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Sociedad civil solicita inicio de antejuicio de mérito contra magistrados de la Sala Constitucional
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La decisión del máximo tribunal que prohibe las manifestaciones públicas viola la Constitución por lo que el Consejo Moral Republicano debe actuar, en opinión de Enrique Ochoa Antich

Enrique Ochoa Antich, integrante del Foro Cambio Democrático (FCD), solicitó a la Fiscal Luisa Ortega Díaz que considere solicitar al Consejo Moral Republicano calificar de falta grave la sentencia emitida por los magistrados de la Sala Constitucional que prohíbe la convocatoria y realización de manifestaciones.

“Solicitamos a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, en su condición de directora y responsable del Ministerio Público, que considere solicitar al Consejo Moral Republicano la calificación de falta grave cometida por los magistrados que integran la Sala Constitucional el amparo cautelar dictado en la sentencia número 948″, explicó Ochoa Antich, acompañado de Renato Berbieri y Domingo Palacios, de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta; Carlos Julio Rojas, de la Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria; de Rafael Curvelo, directivo del FCD; Luis Salazar, del Comité de Usuarios del Transporte; y con la adhesión de organizaciones como la FCU/UCV, Colegio de Enfermería de Caracas, Expresión Libre, Grupo La Colina, y muchas otras en Aragua, Zulia, Nueva Esparta y otros estados.

En la referida sentencia los magistrados integrantes de la Sala Constitucional pretenden “prohibir, no sólo a los diputados sino a todos los ciudadanos de la República, la convocatoria y realización de manifestaciones y actos de protesta contra las actuales autoridades de los Poderes Públicos”.

Domingo Palacios, directivo de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, considera además que la decisión fue redactada con un lenguaje “laxo” el cual deja a la interpretación “de funcionarios civiles y militares, en ejercicio de funciones administrativas y de seguridad, qué constituye alterar el orden público contra los poderes públicos”.

Palacios señaló que cualquier manifestación que convoca el Partido Socialista Unido de Venezuela constituye una alteración del orden público. “¿Esto significa entonces que la Sala Constitucional pretende prohibir simple y llanamente el derecho constitucional a la manifestación pacífica? Creemos que sí. Tanto a los diputados como a los millones de compatriotas que todos los días manifiestan y protestan en demanda de comida, medicinas, servicios públicos, e inseguridad”.

Recuerda que la Constitución consagra en su artículo 68 que: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”, por lo que ninguna decisión del TSJ puede violar lo establecido en la Carta Magna.

Es por ello que le hacen el llamado a la Fiscal General para que convoque al Consejo Moral Republicano -integrado también por el Defensor del Pueblo y el Contralor General- para que califique como falta grave de estos magistrados la referida sentencia y se proceda, tal como lo establece la Constitución, a su antejuicio de mérito y a su remoción.

Esta petición también es suscrita, además del FCD y la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, por Expresión Libre, Grupo La Colina, FCU/UCV, Colegio de Enfermería de Caracas, ProCatia, Frente por la Defensa del Norte de Caracas, Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, Fundación por la Defensa de Antímano, Aragua Sin Miedo, Aragua en Red, Región Insular Nueva Esparta Presente y Futuro, Parlamento Educativo, Comité de Defensa de Usuarios del Transporte, entre otras.

Elaborado con información de Nota de Prensa./El Nacional