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Pulso jurídico en Venezuela
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Revocatoria presidencial vs. Disolución de Asamblea
·       Un país polarizado y el inevitable choque de trenes
EN  su momento el gobierno de Hugo Chávez se ocupó de montar un andamiaje normativo que le permitiese copar el estamento judicial para ponerlo a su servicio. Desde el instante en que perdió el referendo reeleccionista no quería tener sorpresas por fallos de los jueces. Incluso aprovechó centros universitarios afines para formar juristas militantes de su causa y poco a poco esos abogados fueron designados como jueces y magistrados que respondían y responden a los dictados del chavismo y no al de las leyes y la propia Constitución. Chávez consiguió así fomentar una doctrina jurídica a favor de su arbitrariedad, teniendo en el Tribunal Supremo de Justicia a su máximo representante. Ese gobernante como tampoco su sucesor, Nicolás Maduro, vacilaron a la hora de nombrar a dedo a los miembros de dicho Tribunal, aunque la Carta venezolana establece que esos cargos los debía escoger la Asamblea de Diputados, para evitar que el sistema judicial se convierta en herramienta del Ejecutivo, en desmedro de la separación de poderes.

Lo cierto es que las maniobras chavistas le han permitido tener un Tribunal Supremo de Justicia de bolsillo que no solo desvirtúa el papel de la justicia, sino que pone a los jueces a cumplir las órdenes y demandas del gobierno. Así esa instancia judicial se tornó en un elemento clave para combatir jurídicamente la oposición y mantener sistemáticamente en prisión a sus líderes.  De esta forma el juez constitucional deriva en Venezuela en un mandadero oficial, que aprieta las tuercas contra los contradictores cada vez que es requerido por el gobierno o las causas de este son demandadas, en tanto desatiende el clamor nacional por una justicia transparente y despolitizada.

Lo cierto es que desde el momento que la coalición antichavista ganó las elecciones legislativas en diciembre pasado, el Tribunal ha estado en contra de la Asamblea General. Incluso se recuerda que mientras se posesionaban los legisladores, el gobierno nombró a dedo trece  magistrados, los mismos que, en bloque, no sólo suelen declarar inexequibles las leyes que aprueba el Legislativo, sino que invaden su iniciativa normativa. Nadie sabe a ciencia cierta la razón por la cual la Asamblea, cuando empezó a actuar, no retomó su papel de nombrar a los magistrados, salvo que acaso sospechara la oposición que de hacerlo sería defenestrado el Legislativo por el régimen. Sea cual sea el motivo, al no actuar a tiempo la Asamblea tácitamente reconoció al Tribunal, que se convirtió en su más férreo contrapeso, al unísono con el Palacio de Miraflores. La Asamblea quedó en una tenaza institucional, a lo que se suma que en las calles están las milicias que atacan a los legisladores de la oposición, y la Guardia Nacional, que debería protegerlos, pero por el contrario también los agrede o permite que las turbas chavistas lo hagan.

Fue ese Tribunal Supremo el que, de entrada, dejó sin piso la elección de varios diputados que le daban una más amplia mayoría a la oposición en la Asamblea. También fue ese Tribunal el que ha tumbó las pocas leyes aprobadas en los últimos meses, como la que liberaba a los presos políticos. Igualmente esa instancia judicial ha impedido que los diputados puedan juzgar sonados casos de corrupción que involucran altos funcionarios del gobierno. Asimismo le redujo poderes y facultades como la de citar a los ministros y altos cargos para que rindan cuentas, tal como lo señala la Constitución en diversos parágrafos.
En medio de ese cuello de botella tan arbitrario como anticonstitucional, la Asamblea ha sumado victorias morales, pero el gobierno afinca un régimen de fuerza en donde impera la voluntad del Ejecutivo.
Por eso, tras el accidentado y valiente proceso del antichavismo para impulsar el referendo revocatorio de Maduro, que el régimen ha tratado de bloquear por todos los medios posibles, ahora las fuerzas gobiernistas responden con demandas que buscan abolir la Asamblea y que el Tribunal Supremo la destituya y dé paso a un régimen totalitario.

¿Progresará este intento del chavismo por cercenar a todo un poder público? La oposición considera que en un país en donde prevalezca la institucionalidad un intento delirante como éste no tiene el menor futuro, pero en Venezuela, con las jurisdicciones constitucional y electoral cooptadas por el Ejecutivo, todo puede pasar.
De esta forma el revocatorio contra Maduro avanza lentamente pero también lo hace el intento por derrocar la Asamblea. Un choque de trenes institucional que apunta a hundir más a Venezuela en el abismo del estado fallido.

Original en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2016-pulso-jur%C3%ADdico-en-venezuela.html#.V3gHaQVtFrg.twitter