establecer sanciones a funcionarios involucrados en violación de derechos humanos, por considerar que a las personas sancionadas se les vulnera el derecho a la defensa.

“No establece (la orden ejecutiva) los mecanismos de control jurisdiccional sobre estas decisiones (sanciones), lo cual podría constituir una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, que podría agravarse por el hecho de que la persona afectada estaría simultáneamente impedida de conocer personalmente de los cargos en su contra, toda vez que está imposibilitada de ingresar al territorio donde se produce la decisión”, dice el comunicado.

Por tal motivo, el CDH-UCAB instó al Congreso de los EEUU, “para que realice todos los esfuerzos necesarios con el objeto de incorporar a ese país al concierto de la comunidad regional e internacional de los derechos humanos, mediante la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los Pactos y Convenciones del sistema de protección de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que brindan espacios naturales e idóneos para ventilar los temas de derechos humanos”.

“Resulta difícil entender por qué, si las sanciones son contra personas y no contra el país, se invoca la amenaza del país como supuesto para su ejecución contra personas. Se trata, al igual que la ley habilitante, de una medida de carácter general con efectos particulares. No es de extrañar, sin que ello signifique justificación, que la respuesta a la Orden Ejecutiva haya sido la solicitud de una ley habilitante por parte del jefe de Estado venezolano”, agregó el comunicado.

 

Fuente: EL UNIVERSAL